Consideremos que la medida de la libertad de expresión es el derecho a decirles a otros lo que no quieren escuchar, tal y como lo manifiesta el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Para un historiador, lo óptimo sería debatir con argumentos lógicos sobre la veracidad histórica de los procesos (exactos o inexactos), no simplemente mencionar afirmaciones, sin demostración, sin datos, sin hechos, sin causalidades.
Los historiadores David Díaz e Iván Molina, nuevamente, publicaron en la sección de opinión del Semanario Universidad (SU) una contrarréplica a nuestros artículos sobre el desenlace de la Guerra Civil de 1948 y la responsabilidad editorial de este órgano institucional, insistiendo en que el SU no debió brindarnos el espacio para publicar en esta misma sección. Encima, enfatizan categóricamente sobre la invalidación de lo propuesto, sin dedicar espacio alguno para las demostraciones o explicaciones acerca del tema y valiéndose únicamente de una posición de autoridad en la materia (la falacia de «el maestro lo dijo»).
En este caso mencionado por Díaz y Molina a raíz de nuestros artículos, ¿no buscarán reducir de facto la libertad de expresión (y de opinión) para quienes piensan diferente a ellos? Pues, al parecer, no sólo tenemos que aceptar el consenso de estos historiadores en detrimento de otras opiniones académicas –como la de Francisco Rojas o la propia– sino que, también afecta el alcance de la información para discutir, siendo este intercambio de palabras carente de un objetivo en concreto con respecto a lo históricamente planteado. Además, esto limita el debate historiográfico al centrarse en detalles menores o en simples aseveraciones sobre el desconocimiento del tema tratado.
Así, los dos académicos tienen un consenso por este medio de comunicación, el cual a través de la censura quieren convertir en un soliloquio. El mismo razonamiento no logra especificar en qué parte de nuestra intervención existen inexactitudes o son inválidas las aclaraciones.
A su vez, ellos mismos definen quienes son o no las únicas autoridades en el tópico debido a su experticia, la cual es desprovista de fallos admitidos. De hecho, sus declaraciones, más que argumentos, terminan dirigiéndose en esta ocasión hacia el SU y a su editor de Opinión (Javier Córdoba), lejos de discutir con hechos el problema. Por lo tanto, inmiscuirnos dentro de este monólogo nos parece casi que ridículo. En todo caso, si tienen algún otro problema ajeno con SU podrian resolverlo aparte sin aludirnos.
Igualmente, señalamos que cualquier medio de comunicación debe hacerse cargo de las directrices éticas o de forma, únicamente, pertenecientes a la opinión editorial, en virtud de una cuestión legal y administrativa. En las revistas académicas o periódicos los autores asumen la responsabilidad total del contenido y sus posibles errores en dichos textos al no representar necesariamente la visión editorial.
En otras palabras, estos profesores no saben diferenciar entre responsabilidad editorial y directrices editoriales, puesto que la expresión no debe dirigirse a una censura previa –sobre la libertad de prensa o libertad intelectual–, partiendo de que si la información puede ser falseada, el emisor deberá, finalmente, enfrentar discrepancias a través de un espacio para el debate.
En resumen, jamás se comprobó o debatió por parte de Díaz y Molina nuestros supuestos intentos de desinformación (“fake news”), debido a lo cual, cambiaron la atención del tema y buscaron respuestas en otro sujeto, o sea, el señor Córdoba.
Esperaríamos que dentro de la Universidad de Costa Rica y sus medios de comunicación la libertad de expresión para quienes piensan diferente no sólo sea aceptable dentro del restringido marco de lo planteado por Díaz y Molina, ya que en ese escenario habría un monopolio de la “verdad”.
En fin, la libertad de expresión existe en tanto lo expuesto no entre en conflicto con otros derechos o libertades, como sí sucede en los casos de difamación.
