O reaccionamos en solidaridad con quienes sufren vendettas pírricas desde el poder, o no pretendamos después, olímpicamente, que nos defiendan cuando ese mismo poder se ensañe contra nosotros.
Algunos malos ejemplos deberían bastar para que los costarricenses sangrinos (a los que no les corre horchata por las venas) reaccionen. Primero, fueron destituidos los directivos del Banco Nacional que, en el gobierno pasado, denunciaron el presunto tráfico de influencias que todos terminamos conociendo como el “cementazo”.
En medio del pleito de cantina que supuso ese affaire político/comercial, la administración Solís optó por fumigar a los directivos que denunciaron, lejos de sostenerlos y reforzarlos, como garantes probados. Es decir, fusilaron a los mensajeros, desestimando irresponsablemente el mensaje y sentando un pésimo precedente, típico de lógicas invertidas, a cuyo amparo terminaran siempre los patos tirándole a las escopetas.
Lo más grave es que a esos directivos bancarios que develaron semejante trama nadie los defendió. Se consumó el daño a su honor y función, a vista de una ciudadanía malagradecida y remolona.
Un segundo ejemplo se acaba de consumar, también ahí, en ese mismo banco, de donde terminaron proscritos del sindicato (Sebana), cinco directivos que denunciaron presuntos malos manejos internos, porque según el resto de directivos —léase: los líderes sindicales que siguen adentro—, los trapos sucios se lavan en casa.
En ambos casos impera el mismo antivalor: ¡guerra total a la transparencia! O su símil vuelto regla: ¡opacidad como receta para administrar!
Para el sindicato de ese banco está bien linchar a cinco de sus compañeros por haber evidenciado posibles malos manejos internos. De paso, también se cohonesta que ni siquiera sus propios compañeros de la institución los defiendan, o que la opinión pública se plante frente a semejante despropósito, acaecido en el seno del principal banco público del país.
Queda más que clara la amenaza contenida en semejante vendetta sindical, descaradamente dirigida a los que aún integran sus filas, a quienes se ha impuesto el nuevo requisitorio para la membresía: complicidad y silencio.
Un tercer caso es que el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones (Setse) se plantó valiente y transparentó una ínfima parte de lo que viene ocurriendo ahí, en una de las instituciones menos observada, para nada auscultada y casi nunca criticada, del estuario institucional costarricense.
La persecución no se ha hecho esperar, como resultante “lógica” de un malentendido y manido libreto que ha sido alimentado desde varios frentes, rezando algo tan falsario como fastidioso: “meterse con el TSE es atentar contra la democracia”.
En ese marco, el Setse cometió el “pecado capital” de denunciar —léase: de informarnos y alertarnos—. Resultó de ello, lejos de una introspección responsable del Tribunal, la implantación de una investigación contra el líder de la agrupación gremial. Nuevamente, en clarísima e impúdica advertencia para el resto del funcionariado. Sin obviar el repetitivo silencio de una ciudadanía que pareciera dejar solos a quienes denuncian con valentía y patriotismo, en defensa —irónicamente— del interés público.
En el ICE encontramos el último ejemplo. Allí destituyeron a una funcionaria que se negó a variar su criterio jurídico, cuando se lo solicitaron sus superiores, quienes pretendían ahorrarse la molestia de rebajarle obligadamente el salario a cientos de funcionarios que, en aquella dadivosa institución, devengaban como jefaturas, pese a no ostentar ninguna.
Si bien la funcionaria fue restituida después de que peleó judicialmente y en solitario, lo cierto es que por haber denunciado aquel despropósito sufrió la aplanadora del Poder. También, en absoluta soledad: la ciudadanía tampoco la acuerpó.
Seguro hay más casos de injusta intimidación, pero con esos alcanza para figurar una sociedad acomodada, que espera que los otros demos las luchas mientras los demás comen palomitas.
A ese statu quo es al que deberíamos dar vuelta, culturalmente hablando. Porque no es viable una sociedad donde los que denunciamos y enfrentamos la corrupción ocupemos el cadalso de los linchados, mientras los malhechores y sus cómplices silenciosos no solo sobreviven, sino que escalan y terminan gobernando.
Semejante inversión de la escala de valores terminará erigiéndose como el peor de los ejemplos que una ciudadanía presuntamente orgullosa y a las puertas de su bicentenario podría cohonestar.
Alto a la intimidación de los funcionarios públicos valientes y denunciantes.
