Hace poco (14 y 15 de marzo), se realizó en Viena la 62ª sesión ministerial de la Comisión de Estupefacientes (CND), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta es una de las cumbres de más alto rango a nivel mundial, en cuanto a la política internacional sobre drogas ilícitas. Cada 10 años se realiza la reunión para analizar el panorama mundial sobre drogas, trazar metas y evaluar el nivel de cumplimiento de las correspondientes a los 10 años previos.
Siendo el narcotráfico uno de los principales flagelos que enfrenta Costa Rica, ¿no sorprende un poco el pasmoso silencio de medios nacionales alrededor de tan relevante cumbre? Quizás sea porque el balance de sus metas es indicador del sostenido fracaso de los enfoques hegemónicos de política sobre drogas. En 2009 la CND acordó como su principal meta “eliminar o reducir significativamente la producción, el tráfico y el consumo de drogas hasta 2019”. Esta premisa no ha estado ni cerca de cumplirse.
El informe Balance de una década de políticas de drogas, publicado por el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), brinda datos ilustrativos. La producción de cocaína a nivel mundial, según toneladas, ha aumentado desde 2009 en 19%. Tan solo en Colombia, el crecimiento del cultivo de coca entre 2009 y 2016 ha sido del 115%, a pesar de la “vigorosa” estrategia de erradicación forzosa.
Por su parte, la producción de opiáceos ha aumentado desde 2009 en 112%, llegando en 2017 al máximo histórico de 10,500 toneladas. En términos mundiales, y sin obviar la complejidad metodológica que reviste el cálculo, el informe de marras estima que en 2016 unos 275 millones de personas, con edades entre 15 y 64 años, informó haber consumido alguna droga ilícita en al menos una ocasión durante 2016. Tal cifra representa un aumento del 31% con respecto a la medición de 2009.
La expansión de las drogas ilícitas no solo ha sido cuantitativa, sino también cualitativa: la UNODC estima que entre 2009 y 2017, se han detectado más de 800 nuevos narcóticos en 111 países.
Los esfuerzos por cortar el grifo financiero también han sido apenas simbólicos; algunos análisis postulan que apenas el 1% del dinero lavado, proveniente del mercado de drogas ilícitas, resulta efectivamente incautado por autoridades gubernamentales. Y ni qué decir sobre las enquistadas prácticas de corrupción y complicidad a lo interno de los Estados, a favor del mercado de narcóticos.
El Reporte Mundial Alternativo sobre Drogas del 2016 (por International Drug Policy Consortium) consideró -de forma aproximada, debido a la dificultad inherente que reviste la estimación- que la inversión en programas de desarrollo social en el mundo ronda los $146 mil millones anuales. Paralelamente, también se estimó que en el mundo se destina al año más de $100 mil millones al régimen de fiscalización y persecución del mercado de drogas.
Esta medida no le ha hecho ni cosquillas a un mercado global que mueve al año alrededor de $330 mil millones. ¿Qué sucedería si parte del presupuesto destinado a enfrentamiento armado contra carteles se orientara a reforzar educación, cultura y deporte? No se trata de dejar por la libre a los grupos criminales, pero sí de reflexionar que la estrategia actual poco ha logrado, además de baños de sangre en las poblaciones más vulnerables.
Si bien estos datos son globales, ¿por qué no retrotraerlos a la reflexión nacional? Más allá de los programas y proyectos que -acertadamente- abordan el tema de las drogas desde el enfoque de salud pública, Costa Rica prioriza aún el enfoque policial y punitivo. En 2010, la tasa de homicidios vinculados a la delincuencia organizada era de 0,3; en 2016 subió hasta 5,5. Además, también se constata un aumento de los crímenes y homicidios relacionados específicamente al narcotráfico.
¿No es acaso relevante analizar, con enfoque amplio y científico, el desempeño de la inversión pública que ha sido dirigida a la persecución y represión por narcóticos? ¿Cuáles han sido sus grandes logros en las últimas décadas? Carlos Alvarado se comprometió en la página 134 de su Plan de Gobierno a “abrir un diálogo nacional sobre la regulación de las sustancias psicoactivas.” ¿Será otra promesa al aire?
