Ginger Picado se ha dedicado durante años a vender diversos productos, como anillos y carteras, tiene sus clientes y una cadena de suministros que le ha permitido sacar adelante a su familia; incluso ha innovado en la venta a través de páginas de Facebook. Vive con sus dos hijos y cinco familiares más, y entre todos hacen malabares por cubrir los gastos.
Ella debe arriesgarse cada vez que le encargan algún producto, porque debe entregarlos personalmente a su comprador, la gente ya no quiere salir y piden que las entregas sean en sus casas.
“Con mi página venía vendiendo bien, tenía bastantes pedidos, pero ahora la gente me pide que les lleve la mercadería, yo me protejo muy bien con mascarilla, guantes y alcohol; prefiero caminar para no contagiarme, pero tengo dos semanas de no trabajar”, contó a UNIVERSIDAD.
En su caso logró obtener el Bono Proteger, con eso ayuda a pagar la luz, el agua, casa y algo de comida; pero no sabe qué sucederá cuando deje de recibir la ayuda estatal, tomando en cuenta que los negocios están cerrados. No tiene posibilidades de adquirir los productos de sus proveedores.
Toda esta situación le ha generado una enorme preocupación y estrés; su vida está enmarcada en la incertidumbre, no sabe cómo hará la próxima semana y la que sigue.
La exsuegra de Ginger se llama Marlene Chávez, es una mujer de 66 años y tenía 12 de vender café y algunos alimentos en una clínica de salud. Sin embargo, en estos momentos no es posible hacer este tipo de ventas.
Después innovaron en la venta de panes, enyucados y empanadas de puerta en puerta, pero al aumentar tanto los casos de COVID-19 la gente no quiere comprar. Ya llevan dos semanas sin salir a vender.
“A mi suegra no le iban a dar el Bono Proteger porque tiene una pequeña pensión, pero ese dinero no le alcanza para todo, hay que ser realistas. Mi sobrino se quedó sin trabajo al iniciar la pandemia, mi hijo tiene una discapacidad y cuidaba carros, pero ahora no se puede exponer porque el virus está ahí”, contó Picado.
Así como esta familia vive una difícil situación por ubicarse en la informalidad, en toda la región centroamericana antes de que el COVID-19 se instaurara en sus territorios, ya existían fuertes indicadores de trabajo informal, donde la seguridad social y las garantías laborales eran inexistentes; pero la necesidad de llevar comida al hogar se ha visto aún más limitada por la pandemia, agudizando la pobreza y desigualdad.
Una fórmula de exclusión
Para entender cómo funcionan las economías centroamericanas hay que empezar por comprender sus características. Son poco sofisticadas, con un enorme peso de las actividades ubicadas en el sector primario de servicios y comercio, áreas que aglomeran la mayor cantidad del empleo informal.
De acuerdo con Alberto Mora, director del programa Estado de la Región estas características de las economías centroamericanas delimitan los mercados laborales, pero también hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los países la población económicamente activa (PEA) es joven y con bajos niveles educativos.
Excepto Costa Rica y Panamá, el 50% de la PEA es menor de 35 años, las mujeres tienen una baja participación en los mercados laborales formales, debido a que las responsabilidades del hogar y el cuido reposan en sus espaldas, sin ningún reconocimiento económico.
“Nuestra fuerza de trabajo en el istmo tiene bajo nivel educativo, entre el 43% y el 56% tiene 6 años o menos de educación, eso implica la primaria completa o menos; claro que los índices varían según cada país porque en Costa Rica y Panamá oscila entre el 20% y 35%. El asunto es que con poca educación y en actividades relacionadas al subempleo, para los centroamericanos estar desempleado es un lujo que no pueden permitirse, por eso se desvían al trabajo informal”, analizó Mora.
Son características estructurales que no se refieren a la pandemia pero que ayudan a entender cómo el COVID-19 ha venido a agudizar las condiciones en las que una gran parte de la población vive. Se trata de personas que no pueden quedarse en casa porque ponen en riesgo sus necesidades más elementales y las de sus familias.
Además, es muy probable que no puedan cumplir las medidas sanitarias, como el distanciamiento social y mucho menos optar por el teletrabajo, configurando un escenario que va en detrimento de sus condiciones de salud.
Pero no solo se trata de un empleo informal que ya estaba presente, sino que con la gran pérdida de empleo que están experimentando los países de la región es de esperar que los índices de informalidad se disparen aún más.
Asimismo, en la región la informalidad laboral tiene rostros distintos en cada país; de esta forma, en países como Guatemala, El Salvador y Honduras los rasgos de miseria del empleo informal son impactantes, donde no salir a trabajar un día significa no comer para muchísimas personas.
