A pesar de los llamados del Tribunal Supremo de Elecciones y otros líderes de opinión a votar, el abstencionismo sigue siendo el principal protagonista de las elecciones municipales en Costa Rica. Peor aún, un negocio redondo para los partidos con un voto duro (es decir, el voto por el color de la bandera, sean quienes sean los candidatos) que, si bien puede ser pequeño en un cantón, les es suficiente para ganar.
Si la mayoría de los electores de un cantón no sale a votar, seguirá siendo muy alta la probabilidad de que se elijan los mismos alcaldes (sobre todo si no se restringe la reelección) o los que esperaron pacientemente su turno para ser candidatos dentro del partido gobernante o tradicional. Esto debido a que dentro de los escenarios de poca participación sale favorecido el partido político con mayor capacidad de movilización de su voto duro o aquel capaz de seducir clientelarmente a ciertos sectores del electorado por medio de favores específicos como bonos, permisos municipales, construcciones en algún barrio o cualquier otro tipo de regalo a cambio del voto.
Por si fuera poco, dado que las papeletas de elección de alcaldes están diseñadas en función de la bandera del partido y sin la cara del candidato (al contrario de lo que sucede en las elecciones presidenciales), un buen aspirante, así como una buena campaña de comunicación de su imagen y propuesta, estará siempre condicionado a la reputación del partido al cual representa y, por supuesto, a su capacidad personal para la movilización del voto (lo que se le llama popularmente “maquinaria electoral”) el día que se abren las urnas.
Por lo tanto, el principal problema de fondo con las elecciones municipales (el cual deben resolver cuanto antes instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa) es la elección de alcaldes sin ningún mínimo necesario de votos para ser electos. Las condiciones de competencia de unas elecciones municipales son diametralmente opuestas a unas elecciones nacionales. La cultura de ir a votar es radicalmente diferente, la cobertura de los medios nacionales —naturalmente— también lo es, y tampoco existe una competencia entre los mejores candidatos (sea cual sea la percepción existente en la opinión pública sobre lo que debe ser un “buen candidato”) frente a todos los electores, sino entre las minorías más grandes de un cantón.
No basta que se haga un llamado a que la gente vaya a votar, sino que debe haber cambios estructurales por ley que obligue a los partidos a contar con más apoyos para ser electos (podría ser, por ejemplo, el establecimiento de un apoyo mínimo del 30%-40% del padrón electoral con posibilidad de una segunda ronda que cuente, también, con porcentajes mínimos necesarios de participación y apoyo) y que las papeletas de alcaldes sean diseñadas por nombre y foto de los candidatos con las banderas de sus partidos en segundo plano.
De esta manera, se ejercería presión sobre los candidatos municipales y sus partidos para buscar realmente apoyos dentro del grueso del electorado de su cantón, sin confiar tanto en las minorías que usualmente les votan (o en prácticas ilegales y antiéticas para atraerlas). Además, promovería una competencia real entre los candidatos, para conocer quiénes son, qué han hecho y qué proponen, frente a un electorado que debe ser convencido y motivado a salir a votar.
Finalmente, estas reformas no solo buscarían reducir el abstencionismo y el clientelismo, sino que fortalecerían la representatividad y, por ende, la democracia, dado que, al recibir más votos para ser electos, los alcaldes, regidores y síndicos contarían con mayor legitimidad (inicial, al menos) por parte de sus gobernados para ejercer sus funciones.
