Uno de los acontecimientos más notorios respecto de la gestión del medio ambiente este año quizás fue la ola de indignación que se dio tras la decisión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de mantener la viabilidad ambiental a un proyecto de siembra de casi 500 hectáreas de piña cerca del Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS).
Tristemente, aunque según el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) esa institución aún mantiene una medida cautelar que impide de momento el inicio del proyecto agroindustrial de Pindeco, ese caso de avance de la expansión piñera es una muestra más de las deudas que en materia ambiental arrastró Costa Rica este 2019.
El perenne y aparentemente imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide en otros temas como contaminación con agroquímicos. Este año fue notorio el caso de las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua.
También causó indignación el incidente en agosto en la comunidad de San Juan de Platanar, en Florencia de San Carlos, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres y madres de familia.
Recientemente, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) denunció la contaminación permanente de la laguna Madre de Dios, en Bataán, Limón.
La denuncia por la proliferación de hidroeléctricas se mantuvo a lo largo del año, pero esta vez respondió al clamor de los sectores ambientales, cuando en julio el Minae rechazó la solicitud de declaratoria de conveniencia nacional que la empresa Grupo H Solís-GHS S. A. tramitó para el proyecto hidroeléctrico (PH) San Rafael.
Sin embargo, durante este año el gobierno también recibió críticas por legalizar pozos construidos al margen de la ley mediante una polémica amnistía, a lo que se suma el avance de las concesiones de autoabastecimiento de agua en condominio, que aumentaron un 264% durante el primer año de la administración Alvarado.
También han surgido críticas porque no se han llevado a cabo suficientes iniciativas que permitan un mejor desarrollo social en Cutris de San Carlos, donde de nuevo la minería ilegal ha hecho que reaparezcan las voces de quienes quieren permitir la actividad extractivista de la minería metálica.
De igual manera han resurgido quienes abogan por la exploración y explotación petrolera y revivir la práctica de la pesca de arrastre, cuyo proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa.
Conflictividad
Preocupación particular por la conflictividad que se ha generado alrededor de los temas ambientales fue lo que en primer lugar mostró Leonardo Merino, coordinador general de la investigación en el último Informe del Estado de la Nación.
Apuntó que en 2018 y 2019 el tema ambiental ha sido “de alta conflictividad y debate en el país” y que ello ha evidenciado que “carecemos de herramientas claras para decidir el lugar que tiene en la agenda de desarrollo nacional”.
En realidad en los últimos siete u ocho años “los niveles de movilización por este tema son bastante grandes”, y han tenido que ver con “fracturas entre protección y uso de los recursos naturales, entre protección y producción, crecimiento y protección”.
A ello sumó las polémicas en torno a la minería y la pesca. “En todos estos casos se nota el desencuentro entre los problemas sociales y económicos, que en algún momento han sido prioritarios y en otros rezagados, a la par del tema ambiental que usualmente no ha estado incorporado en la forma en que esto se resuelve”.
Calificó como urgente resolver cómo incorporar la discusión sobre la sostenibilidad ambiental en la solución de problemas locales. Así, Merino consideró que el país no ha incorporado la sostenibilidad de forma clara en la manera que se explotan los recursos pesqueros, agrícolas y energéticos, y que la falta de esa incorporación “causa impactos importantes, genera políticas públicas débiles, descuidos que pueden amenazar el patrimonio, tanto en las fortalezas que tenemos -como la conservación- como en las partes más débiles, como es el uso de estos recursos de una manera irresponsable”.
Discordia por el agua
Los problemas alrededor de la disponibilidad y contaminación del agua han sido “no solo este año, sino por lo menos desde hace cuatro, un eje de lucha importante”, consideró Henry Picado, presidente de la Federación Ecologista (Fecon).
Se ha visto la defensa de ese derecho “pero desde posiciones más comunitarias y, si se quiere, más radicales”, según las cuales el problema no se ve como un hecho aislado, sino que implica los temas de la contaminación por plaguicidas, la deforestación, la sobreurbanización y el acaparamiento de tierras y aguas”, dijo.
Picado criticó a la administración Alvarado porque “ha tenido varias monedas de transa, una fue el tema de derechos humanos, y otra el tema de agua, sobre todo con sectores conservadores para negociar proyectos de ley que les interesan”.
Citó de ejemplo la suspensión de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), la cual establecía regulaciones para proteger mantos acuíferos.
“Sacaron al agua subterránea de la discusión, para que la Unidad Social Cristiana (PUSC) pudiera aceptar el plan fiscal”, acotó.
Añadió que el tema del agua será relevante el año entrante, cuando siga adelante el trámite del proyecto de una nueva ley sobre el recurso hídrico, que goza de buen apoyo en la Comisión de Ambiente del Congreso.
“Esta Asamblea Legislativa conservadora” va a tomar el proyecto de ley “que ya de por sí es cuestionable” y “puede que lo haga peor, en términos de mayor privatización, mayor acaparamiento y sobre todo de impunidad ante la contaminación, que es lo que más se da en Costa Rica”.
