Miles de familias costarricenses se ocupan de la producción, procesamiento y comercialización de productos de agricultura orgánica, y se han consolidado como un sector organizado con importantes logros en su ardua lucha por proveer alimentos saludables, pese al escaso apoyo oficial y las persistentes dificultades que enfrenta su actividad.
El sector enfrenta retos sin resolver desde que el Programa Nacional de Agricultura Orgánica fue creado por decreto ejecutivo en 1994.
No fue sino más de diez años después, en el 2006, que gracias a años de trabajo de muchos productores y organizaciones civiles promotoras de la actividad se aprobó la “Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la agricultura orgánica nacional para personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas”.
El objetivo de la normativa era apoyar y promover la producción, fomento, transformación y la comercialización de productos orgánicos; es decir, cultivos en suelos sanos, con insumos naturales, sin químicos sintéticos.
Sin embargo, hasta la administración pasada, en el programa de agricultura orgánica lo que había era una sola persona, y el departamento que debió haberse creado hace diez años, se creó el año pasado, según relata la coordinadora del programa, Rocío Aguilar Ramírez.
“Tenemos cinco meses de tener oficina, estamos armándonos, todavía nos falta personal, pero tampoco es fácil tener el personal idóneo dentro de las instituciones”, decía hace unas semanas la funcionaria.
Aguilar reconoció que la porción de productores orgánicos es muy pequeña respecto a la de productores convencionales, pero dice que se está avanzando en el fomento, la capacitación técnica, que es muy importante, y se está haciendo una revisión de los mecanismos para operativizar la ley de agricultura orgánica.
Hasta ahora la realidad es que en términos del área de cultivos orgánicos certificados el crecimiento del sector ha sido raquítico, incluso con una caída en relación con lo que había en el 2010.
Ese año había 11.115 hectáreas (Ha) con certificación orgánica, pero bajó hasta 7.448 en el 2013, para recuperarse luego con altibajos hasta las 8.965 Ha registradas en la actualidad, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El sector enfrenta importantes retos sin resolver, empezando por la falta de una política de agricultura orgánica de parte de los distintos gobiernos, en cuenta el actual, que prometió impulsar la producción orgánica dentro de un programa de agricultura familiar, según reclaman algunos agricultores.
Mientras tanto, en una tarea que tenía pendiente, la actual administración integró a inicios del año la comisión nacional de agricultura orgánica, un órgano asesor del MAG, que se conforma con representantes del sector propuestos por los productores, organizaciones no gubernamentales, agencias certificadoras y universidades públicas. Como coordinador fue nombrado Luis Felipe Araúz, ministro de Agricultura en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
En la definición de temas por desarrollar en su agenda de trabajo, uno de los que más interés despertó en la comisión, son los incentivos para agricultura orgánica que puede dar el MAG con recursos que recibe del 1,1% del impuesto único a los combustibles.
Por un decreto de la administración pasada se estableció un método para el uso de esos recursos, y este año se ha hecho una campaña de visitas a las regiones para informarles a los técnicos y a los productores sobre los procedimientos para el acceso a los incentivos, además de talleres de capacitación técnica que están programados, comentó Aguilar.
No hay muchos especialistas en agricultura orgánica y en las nuevas técnicas que se deben aplicar; hay regiones que no los tienen, por lo que hay que moverlos de una región a otra. Algunos son jefes de junta de extensión y eso dificulta el importante trabajo de capacitación, reconoció la funcionaria.
También se encuentran dificultades en relación con normas que enredan la comercialización y supervisión de la producción orgánica, dada la diversidad de actores.
Por ejemplo, si se trata de un productor orgánico certificado, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del MAG, puede llegar a hacerle una inspección; “pero si es un productor convencional y dice que es orgánico no tengo herramientas legales, porque podemos trabajar con el que está certificado, este tiene que cumplir las normas, pero el que no lo está, no”, apuntó Aguilar.
Otro ejemplo es que en los puntos de venta el que tiene injerencia en el control es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Si se trata de la exportación, la certificación orgánica no es necesaria si el país importador no avala la normativa costarricense y, por tanto, no exige su cumplimiento, según estableció en noviembre pasado la Procuraduría General de la República (PGR), ante una consulta hecha por el SFE cuando se ventilaba una denuncia por un supuesto fraude con una exportación de falsa piña orgánica.
