Si usted compra un disco como Mozart: Clarinet Quintets, los derechos reservados sobre esa producción abarcan en primer lugar al compositor, luego a los ejecutantes Cuarteto Danubio y el clarinetista húngaro Jozsef Balogh y, finalmente, a la casa discográfica Naxos, productora del fonograma.
El reconocimiento de esos derechos de los ejecutantes está precisamente en el centro de una nueva batalla entre músicos nacionales, que luchan porque las radioemisoras les reconozcan el pago de los derechos de propiedad intelectual, según diferentes acuerdos que ha firmado el país, y Canara, que se niega a reconocer los derechos de ese sector, porque ya lo hace ante la Asociación de Autores y Compositores Musicales (ACAM).
En materia de música, existen tres tipos de titulares de derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, los de autores y compositores; luego los de artistas, intérpretes y ejecutantes, y finalmente los de productores de fonogramas; es decir, empresas discográficas.
Consecuentemente, se crearon las llamadas entidades de gestión de los derechos, asociaciones que agrupan a los titulares de los derechos en cada uno de esos casos, respectivamente. Estas son la ACAM, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE), la Unión de Trabajadores de la Música (UTM), y la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (Fonotica).
“Las entidades de gestión no solo representan a los titulares nacionales, cada país tiene una sociedad, una entidad de gestión que firma convenios de representación recíproca con las de otros países para poder cubrir todo todo el repertorio internacional”, explicó el cantautor y abogado Esteban Monge, vocero de AIE.
El pasado 5 de febrero la Cámara Nacional de Radio (Canara) emitió un pronunciamiento que pareció abrirse campo en la opinión pública acompañado por la campanada que al lado del cuadrilátero anuncia el inicio de un nuevo asalto pugilístico.
El pronunciamiento en primera instancia recuerda el apoyo que esa entidad dio al TLC con Estados Unidos y a la apertura del mercado de telecomunicaciones, proceso en el que “se logró precisar con absoluta claridad la existencia de dos mercados que son completamente distintos”: el que “demanda de sus suscriptores un previo y periódico pago” y “las transmisiones de la Radiodifusión de señal abierta y recepción gratuita de la radio y televisión para todos los costarricenses”.
De ahí, afirma que “es inaceptable que el Gobierno desatienda ahora los compromisos adquiridos por el Estado costarricense. Ningún costarricense debe tolerar que se debiliten las defensas del Estado de Derecho, que se limiten sus derechos de acceso gratuito a la radio y televisión independientes y que con ello se exponga el régimen democrático que nos ha permitido vivir en paz por tanto tiempo, al margen de las coyunturas políticas o económicas por las que atravesemos”.
El texto no precisa cuáles son esos “compromisos”, ni a raíz de qué situación es que se limitan esos derechos de acceso, pero añade que “poco a poco y paso a paso, hemos visto cómo ese peligro se ha venido haciendo realidad en nuestro país. Muchos son los hilos conductores de una estrategia que amenaza nuestra democracia, y hacemos pública denuncia de ello”.
Sin embargo, el pronunciamiento se da en momentos en que la AIE, así como la UTM, han tenido acercamientos con el Gobierno para avanzar en el reconocimiento del pago de sus derechos de propiedad intelectual por parte de las emisoras de radio.
Poco después, el 10 de febrero, la AIE emitió un comunicado en el que de manera más específica se refirió al “levantamiento de las reservas internacionales que el gobierno de Óscar Arias firmó en 2009, en detrimento de los derechos de los artistas musicales y a favor de los empresarios de radiodifusión de nuestro país”, recomendado por la Defensoría de los Habitantes desde diciembre de 2011.
Derechos y reservas
Los fondos que esas entidades reciben son invertidos no solo en repartir a los artistas en función del uso de la música, también tienen una serie de fondos que se pueden utilizar para becas, patrocinios o fondos concursables.
Esteban Monge, vocero de AIE, dijo que las “reservas” mencionadas en el comunicado son un mecanismo mediante el cual un país firmante de un tratado internacional —en este caso, los de propiedad intelectual— anuncia a los demás firmantes que en algún punto o puntos específicos del tratado legislará diferente.
El problema actual deviene de que en 2009, “Canara se fue a Casa Presidencial a ejercer presión al gobierno de Óscar Arias” y lograron que esa administración presentara reservas sobre el tema del pago de derechos reclamados por los sectores representados por AIE y la UTM, además de Fonotica, quien ya ha acudido a sede judicial.
Consultado al respecto, Andrés Quintana, presidente de Canara, de manera similar al pronunciamiento difundido, recordó que en el TLC se incluyeron cláusulas de salvaguarda y garantía para evitar que en Costa Rica se genera una situación en que todo acceso a radio, televisión, a la información y a la libertad de expresión se limite a quien pueda pagar.
Quintana además dijo que fue por ese mismo motivo —mantener el acceso libre a la radio—, que “el país, tal y como lo hacen otras varias naciones en el mundo, reservó la radiodifusión abierta y gratuita en varios instrumentos internacionales, declarándola no sujeta al pago de derechos, más que en función de lo que establece la legislación interna de nuestro país”.
Por ello, sentenció que “la desatención del Gobierno con aquellos compromisos no debe ser simplificada limitándola a una sola actuación, sino a un cúmulo de aquellas que paulatinamente han venido exponiendo al país y a la población a someterse a una realidad distinta, en la que las reglas del mercado se preocupan por maximizar las utilidades de pocos, aún a costa de la exposición de los derechos de muchos”.
El empresario se mostró enfático al afirmar que Canara y sus radioemisoras y televisoras asociadas “no estamos en ninguna lucha por el no pago de nada que debamos pagar, y que la totalidad de las radioemisoras asociadas a Canara reconocen y pagan, desde el siglo pasado, los derechos convenidos con autores y compositores nacionales y extranjeros por la difusión de música”; es decir, el sector representado por Acam.
“Lo que efectiva y peligrosamente expone al régimen democrático de esta nación es la limitación de acceso a contenidos gratuitos, ya sea por voluntad expresa de acto de autoridad pública (por ejemplo el retiro de las salvaguardas internacionales dichas) o por inacción de aquella en su efectiva defensa, cualquiera de ellos”.
Por otra parte, Esteban Monge informó que se mantienen negociaciones “con otros agentes y actores del sector radiofónico” más abiertos al diálogo. “No todo el sector se opone al pago de los derechos, hay acercamientos y nosotros estamos dispuestos a negociar con todas las partes, incluyendo Canara”.
“Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que estemos subvencionando estos empresarios en su negocio, no teniendo ningún beneficio económico por nuestro trabajo. Si la situación está mal, lo está para todos. El tema es que aquí para los artistas en general y para los músicos la situación siempre ha sido crítica y tenemos una serie de derechos que podían reconocerse y generar condiciones distintas para hacer nuestro trabajo”.
Concluyó que “nuestra actitud no es la de llegar a joder a nadie, más bien a nosotros nos han jodido históricamente no reconociendo estos derechos; es una reivindicación importante como sector pues en el ecosistema en el que todos interactuamos hay un desequilibrio total en estos momentos en detrimento del sector de la música”.
