El Consejo de Transporte Público (CTP) acelera el proceso de contratación de una consultoría por $2,55 millones (casi ¢1.500 millones) para el plan de sectorización del sistema de buses del área metropolitana de San José sin cumplir con todos los requisitos.
Específicamente, el CTP incumplió la obligación normativa de registrar el proyecto de contratación ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
El incumplimiento se detectó cuando la Dirección Técnica y el Departamento de Proveeduría del CTP consultaron a la oficina de Planificación y Desarrollo de la misma institución si la “Consultoría Profesional Especializada en Ingeniería del Transporte para Apoyar el Proceso de Modernización del Transporte Público en la Gran Área Metropolitana” se encontraba inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Mideplan.
La inscripción en el BPIP es un requisito estipulado en las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (decreto ejecutivo N° 35374-PLAN), con el cual se busca sistematizar toda la información de inversión estatal para identificar necesidades y tomar decisiones.
La duda surgió porque, “de manera verbal”, la Dirección de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicó a funcionarios de la Dirección Técnica, de Proveeduría y de la Dirección Ejecutiva del CTP que dicha contratación era “un complemento” de otro proyecto que ya estaba inscrito, relacionado con la reorganización en el área de Tibás-Santo Domingo de Heredia.
No obstante, en una reunión realizada el pasado 26 de agosto entre funcionarios del CTP y Daniel Figueroa, del Área de Inversiones Públicas del Mideplan, este último aclaró que el proyecto inscrito no contemplaba ninguna contratación de ese tipo ni el presupuesto de $2,55 millones.
De hecho, el nuevo proyecto se relaciona con subsectores como la Uruca, Paso Ancho, Heredia sur, Guadalupe, Coronado, San Sebastián y el sector central. El plazo máximo de ejecución es de 25 meses.
El 28 de agosto, Francisco Tula Martínez, del Área de Inversiones del Mideplan, envió un oficio en el que reiteró al director de Planificación del CTP, Marco Caravaca Reyes, que el registro es necesario.
Con base en esa información, Caravaca remitió un oficio al director Ejecutivo, Manuel Vega Villalobos, en el que le advirtió que la contratación de la consultoría debía ser inscrita en el BPIP, según el documento del cual UNIVERSIDAD tiene copia.
Caravaca además hizo referencia a dos informes de Auditoría Interna en los cuales se concluyó que es necesaria la coordinación con las unidades técnicas para elaborar las justificaciones de proyectos de altas sumas de dinero, así como el apego al Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el cual se establece la inscripción en el BPIP.
Además, señaló que, si bien la Contraloría General de la República (CGR) otorgó el aval al proyecto el 15 de julio -el cual había sido solicitado por el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata-, este se dio condicionado a que se cumplieran 27 requerimientos. Entre ellos, que “la Administración deberá verificar el cumplimiento de cualesquiera requisitos previstos en el ordenamiento jurídico”.
El director de Planificación consideró que no se estaban cumpliendo esos condicionamientos y que correspondía “partir de cero cumpliendo con la normativa técnica y legal que corresponde a todo proceso de contratación”. Además, señaló que, según el Mideplan, con base en los lineamientos vigentes “no se pueden ejecutar recursos ni ejecutar el proyecto de forma paralela”.
Pese a ello, el director del CTP, Manuel Vega Villalobos, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD que la contratación avanzará y que, paralelamente, se hará la inscripción en el BPIP.
“Lo que pasa es que hemos escalado para tener mayor criterio porque son mandos bajos o técnicos (del Mideplan) los que nos han dicho ‘esta es una manera, esta es otra manera’”. (Ver entrevista aparte).
La consultoría será cubierta con fondos del presupuesto ordinario y del superávit del CTP.
El permiso de la Contraloría también condicionó a que “la valoración de la razonabilidad del precio que se llegue a cancelar corresponde exclusivamente a la administración. Para ello, deberán realizarse los estudios correspondientes, que deberán ser suscritos por funcionario un responsable y deberá constar en el expediente respectivo”.
Se le consultó a Vega por los análisis que justifican el precio a pagar e indicó que sí existen estudios de precio, pero que él no los conoce porque los realizó el viceministerio de Transportes. (Ver entrevista aparte).
