A raíz de la publicación de UNIVERSIDAD sobre el proyecto de las apuestas deportivas que planea retomar la Junta de Protección Social, esta última entidad lanzó un comunicado en el que dan a conocer la existencia de un proyecto de ley para frenar y combatir la lotería y juegos de azar ilegales.
Dicho proyecto fue impulsado por el presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gustavo Viales Villegas, y secundado por la secretaria de esta comisión, Carolina Hidalgo Herrera, expresidenta legislativa.
Este proyecto busca poner fin a todas las actividades relacionadas con lotería y juegos de azar no avalados o desarrollados por la Junta de Protección Social y cuyas ganancias perjudiquen las utilidades para financiar programas sociales de la institución. Además de cerrar portillos para la legitimación de capitales y la llegada de dineros de dudosa procedencia.
Las sanciones propuestas en el proyecto van desde los dos salarios base de multa (892 000 colones) hasta 10 años de cárcel y el cierre del negocio denunciado. Y tanto la policía nacional como la de cada municipalidad o concejo de distrito están autorizadas legalmente para imponer las sanciones.
En contraparte, para incentivar la denuncia, se estipula que a la municipalidad o concejo de distrito que actúe contra los puestos de lotería ilegal en su territorio se le entregará la mitad de lo recaudado por multas impuestas por ellas mismas con el fin de que financien sus propios programas de seguridad, y la otra parte pertenecerá a la Junta; mientras que de lo decomisado por la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y otras dependencias afines, se le repartirá la mitad a la Junta para financiar programas sociales, y la otra mitad a programas de seguridad y combate al crimen organizado y legitimación de capitales.
La presidenta de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton González, justificó la necesidad de que este proyecto en el cual trabajó controle los recursos que se generan en las loterías y juegos de azar.
“Mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian. Es nuestra responsabilidad proteger y defender los recursos que por ley le corresponden a los sectores más vulnerables o pobres del país. Seguir permitiendo la proliferación de juegos ilegales es una forma de dar la espalda a las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad, es cercenar los recursos para los programas sociales. Costa Rica debe
reaccionar y actuar frente a esos juegos que además generan tantas dudas en cuanto al posible nexo con capitales sospechosos”.
De acuerdo con ella, durante 2018 la JPS distribuyó entre 400 fundaciones de bien social un monto superior a los 37 mil millones de colones, pero que muchas de ellas tienen una dependencia aproximada del 60% de esos fondos y aún así deben hacer grandes esfuerzos para obtener sus propios recursos.
Este proyecto ahora pasará a una etapa de revisión para luego ser debatido en la Asamblea Legislativa.
