El veladero es una estructura improvisada en medio del bosque, utilizada por cazadores durante la noche para alcanzar cierta altura en un sitio contiguo a algún árbol que esté “tirando fruta”. El guardaparques Dennis Carmona explicó que “cuando el animal llega, generalmente tepezcuintles, el cazador lo encandila con una luz fuerte y le dispara”.
Carmona detalló que la estructura también es denominada tabanco o tapezco y que ese método particular de cacería es “muy utilizado y muy dañino”. Esa práctica de la cacería ilegal nocturna es una de las realidades que inciden en que quienes se dedican a este oficio no puedan ceñirse a horarios de oficina y que sus labores cotidianas sean peligrosas.
Pero las acciones y movimientos de cazadores constituyen hoy en día uno más de los muchos peligros que estas personas enfrentan regularmente, como la presencia del narcotráfico en las áreas silvestres protegidas (ASP) del país. Todos estos problemas se acumulan ante una celebración más del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio.
Recién este mes de mayo, en el sector de playa Llorona, en el Parque Nacional Corcovado, un joven funcionario fue herido de bala en el estómago: un caso que ilustra la deficiente disposición de recursos.
Según sostiene con indignación Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (Sitraminae), “no tenemos chalecos antibalas, al muchacho de la Llorona no le hubiera pasado nada si hubiera tenido chaleco”.
Denunció que ese sitio es de particular peligrosidad, ya que “todos los días sale droga”. Llorona es una playa de 30 kilómetros de extensión, imposible de controlar en su totalidad a diario y donde los guardaparques deben alojarse en tiendas de campaña, lo cual los pone en situación de franca vulnerabilidad.
“Hemos pedido un centro operativo aunque sea prefabricado, que reúna condiciones de un poco de seguridad”, expresó el funcionario.
Molina informó, además, que el narcotráfico es “fuerte” en las ASP de la provincia de Limón, como Tortuguero, y en Guanacaste. Afirmó que “de playa Rey, del Parque Nacional Manuel Antonio, sale droga”.
En enero UNIVERSIDAD abordó el tema de los recortes presupuestarios al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) por ¢2.000 millones. En esa oportunidad, Grettel Vega, directora de la institución, aseveró que incluso jerarcas han debido pagar las horas extras de trabajadores como chóferes para poder realizar giras.
En esta oportunidad de nuevo se le buscó y en un primer momento la funcionaria mostró buena disposición, pero solicitó se le llamara posteriormente a razón de una serie de reuniones que según informó debía sostener. Sin embargo, al cierre de edición fue imposible contactarla.
Daño en las ASP
“Estamos cercados por todo lado. Nos hacen falta 800 guardaparques”, aseveró el sindicalista Molina. Según dijo, en la actualidad se cuenta con unos 300 guardaparques que trabajan en control y protección, con otros 100 en labores administrativas, encargados de programas de educación ambiental, turismo o investigaciones. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) cuenta en total con unas 1.300 personas.
Todo ello tiene efecto real en la misma razón de ser de las ASP. Un documento enviado por Carmona y el guardaparques pensionado José Antonio Salazar a Vega, en setiembre del año pasado, entre otras asuntos, citó un análisis de monitoreos biológicos realizados entre 2010 y 2012 por el Instituto Internacional de Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis -UNA) y el Programa de monitoreo del Área de Conservación Osa (Acosa).
Esos estudios determinaron “una baja considerable en las principales especies de mamíferos, siendo grupos indicadores como los jaguares y chanchos de monte, unos de los más seriamente afectados”.
Carmona y Salazar también apuntaron los “perturbadores datos” suministrados por funcionarios guardaparques de otras ASP como Tortuguero, Isla del Coco, Palo Verde, Santa Rosa, Hitoy Cerere, Carara, Manuel Antonio, Braulio Carrillo, Tapanti, Cabo Blanco, Tenorio, o Caño Negro.
Todos ellos se basaron en sus observaciones en el campo y “reportan que muchas especies han dejado de ser numerosas y que las actividades ilícitas de cacería, pesca, comercio ilegal, y hasta narcotráfico han aumentado en las diferentes ASP donde laboran”. El documento subraya que en el caso del Parque Nacional Braulio Carrillo, “la cacería es de casi todos los días”.
Mejores condiciones
Problemas como la presencia de cazadores o la incidencia de incendios forestales hacen que el trabajo de estos funcionarios no conozca horarios fijos. Molina señaló dos aspectos puntuales por los que luchan los guardaparques, que se les reconozca el pago por los rubros de riesgo policial y disponibilidad, ya que “hemos regalado nuestro tiempo por muchos años y con orgullo, protegiendo el patrimonio natural del Estado” pero ven que “a todos los cuerpos policiales les reconocen, y nosotros tenemos que mendigar al Estado, a los jerarcas de la institución, esos incentivos”.
La importancia de ello deviene en que según dijo muchos guardaparques terminan su vida laboral para luego subsistir con “con pensiones de hambre”. Al respecto, aseguró que “tengo guardaparques pensionados con ¢175 mil, ¢400 mil y otros de ¢450 mil al mes”.
Añadió que el salario ronda los ¢500 mil a ¢600 mil, pero si se suman los rubros de disponibilidad y riesgo policial, puede mejorar a ¢750 mil u ¢800 mil.
Dijo que al menos, el pago por riesgo policial se hará efectivo luego de que unos funcionarios de Guanacaste ganaron un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y que las autoridades “están corriendo para ver cómo le pagan tanto ellos como a todos los demás”.
Respecto a la disponibilidad, dijo que el pago está pendiente para “casi 340 personas que trabajan en control y protección y en incendios forestales”.
Sin embargo, más allá de la remuneración que reciben, el funcionario enfatizó que “estamos en inminente riesgo a nuestra integridad física” Como ejemplo de la falta de recursos, relató que se hacen patrullajes hasta de 14 horas en plena montaña sin suero antiofídico; además de que los infractores -sean cazadores o narcotraficantes-, cuentan con mejores armas y equipos.
Policías a la calle
Roberto Molina insistió en que los guardaparques son un cuerpo policial, pues “tenemos funciones estrictamente de policía: patrullamos, decomisamos, ponemos denuncias en Ministerio Público”. Por ello consideró que su salario debe incorporar rubros como la disponibilidad y el riesgo policial.
Así, informó que, para exigir esas reivindicaciones y una mejor disposición de los recursos necesarios, planean una marcha en San José el próximo 12 de junio, la cual aún está por confirmar.
Sin embargo, adelantó que todos los cuerpos policiales del país realizarán una manifestación el día 24 de junio para exigir mejores condiciones laborales. “Ya nos estamos preparando, vamos con todo”, anunció.