UNIVERSIDAD intentó conversar con el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, y con el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes Mata, con el fin de preguntarles por el estudio de mercados, así como para saber su criterio sobre los señalamientos al proceso. Sin embargo, pero la oficina de prensa indicó que se encontraban en reuniones.
Aval y objeciones “técnicas”
En la solicitud de permiso que hizo el MOPT ante la CGR, se indicó que la consultoría está conformada por “la entrega de productos y un proceso de acompañamiento técnico permanente en reuniones, sesiones de trabajo, talleres, etc.” (Ver recuadro con todos los componentes de la consultoría).
El documento de justificación del proyecto indica que se deben entregar dos copias impresas y dos PDF de cada uno de los productos finales de esos puntos.
En la reunión sostenida con funcionarios del Mideplan, el director de Planificación del CTP externó sus “dudas”, porque “el CTP ya está incumpliendo con los lineamientos presupuestales y de registro de perfiles, así como la solicitud de la Dirección Ejecutiva de que la elaboración del perfil y la contratación se elaboren al mismo tiempo, en contra totalmente de lo establecido por Mideplan”.
Caravaca señaló que se mencionan entregables “pero no presentan ningún contenido específico de los alcances de cada uno de estos estudios”.
Además, el proceso ha sido objeto de polémica por discrepancias de parte de la directora técnica del CTP, Aura Álvarez Orozco, según ella confirmó ante una consulta de UNIVERSIDAD.
“En realidad (las discrepancias) no han sido con don Manuel, sino con la parte que está llevando el proyecto, porque el proyecto se montó en el MOPT y nosotros aquí teníamos que hacer la ejecución. El problema ha sido sobre algunas cuestiones más técnicas que nosotros (Dirección Técnica) hemos querido meter en la contratación como tal”, manifestó Álvarez.
La funcionaria dijo no poder dar detalles sobre cuáles eran esas objeciones de carácter técnico, pero mencionó que se relacionan con “la forma en que se tienen que pedir los resultados y ese tipo de cosas”. Álvarez solicitó que los detalles sobre esto se consultaran al director del CTP.
Se le preguntó a Vega cuáles fueron esas observaciones, a lo que respondió: “Es del área técnica, entonces hay que hablar con don Eduardo (viceministro) que es arquitecto, con alguno de los ingenieros de ellos. Tal vez las más puntuales son: cómo recabar la información, cómo vamos a vaciar esa información; eso es lo que necesitamos tener claro y es lo que se ha querido ajustar”.
Empresario conocido del MOPT
En la solicitud ante la CGR, el ministro Méndez pidió que se aprobara la contratación directa de la empresa L.C.R. Logística, representada por el señor Leonardo Castro Rodríguez.
Castro han elaborado múltiples estudios sobre transporte en el país. De hecho, en la justificación presupuestaria del proyecto de sectorización se lee que ya en 1989 se contrató a Leonardo Castro Rodríguez “la realización del Estudio de Transporte Urbano del Gran Área Metropolitana”.
Luego, elaboró el “Primer Plan Maestro del Transporte Urbano en el Gran Área Metropolitana 1992-2012”.
Incluso, en el 2016, el Gobierno informó que él era parte de un grupo de expertos que de manera ad honorem asesoraban en el proceso de modernización de transporte público. Los otros asesores “sin remuneración” en ese momento eran Rodolfo Méndez (hoy ministro), Eduardo Brenes (actualmente viceministro) y Juan Mena (quien fue viceministro décadas atrás).
El MOPT justificó su intención de contratar a Castro en “las condiciones particulares de experiencia, conocimientos, preparación académica y participación activa y continua en los estudios e informes técnicos que se usarán como base para llevar adelante el Proceso de Modernización de Transporte Remunerado de Personas en el GAM”.
Sin embargo, la Contraloría otorgó la autorización para que se realice un concurso en el que se invite al menos a tres potenciales oferentes.
UNIVERSIDAD contactó al empresario y le preguntó si conocía cómo se fijó el precio de $2,55 millones para la consultoría.
Castro respondió que hace aproximadamente año y medio el MOPT le consultó, de manera verbal, sobre aspectos como la forma en que se pueden obtener datos de demanda del transporte, el proceso división en sectores operativos y otros relacionados con “todo un proceso de reestructuración operativa de transporte público”.
