Seis fracciones legislativas y dos curules independientes suscriben petitorias para investigar a la defensora Catalina Crespo en actividades políticas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como la Procuraduría de la República (PGR).
Los diputados firmantes son ocho: María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Franggi Nicolás de Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana (PAC); Otto Roberto Vargas (Republicano Socialcristiano); José María Villalta (Frente Amplio) y los independientes Zoila Volio y Erick Rodríguez.
Los legisladores respaldan una denuncia emitida por el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (SIDEF) que incluye publicaciones y fotografías en redes sociales de grupos cantonales del PUSC y una imagen promocional de la defensora, anunciando un “desayuno-conversatorio” en el Hotel Villa Tournon. Las fechas de estos eventos son de diciembre del 2018 y enero del 2019.
El SIDEF argumenta que estas actividades contravienen la Ley de creación de la Defensoría de los Habitantes y una prohibición expresa de los funcionarios de la institución a participar “en actividades político- partidista”.
“Se denuncian actos y hechos de la señora Catalina Crespo, actual defensora de los Habitantes, que no son acordes con un actuar responsable de un verdadero defensor de los Habitantes. Ante esto hemos solicitado a la Procuraduría de la Ética Pública que se investiguen estos supuestos hechos de beligerancia política en los que puede haber incurrido la señora Crespo”, explicó la diputada socialcristiana María Vita Monge, en audio de voz.
A finales de junio, Monge junto con otros ocho diputados (varios aparecen ahora en las cartas) pidieron que la Asamblea Legislativa investigara a la Defensora y se determinara desde este órgano la destitución de la funcionaria.
El grupo de funcionarios suscribió cartas dirigidas al magistrado presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado; y al procurador General, José Armando López.
Ambas misivas piden a cada órgano que “actúe de inmediato y proceda a investigar los hechos denunciados, confirme o descarte la probabilidad (de) que señora Defensora se haya apartado de principios éticos que rigen el interés general, y determine si los hechos atribuidos constituyen una falta grave de la servidora”.
Puede leer el oficio del SIDEF, a continuación:
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