Hacer que una empresa crezca se está volviendo tarea casi imposible para los miles de microempresarios que viven en la informalidad mientras siguen a la espera de un reglamento que pretende disminuir el monto en la cuota patronal durante un período de cuatro años, pues se encuentra engavetado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El reglamento para el aseguramiento de microempresas y emprendimientos fue publicado en el diario La Gaceta el pasado 13 de diciembre; sin embargo, hasta el momento -cinco meses después- no se ha aplicado pues se encuentra “en revisión”.
El reglamento pretende regular “el beneficio de contribuir hasta por un período de cuatro años a partir de una base ajustada al salario en el Seguro de Salud para aquellos patronos microempresarios, sean físicos o jurídicos, que se inscriben o reanuden ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con un máximo de hasta cinco trabajadores y tienen actividades económicas de carácter permanente, para lo cual deberán de cumplir con las condiciones indicadas en este reglamento” (sic), se lee en el diario oficial La Gaceta.
Para acceder a esta disminución en la cuota patronal en el Seguro de Salud, las microempresas deberán tener una planilla conformada entre una y cinco personas como máximo al momento de la inscripción, no tener deudas con la CCSS y tener un domicilio con cuenta bancaria a su nombre, con el propósito de que se realice el cobro de las cargas sociales de forma automática y segura.
Asimismo, deberán estar acreditadas como microempresas en el MEIC o MAG, cumplir con las disposiciones que emita la Caja sobre actualización de datos y no tener procesos de investigación por eventuales incumplimientos en materia de aseguramiento, por parte del servicio de Inspección.
El beneficio solo se aplicaría durante un período de cuatro años. Durante el primer año, los patronos harán un aporte al Seguro de Salud de 4,25% y 5,25% al segundo año. Para el tercer y cuarto año el aporte aumentará a 6,25% y 7,25% respectivamente.
“La prima contributiva del Seguro de Salud, en cuanto a patrono, trabajador y Estado se mantiene según lo dispuesto en su utilización de la Base Ajustada al Salario. Asimismo, las cuotas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte serán las establecidas en su Reglamento”, señala la publicación.
Para combatir la informalidad, la OCDE recomendó al país adoptar una estrategia integral que incluya acciones para reducir los costos laborales no salariales, simplificar la estructura del salario mínimo, fortalecer los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley y reducir los obstáculos al emprendimiento, así como mejorar la capacitación y la educación.
“El Gobierno está considerando reducir la tasa de contribución de los empleadores para las empresas nuevas y pequeñas durante los primeros cuatro años de funcionamiento, de aproximadamente 25% de la nómina bruta a entre el 13,33% y el 15,33%. Se espera que se llegue a un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante 2018 para permitir que las contribuciones del empleador se reduzcan a entre 18,83% y 20,83%, y también se está analizando un proyecto de ley para reducir la tasa en 5,05 puntos porcentuales adicionales”, se lee en el informe económico de la OCDE 2018.
“Cuando las finanzas públicas vuelvan a la normalidad, el gobierno debería considerar una reducción generalizada en las contribuciones a la seguridad social, con el fin de evitar distorsiones que puedan surgir de los recortes específicos del sector”, añaden.
¿Por qué no se ha aplicado?
De acuerdo con el presidente de la CCSS, Román Macaya, este reglamento fue publicado en La Gaceta para “recibir comentarios”. Una vez que se haga el análisis de los comentarios, se elevará a Junta Directiva y se hará su aplicación.
Según el presidente ejecutivo, el 70% de las empresas que contribuyen con cuotas obrero patronales a la Caja corresponde a microempresas.
“Cualquier medida que toque a las microempresas tenemos que analizarla con lupa porque lo que queremos es promover la formalización y no la informalidad. Aquí podrían crearse incentivos a la reincorporación en una sociedad nueva. Estamos buscando los mecanismos mediante los cuales podemos limitar esos riesgos para buscar la mayor formalidad. Se publicó el reglamento para recepción de comentarios. Estos comentarios están siendo analizados y estamos buscando los mecanismos para limitar los riesgos, para elevar esto a Junta Directiva”, señaló Macaya.
Las autoridades esperan que la aplicación del reglamento se realice en los próximos dos meses, una vez que sea avalado por la junta.