Además, se le pidió información sobre qué tareas y recursos se requerían para hacer ese análisis. “Entonces me van preguntando todos los componentes, qué involucra y qué costo podrían tener y así fue como yo he dado un poco de información. Pero no me he puesto a hacer el cálculo específico de todo”, explicó el ingeniero.
“Cuando me preguntaban los tiempos yo les decía: ‘eso no dura menos de tanto’. Después cuando me dijeron: ‘y si fuera un presupuesto más o menos de tanto, ¿usted cree que se podría?’ Y yo ahí les decía sí o no, o tal componente tal cosa y no se podría”, relató.
Castro dijo que sus entrevistas fueron “a nivel de ministro, de viceministro, de la gente que está en la parte de planificación”.
Añadió que, antes de solicitar el aval a la CGR, el MOPT le pidió su criterio sobre si “lo que estaban planteando estaba bien o no” y si alcanzaba con ese presupuesto.
El empresario dijo estar enterado de que el MOPT tenía la intención de contratarlo. “Ellos sí me decían que necesitaban que los acompañara en el proceso”.
El ingeniero dijo que se mantiene “al margen” de las situaciones internas que están ocurriendo en el CTP. “Yo soy técnico, si me piden que participe y colabore y les haga el trabajo, yo participo y colaboro y el trabajo obviamente lo haría. Pero si no, igual, no es algo que yo le dé un gran seguimiento. Mi interés por colaborar es porque realmente el asunto del transporte público me preocupa desde hace muchos años y quisiera que mejorara”, agregó.
Manuel Vega Villalobos, director del CTP. “Sí hay un estudio de precios. Es lo que tengo entendido”
Estas son las respuestas de Vega ante los cuestionamientos que incluso han hecho sus subalternos al proceso de contratación de la consultoría
¿Cuál es la motivación de contratar esta consultoría de $2,5 millones?
-Nos van a dar esquemas de movilización, el mapeo de toda la sectorización, nos tienen que dar los conteos de pasajeros en la zona, la cantidad de buses aproximados que pueden funcionar, un modelo de consorcios operativos que ya la ley lo permite. Nos puede dar un modelo de lo que podría ser la política tarifaria en un sistema troncalizado. Eso en grandes líneas.
¿Esa información no la tiene ahorita el CTP?
-No, es que estamos preparando ahorita el proceso.
En la solicitud que se hace ante la CGR se pide contratar a un empresario en particular. ¿Cómo se llega a la decisión de que tenía que ser él y cómo se determina el precio?
-Ya para esos detalles, como vamos a un proceso de concurso, es un poco complejo darlos, pero se llega a un precio, supongo, porque yo no lo lidero, no fui a hacer estudio de mercado directamente yo…
¿Pero sí hay un estudio de mercado?
-Sí, hay un estudio de mercado. Hay un estudio de precios. Desde el punto de vista de la contratación administrativa, que es mi especialidad, uno puede hacer un estudio de precios o un estudio a lo interno, ¿qué ha hecho el MOPT, el CTP y otras instituciones para estudios de esa naturaleza, cuánto han costado en el pasado y qué pueden darnos con precios referenciados?
¿Cuál de esas dos modalidades se hizo en este caso?
-Se hizo una comparación con estudios internos. Eso es lo que tengo entendido porque no lo hice directamente yo.
¿Quién lo hizo?
-El MOPT.
¿El despacho del ministro?
-El despacho del viceministro.
¿Sabe si esos estudios tiene las mismas características de estos productos que se requieren?
-Ese detalle no lo conozco.
Hablé con don Leonardo Castro y le consulté si sabía cómo se había definido ese precio. Él me indicó que, desde hace año y medio, en diferentes momentos, se le habían hecho consultas verbales por parte del ministro, viceministro y CTP sobre qué se podía requerir y que ellos reunieron la información y llegaron a un precio. Entonces mi duda es si eso se comparó con otras opciones, con otras empresas. ¿Usted sabe si eso es así?
-No sé si eso es así.
La Contraloría dijo que es responsabilidad de la administración determinar la razonabilidad de ese precio. Dado que se van a usar fondos del CTP, le pregunto si es normal que usted no conozca cómo se definió ese precio.
-Es que no soy yo el que lo escojo, no fui yo a hacer el estudio de mercado. Aquí se hacen los estudios, se hace todo el proceso de la contratación, se trae a junta directiva y se aprueba. ¿Qué tengo yo de tarea? Sí, liderar el proceso de la contratación administrativa. Pero hay un grupo de profesionales que trabajan en eso.
