Un mes después del rechazo al presupuesto extraordinario del Gobierno para atender las finanzas públicas durante la pandemia, el Gobierno empezó un nuevo proceso en la comisión legislativa que deberá estudiar el proyecto que incluye un supuesto recorte de ¢328.000 millones, pero las dudas y críticas surgieron apenas en la primera sesión.
La audiencia del ministro de Hacienda, Elián Villegas, y la de Planificación, Pilar Garrido, se sometieron a los cuestionamientos de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios sobre el alcance real del recorte presupuestario y acerca del impacto que sobre la Caja del Seguro Social (CCSS) tendrán algunas propuestas hechas públicas esta semana.
El proyecto del Gobierno cifra en ¢328.000 millones la propuesta de recorte de gasto, casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de evitar que el déficit al cerrar el año 2020 quede en 8,6% y no llegue a 9,7%. Sin embargo, la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) calculó que la reducción neta contenida en el documento es un 40% menos.
El ministro Villegas defendió que esa diferencia corresponde a gastos que estaban previstos para financiarse con ingresos que ya no existen, pero que igual es válido incluirlo como recorte porque pudieron haberse mantenido y financiado con otras fuentes, como deuda interna, por ejemplo.
Dijo que gracias a esas decisiones se pedirá autorización para colocar como deuda interna ¢664.000 millones (1,87% del PIB), una cifra que pudo haber sido mucho mayor, dijo.
“Este es el mayor de los éxitos. En vez de pedir 1,16 billones, pedimos casi la mitad, por el esfuerzo de todos”, defendió Villegas ante las preguntas de los diputados.
En paralelo, la ministra Garrido defendió la pertinencia del proyecto recorte de 15% de la jornada (y el salario) a 30.000 funcionarios que reciben un salario bruto mensual mayor a ¢1,5 millones, sin eximirse de críticas por el impacto que este tendrá en sobre las finanzas de la CCSS y sobre Fodesaf.
Los diputados criticaron incluso que Villegas y Garrido llegaran a presentar juntos ambos proyectos de ley en la audiencia celebrada para el plan de modificación presupuestaria en el contexto de crisis económica agravada por la pandemia de Covid19.
El presupuesto, que debería dictaminarse antes del 21 de julio, se basa en una fuerte caída de ingresos certificada por la Contraloría General de la República (CGR), equivalente a 3,3% del PIB.
José María Villalta, de Frente Amplio, criticó que Planificación no hubiera calculado el dinero que la CCSS y Fodesaf dejarán de recibir por esa 15% menos de salario durante un año. Al final Garrido sostuvo que serán ¢32.000 millones el faltante que tendrá el Seguro Social.
Villalta también cuestionó la calidad de la propuesta al señalar que los jerarcas de los tres Poderes de la República, por no tener un horario definido, quedarían fuera de ese nueva medida.
Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), lamentó que los recortes en transferencias castigarán a fundaciones y asociaciones que realizan acciones sociales y que se verían castigadas con el recorte de ¢59.000 millones en la partida de transferencias corrientes.
El ministro Villegas reconoció que habrá una afectación, pero sostuvo que el Gobierno no tiene capacidad de seguir atendiendo estas erogaciones.
La reducción en remuneraciones se calcula en ¢44.000 millones, según la presentación del Ministro de Hacienda, por plazas que estaban vacantes o en desuso. Se suman los recortes a gastos en viajes y otros rubros que por la pandemia no se utilizarán.
Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República, recordó que semana atrás los diputados rechazaron el proyecto extraordinario que incluía los fondos para los subsidios del programa Proteger porque no estaban de acuerdo con nuevos endeudamientos, por lo que cuestionó este nuevo proyecto basado en deuda.
