La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, aseguró este viernes que la unidad de análisis de datos que funcionaba en Casa Presidencial tuvo acceso a información sensible de la población por medio del Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
En conferencia de prensa, Crespo indicó que en la investigación realizada por la Defensoría se encontró que los asesores presidenciales habían suscrito convenios con al menos cinco instituciones para tener acceso a sus bases de datos.
“Desde el punto de vista de acceso pudimos ver un convenio con Sinirube, que sí tiene datos sensibles, por ejemplo, estado socioeconómico, enfermedades, estado de salud de la gente”, afirmó Crespo.
Según información divulgada por Casa Presidencial tras el primer año de funcionamiento de Sinirube, esta base de datos cuenta con información de más de 1.200.000 hogares que son receptores de algún beneficio por parte del Estado.
La defensora aseguró que desconoce el uso que se hizo de la información disponible en ese sistema, pero adelantó que también había convenios firmados con el Registro Nacional de la Propiedad y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros.
Estas son parte de las conclusiones del informe que generó la Defensoría de los Habitantes tras la visita hecha a Casa Presidencial el pasado lunes, en la cual se buscó conocer los alcances de la unidad de datos.
Los asesores presidenciales que analizaban datos laboraban desde hace más de un año; sin embargo, fue hasta el lunes 17 de febrero que su funcionamiento como unidad se formalizó con un decreto.
El decreto fue derogado el viernes de la semana anterior tras conocerse que uno de sus artículos pretendía dar acceso a datos “confidenciales” de la población.
La defensora detalló que el ya derogado decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) era “contrario al ordenamiento jurídico al no cumplir con el procedimiento y al carecer de criterios técnicos y consulta en materia de protección de datos”.
El polémico decreto carecía de protocolos de protección de datos y en la unidad no se incluyó una persona experta en protección de datos o en ciberseguridad, según la Defensoría.
“El equipo de asesores que trabajó en el análisis de datos en Casa Presidencial durante 18 meses realizó sus funciones sin respaldo legal que justifique sus alcances, limitaciones y responsabilidades”, aseguró Crespo.
La Defensora añadió que esta unidad, conformada por tres asesores presidenciales, no contaba contaba con los recursos tecnológicos y de infraestructura requeridos para desempeñar las labores de protección de datos.
“No resulta ni conveniente ni apropiado que asesores de un despacho presidencial, sin importar la formación que tengan, sean quienes estén gestionando bases de datos”, aseveró.
Este viernes el Ministerio Público realizó allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las viviendas de algunos de los ocho funcionarios investigados por este caso. Entre las personas investigadas figura el presidente de la República, Carlos Alvarado.