Hay otro aspecto sobre la inscripción ante el Mideplan. Se había planteado que estaba inscrito pero el Mideplan dice que no es el mismo proyecto.
-Hay conversaciones con Mideplan para lograr una inscripción o tener claridad si el proyecto a través del tema de troncalización de Tibás ya incluye la sectorización.
Entiendo que el Mideplan ya indicó que tiene que inscribirse.
-Lo que pasa es que hemos escalado para tener mayor criterio porque son mandos bajos o técnicos los que nos han dicho: esta es una manera, esta es otra manera.
¿Cuándo se escaló eso y ante quién?
-Eso lo maneja don Eduardo (viceministro). Eso tiene que conversarlo con él. En nuestro caso ya estamos casi listos para proceder.
¿Ese casi listos es la publicación del concurso?
-Sí, eso es.
La directora técnica del CTP me dijo que sí se han presentado objeciones a la forma en que se está preparando el proceso de contratación. ¿Qué se ha hecho al respecto?
-Corregir en la medida de lo posible para que el proceso de contratación sea el más adecuado a los intereses de la institución. Hay ajustes, para tener claridad sobre cómo se recibe la información por parte del consultor.
¿Cuáles fueron las observaciones?
-Es que es del área técnica, entonces hay que hablar con don Eduardo (viceministro) que es arquitecto, con alguno de los ingenieros de ellos. Tal vez las más puntuales son: cómo recabar la información, cómo vamos a vaciar esa información, eso es lo que necesitamos tener claro y es lo que se ha querido ajustar.
Entonces por su parte seguirán avanzando.
-Tenemos una orden de junta directiva, ya están los documentos preparados, tenemos notas del ministro, tenemos la autorización de la Contraloría, que para tranquilidad de nosotros es lo más importante.
Precisamente la Contraloría al dar el aval condiciona a 27 puntos y uno de ellos es que se verifique el cumplimiento de la normativa…
-De contratación administrativa. Y se verifica. Cuando la Contraloría le dice eso a uno es, por ejemplo, que verifique que esté al día en la Caja, esa es la normativa de contratación administrativa, o que verifique que el oferente haga desglose de precios, o que se esté solicitando correctamente la garantía de cumplimiento.
¿O que se verifique el cumplimiento de la normativa de Mideplan, como le hizo ver a usted el director de Planificación?
-Sí, con el tema de la inscripción de proyectos.
Usted me dice que están prácticamente listos, pero entonces, ¿usted está a la espera de que don Eduardo hable con quien él haya escalado en Mideplan?
-No necesariamente porque ahí es donde hay una visión distinta, se la aclaro. Si bien es cierto hay que inscribir proyectos también es cierto que se hacen proyectos y se van inscribiendo en paralelo.
¿Eso es lo que van a hacer?
-Los tiempos no nos dan. Si se nos dice que está inscrito de una manera y después que no, que no es suficiente o la mejor forma, hay que inscribirlo en paralelo. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y no hacer ningún proceso de contratación hasta que A, B, C y D esté hecho. A ese nivel la normativa no es tan exigente, hay maneras remediales de corregirlo.
¿Por qué no esperar?
-Porque no nos da tiempo
¿Tiempo a qué?
-Ah bueno, porque si nosotros queremos modificar el sistema de transporte público ahí afuera para tener ahora un sistema sectorizado lo tenemos que ajustar a los vencimientos de las concesiones, porque sino nunca tendríamos. Tenemos 20 años de no tenerlo. Entonces yo necesito que tengamos las concesiones listas desde el punto de vista jurídico porque se vencen en setiembre del 2021, para decirle a los operadores, esta es la nueva dinámica, ya no de rutas sino sectorizado.
El director de Planificación del CTP le indicó que no se debe hacer de forma paralela.
-Pero imagínese que tenemos dos notas anteriores del compañero de Planificación donde nos decía que sí lo podíamos hacer con ese número (el otro proyecto inscrito), que podemos hacerlo paralelo y después con un criterio de otro nivel en Mideplan ya no se puede hacer de esta manera sino de otra, entonces hay duda.
Pero usted como director ejecutivo…
-Yo no dudo, vamos adelante con el proyecto
