En una conferencia de prensa conjunta, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), la Asociación Ditsö, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) reclamaron al Estado la inacción para proteger las vidas de activistas indígenas y de derechos humanos en el país.
Representantes de esas organizaciones alzaron una vez más la voz ante la escalada en el hostigamiento y de amenazas a la vida de personas indígenas y activistas, particularmente fuerte desde el asesinato el pasado 24 de febrero del dirigente Jehry Rivera, del pueblo Bröran de Térraba.
Según recordó Renier Canales, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, Rivera fue asesinado de tres tiros en la espalda, uno en la cabeza y otro en el costado que lesionó su corazón, además de heridas con arma blanca en su garganta y un ojo. Tal ensañamiento causa que genere aún más indignación que el sujeto que confesó el hecho haya sido puesto en libertad tras alegar defensa personal.
Ana Cecilia Jiménez, de Acodehu, subrayó la escalada de violencia que se ha dado en territorios indígenas como Térraba o China Kichá, “hemos escuchado el lamento, el dolor, el hambre” en esas comunidades, “ante la indiferencia y hasta complicidad del gobierno”.
Cabe recordar que el actual proceso de recuperación de tierras en varios territorios indígenas inició hace una década, ante la inacción histórica de las instituciones del Estado para resolver el problema de la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas.
“Los terratenientes y empresarios -continuó Jiménez- mantienen una campaña de asedio, amenazas y ya se ha asesinado a dos dirigentes”, dijo, al citar los casos de Rivera y del connotado líder bribri de Salitre Sergio Rojas, asesinado en su casa de habitación el 18 de marzo de 2019.
Al respecto, denunció la operación de las llamadas Fuerzas Negras, cuya existencia UNIVERSIDAD denunció al constatar que en algunas páginas de Facebook, además de amenazas directas, abiertamente se anuncia que ese grupo paramilitar busca al activista de Ditsö Gustavo Oreamuno.
Jiménez dijo que se busca la ayuda de instancias internacionales como Médicos Sin Fronteras (MSF) o la misma Cruz Roja Internacional, pues “las instituciones nacionales no sirven para un comino”, ante la desprotección de personas defensoras de derechos humanos.
Responsabilidad del Estado
Jeffery López, presidente de Ditsö, recalcó en primer lugar que Centroamérica presenta un “contexto adverso para personas defensoras de derechos humanos y para las comunidades en lucha por la defensa de sus territorios” y recordó como ejemplo el caso del asesinato de la líder indígena ambientalista y feminista Berta Cáceres, en Honduras.
Aseveró que Costa Rica no escapa a esa realidad, “enfrentamos una campaña seria de amenazas y difamación” dijo y añadió que recientemente se han registrado seis intentos de homicidio, más los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera.
“Las condiciones estructurales de discriminación se potencian por la inacción del Estado. El conflicto no es sólo por la tierra, sino por el avance de la organización de los pueblos indígenas que luchan por sus derechos”, sentenció.
Denunció además que “se ha tratado de montar” un discurso para invertir la realidad de quién genera violencia, buscando culpar por ello a los indígenas recuperadores, y criticó que los dos últimos gobiernos “han dicho que abren espacios para buscar soluciones, pero la violencia crece”.
Así, mencionó las notorias y documentadas amenazas de muerte contra Gustavo Oreamuno para denunciar una “campaña brutal de difamación y amenazas” que se ha profundizado desde el asesinato de Jehry Rivera.
“Costa Rica no cuenta con mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos. Solicitamos al Estado que lleve a cabo todas las acciones para elevar los mecanismos de protección primero para las comunidades indígenas, en segundo para las organizaciones”, reclamó.
Recordó además que recientemente la Defensoría de los Habitantes emitió una alerta por las amenazas y agresiones que enfrenta el dirigente Pablo Sibar, del pueblo Bröran “muy graves, de alto riesgo”. Esa alerta de la Defensortía también mencionó a Oreamuno y al propio López.
Por su parte,el secretario general a.í. del Sindeu, Trino Barrantes, no dudó en calificar el asesinato de Rivera como “un crimen de odio contra los pueblos originarios” y cuestionó si las tales Fuerzas Negras tienen vínculos con el narcotráfico. “En Sindeu abrazamos la causa de los pueblos originarios”, proclamó.
Renier Canales, Coordinadora de Lucha Sur Sur, aclaró que cuando se habla de finqueros y terratenientes en la zona Sur, se trata de propietarios de fincas de cientos de hectáreas.
Canales explicó que los asesinatos de Rojas y Rivera son parte de una largalista de 50 personas asesinadas en Costa Rica desde los años 70 por su activismo de defensa de los derechos humanos o el medio ambiente, como los campesinos Antonio Prendas, en Coto Brus, o Gil Tablada, en El Jobo, además de los casos de Bambuzal y la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO). “La mayoría de esos asesinatos fueron cometidos por la Fuerza Pública, por terratenientes y empresarios y quedan en la impunidad”.
Añadió que existe una “responsabilidad fundamental del Estado, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la Procuraduría General de la República (PGR), pues no vela por que se cumpla la ley”.
