Este jueves quedó desinscrito el matrimonio de Laura Florez-Estrada y Jazmín Elizondo, casadas en 2015 gracias a un error en el registro del sexo de esta al nacer.
El Registro Civil se vio obligado a acatar una orden judicial notificada este miércoles, en paralelo a la discusión de diputados para retrasar la entrada en vigencia del matrimonio entre parejas del mismo sexo, fijada para este 26 de mayo.
“Procedimos con la cancelación del asiento registral de ese matrimonio porque, como autoridad administrativa, estamos obligados a acatar la orden de un juez”, contestó a este semanario Luis Guillermo Chinchilla, Oficial Mayor Civil del TSE
Mediante la sentencia 307-2020 del 12 de mayo de 2020, Francis Porras León, Juez Decisor del Juzgado Notarial, declaró sin lugar una apelación de la pareja y ordenó “la cancelación definitiva e inmediata” de ese matrimonio, en un lapso de 24 horas después de ser notificado.
La orden llegó al punto de exigir que en ese mismo plazo el juez debía recibir en su despacho “la debida comprobación” de que se había ejecutado esa resolución judicial.
“Por último, el juez en su sentencia me ‘advierte (…) que la desobediencia a una orden judicial podría hacerle incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad o bien incumplimiento de deberes, tipificados en los numerales 307 y 332 del Código Penal’”, explicó Chinchilla.
La noticia la confirmó Florez-Estrada. “Esta mañana notificaron a nuestro abogado. Es demasiado frustrante, nos toma desprevenidas y no pudimos ni apelar; este juez se atribuye funciones que no le competen, él no es del Juzgado de Familia”.
“Ya está anulado nuestro matrimonio, por orden judicial, pero vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque es absolutamente persecutorio”, dijo la mujer, quien este viernes firmará la apelación con su abogado Néstor Morera.
De todos modos, a través del oficio DC-1976-2020 el Registro Civil ya notificó al juez que lo ordenado fue cumplido en toda regla.
De esta manera vuelve a quedar sin efectos la unión legal que contrajeron ambas mujeres en 2015, la cual ha enfrentado numerosos cuestionamientos. El abogado que las caso, Marco Castillo, también, pues en febrero el mismo juez Porras ordenó sancionarlo con 13 años de suspensión, porque supuestamente incluyó datos falsos en el acta de matrimonio. La denuncia había sido presentada por el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, Guillermo Sandí.
“Jaz y Lalay”, como se le conoce a la pareja también fueron objeto de una denuncia penal, aunque la Fiscalía desestimó la causa al considerar la pronta entrada en vigencia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de enero 2018.
Este criterio de la corte internacional fue la base de la decisión de la Sala Constitucional de habilitar el matrimonio igualitario en costa Rica en un plazo de 18 meses, el cual se cumple este 26 de mayo.
