Recientemente, el señor presidente de la República hizo una invitación a discutir sobre la eficiencia de las universidades públicas. Le tomo la palabra y pongo sobre la palestra algunas reflexiones al respecto.
En primer lugar, la razón por la cual el Estado costarricense crea instituciones de educación superior es, en pocas palabras, para que estas contribuyan al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras:
- Formación de cuadros profesionales excelentes que contribuyen a su vez en todas las dimensiones de desarrollos, incluyendo lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental.
- Movilidad social para personas de bajos recursos que tienen acceso a una educación superior de calidad.
- Generación de conocimiento y desarrollo de tecnología por medio de la investigación científica.
- Transferencia a la sociedad de los productos de la investigación.
- Creación artística en todas sus dimensiones.
- Atención de las comunidades con programas educativos en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.
En una universidad pública, dadas las contribuciones que el Estado espera de ella, ¿cómo medimos la eficiencia? Normalmente, la eficiencia se mide en términos de unidades de producto por unidad de insumo usado para obtener dicho producto. Así, podemos medir la eficiencia de un vehículo en términos de kilómetros recorridos por litro de gasolina consumido. O, en una empresa, en términos de colones producidos por cada colón invertido; pero ¿con base en qué indicadores se mide la eficiencia de la educación superior pública? ¿Quién los define? ¿Con qué criterios? ¿Cómo medimos la calidad?
En la discusión sobre la eficiencia de las universidades públicas, los temas que han estado en la prensa no tienen que ver con la eficiencia: los salarios de los funcionarios (usando información tergiversada, pues los salarios altos no superan el 3% de la masa salarial), la autonomía universitaria (a partir de falsedades, como decir que las universidades públicas no rinden cuentas), y la percepción de que las universidades no están graduando la cantidad de profesionales en ciencia y tecnología que el país requiere, lo cual las hace ineficientes. Esto último proviene de una visión simplista que ignora un hecho fundamental: para formar este tipo de profesionales con la calidad requerida, se requiere de habilidades previas en matemática que la primaria y la secundaria no están brindando.
A propósito de lo anterior, ¿quién define cuáles carreras son pertinentes? La respuesta simplista: ¡el mercado de trabajo! El problema es que, en esta época de cambios vertiginosos, el mercado laboral es cambiante. Al respecto, comparto una reflexión del Dr. Mike Yoder de extensión agropecuaria de Carolina del Norte: “La investigación muestra que el 65% de los estudiantes actuales van a desempeñar trabajos que no existen hoy en día, así que necesitamos jóvenes que puedan pensar críticamente, que tengan un bagaje académico sólido para que puedan entrar en sus áreas de trabajo.
Estos tendrán que ser capaces de evaluar la información y aplicarla para resolver problemas cotidianos. También está la habilidad para ser jugadores de equipo, porque debemos colaborar con las instituciones y con las comunidades locales. Lo que nunca cambia es la necesidad de profesionales con un alto nivel de integridad y con un corazón para el servicio.”
He oído comentarios despectivos como “¿para qué estudiar filosofía?” Creo que ninguna profesión es irrelevante, ahora menos que nunca. En tiempos en que la inteligencia artificial se abre camino en muchas áreas de la actividad humana, Henry Kissinger, con absoluta lucidez a sus 94 años, indica que ante la revolución científica de los siglos XVI y XVII, la sociedad encontró guía en las ideas de la ilustración del siglo XVIII (lideradas por grandes filósofos); pero que hoy en día “Filosóficamente, intelectualmente -en cualquier forma- la sociedad humana no está preparada para el ascenso de la inteligencia artificial”.
Regresando al tema de los indicadores, un reciente artículo de don Jaime Ordóñez señala que las universidades públicas generan el 90% del conocimiento científico de Costa Rica, y un 82% de toda la región centroamericana, el ITCR puso un satélite en el espacio, la UCR y la UNA ayudan a la prevención de tragedias por sismos; la UCR produce 120,000 frascos de suero antiofídico que beneficia a América Latina y África, fortalece la industria alimentaria, fiscaliza las carreteras, y apoya numerosas comunidades rurales, dentro de una extensa lista de contribuciones. También, indica que las empresas de alta tecnología radicadas en el país contratan prioritariamente profesionales de las universidades públicas. ¿Será por “ineficientes”?
A nivel internacional, según el Ranking Webometrics, el cual compara 28.000 universidades del mundo con base en cuatro indicadores de calidad, las “ineficientes” universidades públicas son las mejor calificadas de Costa Rica, muy por encima de las privadas. La UCR es la mejor posicionada, en el puesto 844; es decir, en el 3% mejor calificado del mundo. La universidad privada mejor calificada está en el puesto 7250, y las eficientes universidades donde estudiaron los diputados que han lanzado los peores ataques a las universidades públicas están por debajo del puesto 15.000.
