El jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) pidió a los diputados que las aseguradoras administren por su cuenta los excedentes de sus servicios sin realizar aportes al Consejo de Salud Ocupacional ni al Régimen de riesgos del Trabajo.
Sugese pide derogar un artículo del Código de Trabajo sobre los aportes que hacen las aseguradoras hacia ese Consejo, consignado como 50% de una reserva sobre los excedentes. Y, también, derogar un artículo de la Ley de Protección del Trabajador que establece el uso de un 10% de las utilidades del INS para dar un financiamiento adicional al Régimen de riesgos del trabajo.
Estos cambios aparecen en una carta, firmada por el superintendente Tomás Soley, como parte del expediente 21.908.
Hasta ahora, el proyecto de ley tiene un único artículo que propone una contribución “única” de ¢75.000 millones del capital del Instituto Nacional de Seguros (INS) y hacia “las cuentas del Ministerio de Hacienda, para la atención de la declaratoria de emergencia (del Covid-19).
De acuerdo con una mesa de trabajo compartida por los diputados de la Comisión de Hacendarios, la suma de ¢75.000 fue sugerida por el presidente del INS, Elián Villegas, y negociada con Poder Ejecutivo.
El monto único sustituye un expediente anterior que pretendía ponerle un impuesto alto a las utilidades del INS durante tres años, con el fin de de crear un fideicomiso administrado por Hacienda, para inyectarle liquidez al gasto corriente (el expediente 21.860). Este aporte tiene autorización por la Contraloría General de la República.
La carta firmada por el superintendente Tomás Soley el pasado 4 abril, asegura que su recomendación “se circunscribe exclusivamente a considerar la inclusión de los ajustes que tienen que ver con cargas adicionales al funcionamiento de Riesgos del Trabajo”.
De acuerdo con la misiva de Soley, esos aportes económicos desde los excedentes “fueron establecidas previo a la apertura del mercado y han sido consideradas como innecesarias en el expediente legislativo No. 21.860”.
En dicho expediente, —que fue convocado como parte de las medidas económicas contra el Covid-19 pero después fue retirado por el Ministerio de Presidencia para favorecer el trámite rápido de los ¢75.000 millones— decía que eliminar el aporte del INS no afectaría al Régimen de riesgos del trabajo. Sin embargo, ese planteamiento se hizo antes de la propagación del Covid-19.
La información del proyecto 21.860 afirma que el Régimen de riesgos del trabajo del INS tenía “¢384.868 millones al mes de diciembre del 2019, representando un 48% del total de Provisiones Técnicas del Instituto”.
En el marco de la emergencia por Covid-19, con fecha al 8 de abril, Presidencia anunció que el INS ha aplicado esa póliza de Riesgos del Trabajo a “41 trabajadores afectados por Covid-19, luego de que el patrono lograra demostrar la relación entre las labores desarrolladas por el colaborador y el contagio”.
Hay un total 1.421.522 personas trabajadoras cubiertas por dicha póliza.
Sobre el aporte de ¢75.000 millones del INS aún se espera un dictamen de los diputados y su aprobación en el congreso. Según ha dicho el Ministro de Hacienda, el destino de esos recursos formaría parte de un segundo presupuesto extraordinario.
El diputado José María Villalta (Frente Amplio) mostró preocupación en sus redes sociales por el impacto que tendría la eliminación de los excedentes del financiamiento del Consejo de Salud Ocupacional.
“Con estos recursos, por ejemplo, se construyó el Hospital del Trauma que atiende a pacientes que sufrieron accidentes laborales o de tránsito. Con esta reforma esos recursos dejarían de destinarse a ese fin”, afirmó Villalta en sus redes sociales.
SUGESE intenta utilizar el proyecto de transferencia de recursos del INS para modificar el Código de Trabajo y permitir…
Publicado por José María Villalta Flórez-Estrada en Martes, 14 de abril de 2020