¿Resulta entonces, con ese criterio de la PGR, que un producto que sale como convencional de Costa Rica puede entrar como orgánico en otro país?, han cuestionado algunos productores del sector temerosos de que esa posición facilite la comisión de fraudes por parte de aprovechados en busca de ganancia fácil con producto convencional vendido a mejor precio como si fuera orgánico.
Para el director del SFE, Fernando Araya, es incorrecta esa interpretación del mencionado pronunciamiento de la PGR.
Su posición es que todo producto que se comercialice en el país como orgánico tiene que estar registrado y regulado por el SFE. “El 100% de la fruta que salga de aquí sin nuestra certificación es considerada convencional. El mercado decidirá lo que ocurra fuera de Costa Rica, pero de aquí no puede salir orgánica”, sostuvo Araya.
El funcionario destacó como un motivo de orgullo para el país que la Unión Europea, Canadá y Panamá avalen la certificación orgánica nacional como equivalente con la de ellos.
Esta conversación que se produce luego de que la comisión de ingreso y gasto público de la anterior Asamblea Legislativa investigó en el 2017 una denuncia de supuesto fraude con una exportación A EE.UU. de falsa piña orgánica en San Carlos, y supuestas irregularidades en la investigación del caso por parte de las autoridades del MAG.
Estas autoridades en el MAG descartaron que hubieran ocurrido las anomalías, contrariamente a la queja planteada por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) contra el exportador involucrado.
En su informe la comisión dio como posible la comisión del fraude, por lo que propuso al plenario trasladar el expediente al Ministerio Público para que investigue eventuales ilícitos de funcionarios del MAG y otros actores involucrados. El informe no ha sido discutido en el plenario, y en EE.UU. las autoridades de agricultura orgánica archivaron la denuncia que también les llegó, tras descartar que hubiera habido un proceso anormal.
Aparte, y como secuela del asunto, en los tribunales están pendientes de resolución de denuncias penales contra funcionarios del MAG y otras personas relacionadas con el supuesto fraude e irregularidades en la investigación.
ACLARACIÓN
Respecto a este tema, valga aclarar lo consignado en la nota “Procuraduría avala exportar productos orgánicos sin certificación si el país de destino no la pide”, del pasado 22 de enero en este medio, donde se indicó erróneamente que había denuncia penal contra la firma certificadora que otorgó certificación al empresario para exportar mientras esta estaba suspendido (por el SFE y era objeto de investigación).
De hecho, lo que hay es una denuncia de Canagro en la fiscalía de San Carlos, no directamente contra la certificadora, sino contra el empresario, pero en la que se pide investigar la actuación de la certificadora en ese asunto.
Paralelamente, la misma agrupación presentó el año pasado al SFE dos solicitudes para que se investigue administrativamente supuestas actuaciones irregulares y responsabilidades de funcionarios y del representante de la certificadora en la atención de este caso y otro distinto que se detectó en 2014 con exportación de falsa piña orgánica.
El director del SFE rehusó referirse al curso que se le ha dado en su despacho a esas solicitudes de investigación, pues adujo que se trata de temas que están judicializados, y lo que diga puede afectar los procesos que debe resolver los tribunales.
Por su parte, Humberto González, quien en su momento era representante legal de la agencia certificadora estadounidense Primus Labs, sostuvo que es falso que se diera la mencionada autorización o certificación al empresario para exportar mientras estaba suspendido.
Además, dicha certificación no era necesaria, porque a EE.UU. se puede exportar en cualquier momento con la certificación del Programa Nacional Orgánico de ese país (NOP siglas en inglés), como era el caso, y no se necesita certificación con la norma local, como lo vino a ratificar el pronunciamiento de la PGR, afirmó.
En su caso, lo que sucedió fue que el exportador le pidió su opinión técnica y él se la dio con conocimiento de causa por la experiencia que tiene. “Le doy mi opinión y él toma su decisión (de exportar) y la tomó correctamente”, dijo González.