Macaya aseguró también que desde la CCSS existe gran interés para disminuir la informalidad en el mercado laboral.
“Nosotros tenemos todo el interés en que se promueva más formalidad en el mercado laboral, pero dentro de eso tenemos que resguardar los riesgos que puede implicar diferenciar esquemas de cotización obrero patronales más beneficiosos”, externó Macaya.
Para el jerarca de la Caja, este reglamento beneficia las finanzas de la institución “en la medida en que más gente y empresas estén en el mercado formal, mejor está la CCSS económicamente, pero tenemos que mitigar los riesgos”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Microempresas en los Hogares (Enameh) 2017, se contabilizaron 417.934 microempresas de los hogares en el país. Esto significa un 12,6% más que en el año 2015, cuando se estimaron 371.191 actividades productivas desarrolladas en los hogares por medio de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (Enhopro).
Asimismo, entre los dueños de estos negocios predomina la baja escolaridad en la educación regular, pues el 48,2% alcanza hasta un nivel máximo de primaria completa, mientras que solo el 17,0 % posee educación superior.
El informe también arrojó que el 98,6% de microempresas no asignan salario. Además, un 82% no llevan contabilidad formal.
Sobrevivir
De aplicarse el reglamento, microempresas como la de don Gustavo Fallas, quien se dedica a la producción hidropónica con riego semiautomatizado, podrían crecer.
Actualmente, este vecino de San Rafael de Heredia, quien se dedica a la producción de almácigos y chile jalapeño desde hace tres años, solo ha podido contratar a una persona pese a que -considera- necesita más personal en su negocio.
“En este momento tengo un compañero nicaragüense, le estamos pagando salario mínimo sin cargas sociales. Esa persona es refugiada y está en proceso de formalizacIón. A como están concebidas ahorita las cargas, sería imposible ahorita cumplir”, señaló Fallas.
Este microempresario de 59 años se encuentra interesado en que este reglamento se apruebe; sin embargo, considera inoperante el actuar de la Caja.
“Me sorprendió darme cuenta que existiera un reglamento para aplicar a gente que estamos en situación informal y que no se haya aplicado. Es como decir que tengo un dinero guardado y que no lo sabía o algo así. Fue sorpresa ver la inoperancia y desidia de funcionarios de la CCSS para aprobar el reglamento”, argumentó el microempresario.
Y es que de no aprobarse este reglamento, Fallas podría sumarse a la lista de microempresas que no pueden salir de la informalidad y al final mueren. Este es el caso de la recicladora Turricicla, ubicada en Turrialba.
Esta microempresa fue creada en el 2011; sin embargo, sus finanzas no soportaron los altos costos que conllevan el aseguramiento de diez empleados. Luego de dos años, la recicladora tuvo un cierre técnico.
“Fui microempresario pero se me dificultó, teníamos una pymes que se llamaba Turricicla y nos dedicábamos al reciclaje en el cantón de Turrialba. Pagué cargas sociales al inicio. Era complicado porque cuando uno inicia hay una curva para posicionar, estabilizar y ocupábamos mínima cantidad de mano de obra”, mencionó el ex microempresario y dueño de Turricicla, Jorge Solano.
Durante seis meses, la microempresa contó con una planilla de diez empleados. Luego de este período disminuyó a cuatro y se hicieron contrataciones por servicios profesionales; situación que la terminó condenando a la ruina.
“Estos contratos se hicieron por concepto de cantidad de material reciclado. Eso no funcionó pues iban a trabajar cuando les convenía y se iban. Había ausentismo. Al final vendimos empresa, la sociedad anónima con activos. En realidad es muy pesado sostener una planilla y la opción alternativa tampoco nos generó estabilidad”, explicó el joven de 28 años.
Para la coordinadora de proyectos de Yo Emprendedor (organización sin fines de lucro), Oxana Mena, los microempresarios no aseguran a sus empleados y deciden vivir en la informalidad debido a que no cuentan con el dinero necesario para pagar las cuotas obrero patronales cada mes.
“Muchos no se formalizan por eso, por asegurarse. Es inversión que no se puede sacar. El financiamiento para ellos es un proceso complicado. Hemos tenido casos donde acuden a préstamos personales”, mencionó Mena.
