La diputada Carmen Chan presentó una propuesta de reforma al artículo 85 de la Constitución Política que pretende que las universidades públicas destinen no menos del 30% de su presupuesto a las sedes regionales.
En el proyecto se argumenta que hay una concentración del presupuesto en las sedes centrales de las universidades públicas que contribuye a la desigualdad en el país, y se le da diez años para alcanzar el mínimo porcentual.
Pero el proyecto no encontró cabida en la Asamblea, en donde los diputados se cuestionan la utilidad y factibilidad de la propuesta.
La diputada Yorleni León del Partido Liberación Nacional (PLN) considera que un proyecto como el que propone Chan debería esperar a que finalice el trabajo la Comisión que estudia el FEES.
“De la comisión podrían salir cosas mayores y satisfactorias sin necesidad de una reforma constitucional. A mí los porcentajes y destinos específicos consignados en leyes me asustan porque se convierten en leyes escritas en piedra”, comentó León.
La diputada Chan considera que su proyecto no entra en conflicto con las labores de la comisión y que no es definitivo que de esta salgan proyectos o reformas.
El diputado independiente Erick Rodríguez dijo el proyecto era “terrible” por destinar porcentajes arbitrarios sin tener claridad de en donde se va a gastar ese presupuesto.
“Nadie mejor que las universidades saben cómo ejecutar sus presupuestos, como para que el parlamento les diga cómo gastarlo”, aseguró Rodríguez.
Tanto Erick Rodríguez como el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana, consideran que la propuesta podría tener roces constitucionales al obviar la autonomía con la que cuenta la universidad en temas de presupuesto.
“Temo que se puedan abrir portillos para que por esta vía se empiece a indicar, desde la política y la Asamblea, a las universidades como deben manejar su presupuesto”, agregó Sánchez.
Sánchez dice el proyecto parece tener un problema de fondo al no adjuntar una justificación técnica que considere al mercado generacional, el relevo generacional y los planes de las universidades para el porcentaje que se estableció.
“Yo coincido en el espíritu de esta propuesta en el sentido de que las universidades y el Estado deben procurar aumentar la inversión en las sedes regionales, pero no me parece la vía para hacerlo”, dijo Sánchez.
Wagner Jiménez, del PLN, dice no conocer el proyecto en detalle pero asegura que el fijar un porcentaje por ley debe analizarse con detenimiento, y asegura que va a indagar si hay un fundamento técnico para el 30% establecido.
“Creo en el fortalecimiento de la regionalización, es urgente una mayor y mejor oferta académica en las zonas costeras del país y las zonas más pobres”, comentó Jiménez.
Contrario a estos diputados, Carmen Chan no considera que su proyecto sea inconstitucional y dice el porcentaje se estableció a partir de una revisión de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2017.
“(Enaho) indicó que en las regiones periféricas los niveles de pobreza casi llegan al 30%. También se tomó en cuenta el aumento de estudiantes matriculados en sedes regionales” dijo Chan.
Imposibilidades técnicas
La propuesta de la diputada Carmen Chan dice que alrededor del 10% del presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR) es destinado a sedes regionales, 8% de parte de la Universidad Nacional (UNA) y un 19% del Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Sin embargo, el Vicerrector de Administración de la UCR, Carlos Araya, asegura que los datos no son precisos pues no toman en cuenta que la universidad tiene partidas centralizadas.
“Por ejemplo en la partida de becas no hay una partida para una sede, sino que hay una sola centralizada en el presupuesto general que en el presupuesto aparece como si fuese de Rodrigo Facio, pero que incluye las becas para todas la población estudiantil”, explicó Araya.
Según Araya, tomando en cuenta las partidas centralizadas se calcula que la Universidad de Costa Rica destina un 18% del presupuesto a regionalización.
“Yo soy producto de la regionalización universitaria y estoy convencido de que ese presupuesto tiene que aumentarse. Ese es el camino de la 
Universidad”, mencionó Araya.
El Vicerrector de Administración asegura que la propuesta tiene problemas de fondo técnico pero no material, puesto que en un contexto en el que crece el FEES la Universidad podría aumentar la inversión en sedes.
Sin embargo, para lograrlo con el presupuesto de actual tendría la única opción de trasladar recurso humano de la sede central a las regionales. Actualmente el 70% del presupuesto de la UCR se destina a salarios y el restante 30% a becas, infraestructura, equipo y servicios públicos, según Araya.
“En un contexto en el que los recursos destinados a educación superior disminuyen, cómo pensar que materialmente es posible trasladar más recursos a las sedes regionales sin una afectación directa a la actividad que se realiza en la Rodrigo Facio”, agregó Araya.
Araya se refiere concretamente al recorte de ₡10 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por decisión de la Asamblea Legislativa.
El Vicerrector no cree que fijar un porcentaje sería un problema administrativo para la Universidad ya que hay otras partidas, como la de equipamiento, que por norma tienen un porcentaje fijo, o en el caso de los salarios que tienen un tope por norma, pero asegura que la modificación del artículo sería inconstitucional al violar su independencia.
“Nos preocupa que sea desde la Asamblea Legislativa que se quiera impulsar reformas de este tipo que obligan a las universidades a determinar hacia dónde se van los recursos. Preferimos que sea una decisión propia de las universidades y hemos venido trabajando en eso”.