Expansión piñera
Picado se refirió al avance de los cultivos de piña y dijo que constituye una “política de Estado”; además, cuestionó los favorecimientos que ese sector ha recibido a lo largo de los años, “inclusive tratados de libre comercio diseñados para que los piñeros puedan llevar su producto a China, por ejemplo”.
Precisamente, la expansión de ese monocultivo de la piña es “un tema que se ha venido relegando y no vemos acciones claras”, de acuerdo con Mariana Porras, de la Asociación Comunidades Ecológicas la Ceiba – Amigos de la Tierra (Coecoceiba-AT Costa Rica).
Porras aseveró que el Gobierno tiene que trabajar más a nivel comunitario con políticas dirigidas a quienes se ven afectados por monocultivos u otras actividades.
“No se ha dado suficiente contacto con las comunidades y no ha habido una apertura a la participación a la hora de construir estrategias; creemos que si se diera, las acciones podrían tener más impacto. Las comunidades son las más afectadas y además tienen propuestas que quieren fomentar, como la agroecología o la defensa de las semillas criollas”.
Leonardo Merino recordó que el último informe llama la atención a la invasión de piña en áreas protegidas y “el compromiso de humedales para una gran cantidad de hectáreas”, registrada por imágenes satelitales del Laboratorio PRIAS, en el marco del proyecto Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos (Mocupp).
Destacó así que aunque el país ha reservado como áreas protegidas una parte importante de la superficie terrestre y recientemente un poco más en la parte marina, ello no lo exime de “riesgos importantes”, pues “la existencia de límites normativos y físicos de las áreas protegidas no garantiza que no existan riesgos por actividades productivas y presiones importantes tanto lícitas como ilícitas”.
Citó de ejemplo el hallazgo de siembra de cannabis dentro de algunas de ellas, principalmente Parque Internacional la Amistad.
Por ello, consideró el registro de plaguicidas y el tema de cultivos como la piña o la palma, “generadores de conflicto por su expansión, la invasión de áreas protegidas, por la contaminación de suelos y de cuerpos de agua y que lo más evidente en estos últimos dos años es una reacción importante de sectores tanto académicos como de la sociedad civil o las comunidades”.
Desorden en mares y pesca
Pero Jorge Jiménez, director general de la Fundación Marviva, cree que poco ha avanzado la protección y aprovechamiento de los recursos pesqueros.
“Hemos quedado estancados en materia de conservación”, aseveró, porque el país mantiene una “debilidad institucional muy fuerte en todos los aspectos”, lo cual empieza en su opinión con la falta de planificación del uso del 92% del territorio nacional conformado precisamente por aguas del mar Caribe y del océano Pacífico.
Los temas de ordenamiento territorial competen al Ministerio de Planificación (Mideplan), pero esa institución “no tiene ninguna acción en la parte marina” para determinar qué áreas se destinan a producción, protección o navegación.
En la parte pesquera, indicó que “seguimos con una institución terriblemente débil”, en referencia al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y destacó que “estamos ante un número decreciente de desembarcos de explotación de la flota nacional, lo cual redunda en una pobreza tremenda, con los índices más altos en las zonas costeras”.
De acuerdo con cifras oficiales del Incopesca, actualmente se desembarca un 50% de lo que se desembarcaba hace 20 años.
Además, alertó que gran parte de lo que se desembarca, según el mismo Incopesca, son organismos juveniles que no se han logrado reproducir o que están en peligro de extinción. “Nuestra legislación lo permite y lo incentiva”, acotó.
También, se mantienen prácticas dañinas como la pesca de arrastre, el encierro o el uso de dinamita, que es ilegal pero no hay capacidad de control. “En el golfo de Nicoya es obvio que se da encierro y dinamita, pero no hay capacidad institucional para controlarlo”, lamentó.
“La pesca de arrastre se impulsa incluso con trámite expedito en la Asamblea Legislativa, con un desconocimiento de la complejidad científica y técnica del tema, y más bien un clientelismo político muy claro”, aseveró. Dijo que se trata de una de las artes de pesca “más destructivas; si se aprueba va a producir un daño impresionante, como se dio en décadas pasadas”.
En el mismo tono, dijo que el país “no tiene una política marina y entonces cada nuevo gobierno o jerarca de una institución hace lo que se le ocurre o lo que más le conviene. Seguimos dando palos de ciego en todo lo que es ambiente y producción marina. El balance es negativo”.
Jiménez aseveró que mientras no haya una planificación territorial ni se fortalezca la institucionalidad, “lo que hacemos es poner curitas y parchecitos que después se caen”.
Tras denunciar que el país ni siquiera sabe cuántas personas se dedican a la actividad de la pesca, se refirió al “otro gran tema”, el manejo del atún: “no podemos seguir dándole a la flota internacional entre 25 mil y 45 mil toneladas de atún al año, cuando nuestras flotas nacionales no son capaces de capturar más que 1.200 toneladas al año”.
Se buscó al ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, pero su agenda no le permitió conceder la entrevista antes del cierre de edición, por lo que será publicada posteriormente.