Por ejemplo, los grupos indígenas casi en su totalidad subsisten con opciones informales. Mientras que en Costa Rica el cambio productivo ha incidido en tener un mayor peso del sector exportador, la industria de alta tecnología, además de un sistema de bienestar social que compensa en algunos nichos poblaciones. Muchos de los que trabajan en el sector informal, pueden ser profesionales que están sacando adelante sus emprendimientos.
Pero lo cierto es que la pandemia dejó un común denominador, la profundización del desempleo y la expulsión de miles de trabajadores al sector informal.
Informalidad versus mayor riesgo de contagio
Carmen Moreno, directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, explicó que en la región las personas trabajadoras en la economía informal no solo carecen de protección básica en salud, sino que en caso de infectarse carecen de sustitución de sus ingresos.
“Muchos trabajadores del sector informal están muy expuestos a la infección del virus y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, vendedores ambulantes, obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y domésticos. Sin bien no contamos con estimaciones de cómo la informalidad incide en el incremento de casos por COVID-19, definitivamente es una condición que expone a mayores riesgos sanitarios”, señaló Moreno.
La directora regional de OIT recordó que las caídas generalizadas en el empleo han sido mucho más abruptas entre los trabajadores informales, por lo que no es extraño conjeturar que también se está produciendo una muy importante contracción de la masa salarial que generan estos puestos.
“A inicios de mayo de 2020, la OIT ya había estimado que la crisis estaba dando lugar a una pérdida del 80% de los ingresos de los trabajadores informales, superior al 60% estimado a nivel mundial. Ello claramente redundará en aumentos importantes en las tasas de pobreza tanto entre los trabajadores como en los hogares, considerando que los ingresos del trabajo son la principal fuente de recursos monetarios de las familias”.
Costa Rica cada vez más desigual
Adriana Cordero es productora cinematográfica y desde su perspectiva la economía costarricense ha venido precarizando con mayor agudeza a varios sectores, uno de ellos el cultural, en el cual se incentiva la flexibilización laboral, sometimiento a la informalidad con la promesa de que tendrán mayores beneficios, pero a la hora de llegada no es así.
Previo a la pandemia estaba dando un curso en una universidad y la llamaron para hacer un par de proyectos culturales, los cuales quedaron suspendidos, aunque la producción sigue trabajando, sin generar aún ingresos.
“Los primeros 15 días de la pandemia fui al supermercado y me armé de lo que ocupaba en casa; al mes y medio de estar en la casa un día me desperté y me pregunté qué sabía hacer que me permitiera complementar y sostenerme monetaria y emocionalmente. Se me ocurrió hacer chimichurri, lo puse en Facebook y la primera semana tuve que hacer 28 frascos, cuatro días cocinando de 8 de la mañana a 2 de la madrugada”, detalló.
Las semanas han pasado y la demanda de su producto se ha diversificado, tiene clientes fijos y otros nuevos; además está recibiendo propuestas interesantes para ampliarse un poco más.
Pero siempre, cuando tiene que salir al supermercado a comprar los insumos para hacer su producto, está el temor a contagiarse, de enfrentarse a personas que no quieren guardar la distancia y se burlan cuando se les pide que esperen su turno.
“No veo a mi familia ni amigos, salgo a repartir los chimichurris con muchas precauciones, igual que cuando los produzco, uso guantes, gorra, mascarilla, cubrebocas. Pero también está el elemento emocional, una pasa de ser la productora general del Festival Internacional de Cine a ir de puerta por puerta a repartir el chimichurri; eso duele”, añadió.
Para Natalia Morales, investigadora del programa Estado de la Nación, muchos trabajadores informales en Costa Rica están en una situación similar, tiene una profesión u oficio, pero les ha costado conseguir trabajo formal, incluso trabajan por servicios profesionales, donde las empresas disfrazan que son asalariados y los mantienen con contratos temporales para no generar una relación laboral.
“Cuando entramos en la pandemia se estimaba el 47% de los costarricenses estaban ubicados en el sector informal. Según las cifras oficiales, las mujeres son más afectadas por la informalidad y hay una mayor presencia en las zonas urbanas, en el área agrícola y servicio doméstico remunerado”, detalló.
Morales señaló que, al aumentar el desempleo, en definitiva, se incrementa la informalidad, la gente se cansa de buscar y empieza a generar por su cuenta, y es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos.
Pese a esto, se mantienen fuertes medidas sanitarias que le impiden a muchos trabajar, tanto negocios formales como informales, la gente de diversos sectores ya clama por la apertura, pues la pandemia se ha convertido en una sentencia de hambre para muchos costarricenses.
Panameños ya no respetan restricción
En Panamá el 90% del parque empresarial corresponde a pequeñas y medianas empresas, agrupando a un 72% de la población ocupada y los trabajadores informales han crecido abismalmente con la llegada del COVID-19.
