41 diputados aprobaron este lunes una moción que le permitiría a las aseguradoras deducir del Impuesto sobre la Renta la contribución obligatoria que anualmente realizan para financiar al Benemérito Cuerpo de Bomberos, la cual consiste en un 4% de las primas de todos los seguros que venden en el país.
Este beneficio le permitiría a la aseguradoras excluir de sus declaraciones de renta los ¢34.500 millones que aportan al Cuerpo de Bomberos, monto que recoge el presupuesto ordinario de esa institución para el año 2019 (¢26.680 millones del INS y casi ¢7.900 millones de las aseguradoras privadas).
El nuevo beneficio se incluyó en una moción al expediente 20.404 que plantea la creación del Sistema de Estadística Nacional, un texto en el cual solo se adhería un aporte del 0,5% para financiar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) pero ahora también incluyó la reforma sobre el impuesto.
Ese 0,5% —que representaría unos ¢4.300 millones anuales para las aseguradoras— sí se había contemplado como un posible aporte deducible de la renta; sin embargo, ahora los diputados permitirán también ese trato diferenciado para los otros ¢34.500 millones restantes que las empresas pagan para financiar los bomberos.
Esta fuga de recursos llega en momentos en los que Hacienda enfrenta serios problemas de recaudación (por impuestos estancados o decrecientes), una situación que recientemente incluso motivó a las autoridades estatales a impulsar una reforma fiscal. No obstante, la moción fue aprobada con el apoyo de casi todas y cada una de las fracciones legislativas, con excepción de seis diputados.
Entre ellos estuvo solo uno de los diez oficialistas, el exministro de Economía Welmer Ramos. Ramos aseguró que “meter esto era meter una erosión importante a la base fiscal”, pues “ese 4% no era deducible” ni tenía por qué serlo y subrayó que con esa moción solo se estaba “exonerando a un sector importante y haciéndole un hueco a las finanzas públicas”.
Aparte de Ramos, también se externó en contra del cambio abiertamente el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), quien advirtió —aunque sin alcanzar mayores resultados— que la moción “venía con trampa”.
“Una cosa era deducir el 0,5% que se le agrega a las aseguradoras para financiar al INEC y otra cosa era meter el gol de que también vaya a ser deducible la contribución a los bomberos, algo que nunca estuvo en el acuerdo que aprobó esta Asamblea cuando se creó esa contribución obligatoria, durante las negociaciones de la agenda de implementación del TLC, con el objetivo de que todas las aseguradoras asumieran solidariamente el financiamiento de los bomberos”, puntualizó.
Además, Villlata recordó que esta modificación podría ayudar a las aseguradoras en los estrados judiciales, pues muchas de ellas ya sostienen juicios pendientes contra Hacienda por haber intentado deducir esas contribuciones a pesar de que la Dirección General de Tributación (DGT) ha dicho en reiteradas ocasiones que no podían hacerlo.
Villalta también cuestionó que veía “un doble discurso” en las otras fracciones legislativas, pues muchas habían manifestado la necesidad de implementar una mayor responsabilidad fiscal en el pasado, pero ahora no dudaron en aplicar un nuevo incentivo que —según sus estimaciones— le costaría hasta ¢7.000 millones anuales al Estado.
Tanto Ramos como Villalta propusieron otras varias mociones para corregir este cambio; sin embargo, todas fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores.
Entre esa mayoría estuvo el resto de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC); cuyo jefe, Víctor Morales Mora, señaló que la nueva indicación solo buscaba responder a las observaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), que “claramente manifestó estar de acuerdo con el proyecto y en que se le estableciera la obligación del 0,5% para financiar al INEC, pero que también llamó la atención sobre cómo la Asamblea Legislativa aprobó tres nuevas obligaciones fiscales que le afectaban, o que incidían sobre el sector de los seguros en general, durante el último año”.
Esas “nuevas” obligaciones hicieron que el INS tuviera que cumplir con un aporte del 15% de sus utilidades al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte que habían desatendido desde inicios de siglo; así como otras dos indicaciones de la reforma fiscal recién aprobada en diciembre: una para aumentar su pago de la Renta del 8% al 15%, y otra que establecería un nuevo impuesto sobre los seguros personales.
Según el INS, estos últimos cambios implicarían nuevos aportes de ¢7.000 millones y ¢2.500 millones al Estado solo por parte de la institución; por lo que las nuevas contribuciones podrían considerarse lesivas para sus operaciones si no se les daba un trato diferenciado.
En esa línea, el diputado Morales, exministro de Trabajo, señaló que la idea principal entonces era proteger al INS, que “es una empresa en competencia y que tiene la necesidad de capitalizarse y de hacer crecer su patrimonio, pero cuya única fuente para ello es la generación de utilidades”.
Los diputados ya habían aprobado este proyecto en primer debate sin este beneficio fiscal; sin embargo, lo habían devuelto a su etapa de primer debate a través de una moción especial para ello. Este tipo de procedimientos es una de las nuevas modificaciones que se realizaron al reglamento legislativo el año pasado, según la cual es posible retrotraer el proceso a primer debate —por una sola vez— con el apoyo de dos o más jefes de fracción y el voto favorable de al menos 38 de los 57 congresistas.
Ahora será imposible que los diputados realicen nuevos cambios al texto, pues ya no podrá retrotraerse de nuevo. Por el contrario, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, fijó este martes como la fecha para su votación en primer debate.
Los únicos diputados que votaron en contra la reforma (aparte de Ramos y de Villalta) fueron el liberacionista David Gourzong, la socialcristiana Shirley Díaz, y los integracionistas Patricia Villegas y Walter Muñoz.
