Para el Poder Ejecutivo este primer año legislativo representó la conquista de lo impostergable, en salirse de las cuerdas, en alejar los talones de la cornisa. La aprobación del proyecto de la reforma fiscal significó un respiro y un requisito fundamental para el avance de los próximos tres años de Gobierno. En la práctica la agenda legislativa sobre Zapote se concentró allí.
Entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea las valoraciones corren: por un lado, la cantidad de proyectos que aprobaron los diputados arrojan que ha sido un Congreso productivo durante los dos primeros semestres de gestión.
Por su parte, el Gobierno evita detalles anticipados de su relación con el Congreso antes de que el presidente, Carlos Alvarado, lea su primer informe de labores el próximo jueves 2 de mayo. A pesar de que se intentó gestionar una entrevista con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, para conocer su valoración de la relación legislativa para este reportaje, el encargado de mantener a flote los puentes con Cuesta de Moras se negó a brindar las declaraciones.
Según los registros, los diputados dieron el visto bueno a un total de 116 proyectos de ley, pero de ellos solo 36 fueron por iniciativa del Poder Ejecutivo -y no todos de la administración Alvarado Quesada-.
Para entender el teje y maneje que planeó Zapote en el poder legislativo, los diputados coinciden en que por los pasillos de Cuesta de Moras, se vieron más caras y nombres que solo la del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, un cargo que por naturaleza, es quien lidera o construye el principal enlace político entre la Casa Presidencial y el Congreso.
El Ejecutivo encomendó a distintos jerarcas para llevar al frente las negociaciones de los temas relacionado su cartera, como lo fue el caso de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; o el viceministro de asuntos parlamentarios, Agustín Castro.
Los diputados afirman que al ministro de la Presidencia se le vio muy presente durante los primeros meses, cuando se dio la acalorada negociación del plan fiscal, pero luego su exposición aminoró. “Después de la aprobación del plan fiscal su presencia ha sido muy débil”, afirmó el diputado frenteamplista, José María Villalta.
Villalta indicó que aunque la presencia del ministro de la Presidencia y de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar fue más evidente para la aprobación del plan fiscal, esto no necesariamente significó un “manejo hábil y exitoso de las relaciones”, pues para él, un ministro puede mantener un nivel alto de presencia en la Asamblea “pero puede ser tan torpe como un elefante en una cristalería”.
“Yo creo que don Rodolfo puede estar más cercano a esta Asamblea Legislativa, yo esperaría que a partir de este año que se aproxima lo sea”, añadió el diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, quien ocupó la misma silla durante la administración de la expresidenta Laura Chinchilla 2011-2014, y por esta misma razón reconoce que las fracciones suelen quejarse del ministro de la presidencia de manera ordinaria.
La ministra de Hacienda también formó parte de los interlocutores de Zapote en la Asamblea Legislativa, una figura indispensable para lograr el objetivo de Gobierno en cuanto a la reforma fiscal.
A la ministra de Comercio Exterior también le correspondió estar en los pasillos legislativos durante este año por ser la coordinadora del proceso de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tarea que le demandó constantes encuentros con los diputados de la Comisión especial para el proceso de adhesión a esta organización.
“Tengo que decir que la ministra Dyalá Jiménez ha tenido una gran presencia en la Comisión de la OCDE”, indica el diputado liberacionista Benavides, al igual que la diputada Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República, quien asegura “puede dar fe” de la presencia de la ministra en la Comisión, por ser parte de las integrantes de la Comisión.
Aunque con una menor exposición mediática, el viceministro de asuntos Parlamentarios, Agustín Castro, una ficha del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también ha formado parte del teje y maneje de la estrategia del Ejecutivo.
A Castro se le ha visto en la negociación de temas de la OCDE, según la diputada Ivonne Acuña, sin embargo, no le nombraron el resto de los diputados y las diputadas entrevistados para esta nota.
Entre esta relación también se incorpora -de una manera distinta- el del presidente de la República, Carlos Alvarado, pues diputados de la fracción oficialista aseguraron que tuvieron una relación mucho más cercana y directa con el mandatario que con el ministro Piza y el viceministro Castro.