De acuerdo con Erubey Villarreal de la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT), muchas personas se han quedado sin su trabajo formal, producto de la suspensión de contratos. Esa es una población que ha optado por tirarse a la calle y buscar su comida de alguna forma.
“La pandemia está en ascenso, cada día tenemos en promedio hasta 950 casos y más de 20 fallecidos, producto de una pésima calidad de los servicios públicos de salud, hospitales colapsados donde el personal ni siquiera cuenta con los equipos de protección necesarios. Mientras tanto la gente ya no respeta las restricciones porque en la casa no les llega la ayuda necesaria”.
Antes de que el virus arribara a Panamá, la informalidad se ubicaba en el 44,9% y es probable que las cifras se eleven, porque la ayuda que el Gobierno ha ofrecido a las familias panameñas es insuficiente.
Con un aporte de $100 cada dos o tres meses para familias de más de 6 personas, los hogares no logran ni siquiera cubrir una canasta básica, que puede rondar los $350 y se han visto obligados a salir a vender cualquier tipo de producto, desde mascarillas, frutas y verduras hasta comidas.
El país canelero sumaba al 20 de julio un total de 53.468 casos confirmados de COVID-19 y 1.096 muertes, y el ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá anunció en mayo pasado que se había registrado la suspensión de unos 200.000 contratos, sin incluir despidos y suspensiones no registradas, y diversidad de economistas estiman que la cifra de informalidad podría dispararse al 50%.
Nicaragua: sin apoyo y con el virus a su lado
En Nicaragua el COVID-19 no ha sido atendido como en el resto de la región centroamericana, el Gobierno minimizó su efecto desde el principio y no fue hasta hace un mes que decidieron suspender lecciones en escuelas y colegios.
Mientras tanto, en el país donde el 70% de la población se desempeña en el sector informal, la gente se expone abiertamente al contagio y en la mayoría de los casos sin ninguna protección.
UNIVERSIDAD conversó con la poeta nicaragüense Verónica Rosil, quien contó cómo en su país la gente va de puerta en puerta vendiendo sus productos o instalan ventas informales de comida sin mascarillas, ni protocolos sanitarios.
Y es que en Nicaragua no hay ninguna medida de restricción, ni mandatos por parte del Gobierno Central que le exijan a los negocios ni a las personas que venden sus productos en la calle.
“Como aquí todo se oculta o se disfraza, la versión oficial es que hay muy pocos contagiados, y solamente reportan 80 fallecidos, pero nosotros sabemos que son muchos más. No se le exige a la población que use mascarillas, o que implemente el lavado de manos; mucho menos hay educación en esa materia”, manifestó Rosil.
No se han aplicado medidas que obliguen a la población a quedarse en sus casas en confinamiento; las empresas formales operan con normalidad, aunque en ellas sí hay mayores medidas sanitarias, pero la dinámica para los informales sigue siendo la misma, no hay conciencia de un posible contagio.
Según el medio Nicaragua Investiga, el sector informal está compuesto por unos 3,4 millones de nicaragüenses, personas que no tienen cobertura de protección social, ni prestaciones relacionadas con el empleo y en caso de salir contagiados tendrán que costearse su atención; pero sin trabajar no reciben ingresos.
Honduras: 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad
Oficialmente se contabilizan unas 33.835 personas con COVID-19 en Honduras, pero diversos sectores que sospechan que las cifras podrían estar rondando los 60.000; además hay 900 muertes confirmadas. Datos relevadores en una de las economías más desigual de América Latina y con mayores niveles de pobreza.
El sociólogo hondureño Eugenio Sosa recordó que no menos del 60% de la población se ubica en la pobreza y de esa cifra un 40% está en extrema pobreza. Este es un punto de partida que plantea la vida laboral y la generación de empleo en Honduras, donde siete de cada diez personas trabajan en la informalidad.
“Este punto de partida importa cuando hablamos de la llegada del COVID-19 y que afecta con mayor fuerza los polos urbanos, porque en la zona rural todavía hay estrategias de solidaridad y sobrevivencia menos dramáticas. Y el Gobierno con políticas neoliberales plantea salvar a la gran economía, a la formalizada, con ajuste en préstamos y tarjetas de crédito; pero la gente más pobre vive de a diario y no tienen esos beneficios”, explicó Sosa.
El Gobierno planteó una desescalada en cuatro fases, que se daría semanalmente, pero no tuvo éxito y el sector más pobre ejerció la desobediencia de dos formas, saliendo a la calle para tratar de vender y someterse a la policía, y otros grupos lo hicieron para protestar pidiendo comida.
Al inicio de la pandemia el Gobierno brindaba un saco de comida, pero con un Estado desfinanciado no hay capacidad de atender a todos los que necesitan y, por lo general, indicó Sosa, se entregan con un criterio político y clientelar.
