La emergencia mundial ocasionada por la pandemia relacionada con el COVID-19 no solo plantea una crisis de salud, sino que también trae una serie de daños colaterales que se extienden al ámbito económico, social y humanitario, cuyos efectos tendrán repercusiones en los próximos años y causarán un inmenso sufrimiento humano.
Una amenaza global de esta naturaleza necesita, por lo tanto, una respuesta global. Por eso, es obligación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsar, en conjunto con todos los Estados del mundo, una agenda de desarrollo inclusiva y sostenible que ayude a mitigar los graves efectos de la pandemia.
Sabemos que la principal responsabilidad de una acción preventiva recae en los Estados, pero en el panorama actual estos se convierten en un actor de muchos, y actuar de forma preventiva implica fomentar sistemas que creen incentivos para el comportamientos pacífico y cooperativo. Es aquí cuando es necesario el liderazgo de las Naciones Unidas en esta respuesta global.
Con eso en mente, el pasado 31 de mayo, los representantes de las instituciones de derechos humanos de Latinoamérica enviamos una misiva a António Guterres, Secretario General de la ONU, y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, precisamente para impulsar ese liderazgo.
Dicha carta fue firmada por los representantes de Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, con el apoyo de 22 organizaciones de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Actualmente, el virus ocasionado por el COVID-19 ha infectado a más de seis millones de personas a nivel mundial, ha ocasionado la muerte de más 375.000 habitantes (43.000 de ellos en Latinoamérica) y mantiene a 4.000 millones de personas en confinamiento.
Adicionalmente, la pandemia ha tenido un impacto económico severo: la OIT estima que 1.250 millones de personas estarán desempleadas o verán una reducción de sus ingresos, que habrá un impacto devastador en 1.600 millones de trabajadores de la economía informal y más de 430 millones de empresas en todo el mundo.
Estos números no solo son alarmantes, sino que las perspectivas futuras no son alentadoras: reducción de las economías, desempleo, aumento de las desigualdades, polarización, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, y de las quejas.
Tomemos nota de que el creciente descontento social puede dar lugar a conflictos violentos.
El Banco Mundial señaló que viene una recesión económica severa y la FAO alertó sobre la necesidad de garantizar la cadena de suministro y la producción de alimentos, y sobre la amenaza para la seguridad alimentaria de todo el mundo.
Pero las preocupaciones no terminan ahí. Es importante visibilizar algunos otros efectos colaterales de esta emergencia:
- La mitigación de los impactos de la pandemia, en algunos casos, se ha utilizado como una excusa para socavar la democracia y los derechos humanos.
- El aumento dramático del número de mujeres, niñas y niños que enfrentan abusos en casi todos los países.
- El incremento en la discriminación de diferentes poblaciones como migrantes, indígenas, afro y LGBTI, entre otras.
- El impacto del virus en millones de refugiados, personas desplazadas, ancianos, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y pobreza extrema, y personas en zonas afectadas por conflictos.
Es por esto que, como instituciones nacionales de derechos humanos, debemos abordar las desigualdades, la exclusión y las denuncias; hacer que las instituciones sean más inclusivas y garantizar que las estrategias de desarrollo no dejen a nadie atrás.
Estas medidas son fundamentales para prevenir la desintegración del tejido social que podría estallar en una crisis aún más seria. Por lo tanto, eso es un mensaje claro de que la prevención, con un enfoque de derechos humanos, es esencial para enfrentar los efectos colaterales de la pandemia.
Debemos ser vehementes en que, para hacer frente a la recesión y construir y mantener la paz, los Estados deben incluir en su planificación posterior al COVID-19 las raíces de la desigualdad, la exclusión, la discriminación y las violaciones graves de los derechos humanos.