En estos momentos quienes trabajan en el sector informal salen a vender frutas o comida en las calles, incluso quienes tenían su puesto en el mercado han tomado la decisión de instalarse en las aceras, otros ofrecen reparar zapatos y muchos otros han caído en la mendicidad, casa por casa.
El Salvador: no todos en el mismo barco
Suena trillado, pero esa frase de que “no todos estamos en el mismo barco” le calza a la perfección a El Salvador, donde el trabajo informal profundiza la crisis del COVID-19.
Quienes viven en este territorio centroamericano lo perciben con mucha claridad. Solo basta darse una vuelta por las calles del Occidente o del Oriente y se puede observar gente en las carreteras con banderas blancas en sus manos; y aunque no es seguro que todas esas personas estén en el sector informal, sí es cierto que están pasando hambre.
De acuerdo con Tony Peña, poeta y catedrático de la Universidad de El Salvador, a miles de salvadoreños les piden estar encerrados, pero la disyuntiva está ahí, quedarse en casa y morir del hambre o salir a vender y exponerse al virus.
“Definitivamente los más afectados con esta situación son los trabajadores informales, porque viven del día a día. Pasamos 90 días totalmente encerrados, pero hoy es una decisión individual, porque nada exige legalmente quedarse en casa; ahora la gente anda rebuscándose, vendiendo cualquier producto”, detalló Peña.
El transporte público sigue prohibido, por lo que las personas se ven obligadas a caminar o a trasladarse en pick ups repletos de gente para llegar a su destino. La necesidad se percibe en cualquier esquina y se palpa la pobreza, pues según expertos el trabajo informal en El Salvador es el que saca a flote la economía y al no poder trabajar se plantea un reto enorme.
Peña contó como los mercados formales están cerrados; las personas han establecido mercaditos móviles en cada cuadra, ahí venden verduras, frutas y lo que sea de primera necesidad. Las fases de desescalada no avanzan y la necesidad de la gente es creciente.
“El Gobierno les da una canasta de víveres para cuatro o cinco y con eso no viven; claro que la gente agradece la ayuda, pero con asistencialismo no se saca de la pobreza y la necesidad. Mientras tanto el Presidente sale inaugurando un hospital, que ya estaba construido, solo colocaron tablas y trasladaron las camas que eran de los hospitales públicos; los de la primera línea están desprotegidos, médicos, policías, soldados, anciano en asilos, niños en orfanatos y cárceles”, añadió Peña.
En Guatemala el problema está donde siempre
Bernardo Silva es el representante comercial y activista guatemalteco de una empresa distribuidora de piso cerámico, y a mediados de marzo cuando el gobierno indicó que todos los negocios debían cerrar se vieron en la dificultad de qué hacer con sus 21 empleados.
“Esto fue un shock para muchos, yo solo recuerdo haberme tirado al suelo de la casa y pensar ´de dónde sacaremos para pagar la planilla a 21 personas si no podemos trabajar’ fue una situación alarmante. No abrimos al día siguiente, tampoco después y empezamos a ver como otras empresas sí abrían, entonces el Gobierno cedió y estableció un formulario en Google para que la gente solicitara la autorización para trabajar”, dijo Silva.
Pero la venta de cerámica no tenía salida, y decidieron reconvertirse y empezar a vender limones, mandaron a comprar con un proveedor unos 23.000 limones a una finca y los vendieron en tres días.
Todos los empleados tuvieron que apuntarse a las ventas y a como podían porque se suspendió el transporte público, sumado al miedo psicológico que generaba el virus.
“Cada día los escenarios eran peores, pero logramos sacar una quincena a base de limones, luego innovamos con huevos, tomate, cebolla y otros productos; decidimos trabajar directo con productores y aumentar el margen de ganancia y rápidamente logramos formalizar la empresa de venta de comida llamada Wonder Food. Hicimos uniformes, gafetes y empapelamos nuestros carros. Pero esto fue posible porque contábamos con la capacidad instalada y el capital para hacerlo… en Guatemala miles de personas no tienen esa posibilidad”.
Según Bernardo, en Guatemala las personas tienen que salir a vender lo que sea, de manera muy precaria. Sin tener la posibilidad de lavarse las manos entre cada acción, entregan el producto, tocan la plata, se suben y bajan la mascarilla; incluso conoce gente que ha resultado infectada.
Pero la vida en Guatemala tiene que continuar, y en los mercados hay aglomeraciones sin mayores medidas de protección, solamente el uso de mascarilla que sí es obligatorio.
“El problema está donde siempre ha estado, los pobres ven cada vez más difícil su situación, el sistema de salud está colapsado y si te enfermas no hay adónde ir. Las gráficas de pruebas de COVID-19 son inconsistentes, mientras los trabajadores informales tienen que seguir saliendo para ganarse la comida del día”.