“Como el ministro de la presidencia no ha estado tan cercano, las fracciones han buscado más directamente al presidente. Creo que el ministro de la Presidencia debería de estar más en la Asamblea Legislativa tendiendo procesos de diálogo”, comentó la diputada, Paola Vega.
Relación distante
De acuerdo con la politóloga, Ilka Treminio, para entender cómo fluyen los canales de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea no se puede ignorar el hecho de que el presidente y el ministro de la Presidencia sean de agrupaciones políticas partidarias distintas, pues esto provoca varias dificultades, ya que se esperaría que Rodolfo Piza sea un referente de la fracción del Gobierno, lo cual no ha ocurrido.
“Parecería que el ministro de la Presidencia, en su coordinación con la Asamblea, no establece un canal directo con la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) porque no se siente un representante directo de esa fracción y por lo tanto negocia convocando a otros jefes de fracción y de manera unilateral; mientras que el presidente de la República, tiene un canal directo hacia su propia fracción pero no es el que está encargado de esas funciones”, explicó la politóloga.
De hecho, un elemento adicional es que las fracciones del PUSC y del PAC no han tenido mayor cercanía en el Congreso, más bien, la bancada oficialista se ha visto más afín a la fracción liberacionista, muestra de ello es el apoyo que manifestaron los oficialistas para este 1 de mayo al diputado verdiblanco, Carlos Ricardo Benavides, para la ejercer la presidencia del Congreso en el segundo año. El otro candidato, el diputado Erwen Masis -del mismo color partidario que el ministro de la Presidencia- buscó apoyo en otras bancadas.
Sobre la alianza del PAC con liberación para la presidencia del Congreso, el diputado Villalta aseguró que una vez Carolina Hidalgo (oficialista) deje la presidencia legislativa, el diputado Benavides será quien reflejará los intereses de la fracción de Gobierno o al revés.
Según el frenteamplista, durante este primer año, el Ejecutivo favoreció la convocatoria de proyectos solo si los solicitaba “algún diputado afín al ministro de la presidencia”. “No hay un diálogo equitativo o abierto hacia todas las fracciones, más bien todo lo contrario. El Ejecutivo lógicamente escoge con cuáles diputados y con cuáles partidos se quiere reunir”, añadió.
Debilidades temáticas
Durante este primer año legislativo, la agenda que llevó el Poder Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias -un espacio propio del Gobierno para posicionar los temas de discusión en la Asamblea- fue una mezcla de proyectos de interés para Zapote pero también para las fracciones de oposición.
Para el diputado Benavides, el Poder Ejecutivo tuvo la ventaja de que que no ha necesitado “empujar mucho”, pues los diputados llevaron el impulso de los proyectos. “Más de dos terceras partes de la agenda legislativa han sido leyes a partir de proyectos de la oposición”, indicó.
Opiniones y valoraciones van y vienen pero en cuanto al Poder Ejecutivo quedan las preguntas sobre la influencia que marcó en la Asamblea más allá de la agenda económica.
Para diputados como José María Villalta la agenda del Gobierno más allá de los asuntos económicos ha sido débil en temas como la reactivación económica, la generación de empleo, la parte social, el tema ambiental o los derechos humanos.
“Parece ser que la única prioridad legislativa del Gobierno que podemos identificar ahora son los temas de ingreso a la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero realmente la agenda de extraordinarias ha sido una agenda pobre, monopolizada por el proyecto de los eurobonos y la agenda de ingreso a la OCDE y una serie de proyectos regresivos en materia de derechos de los trabajadores”, señaló el legislador.
En el mismo sentido, el diputado socialcristiano, Erwen Masis, coincide con que al Gobierno le faltó un planificación anticipada de la ruta a seguir en el Congreso. “Usted para medir los resultados de un Gobierno tiene que hacerlo con base en una proyección dada, si el Gobierno no hace una proyección, si no hay una planificación anticipada, usted no puede hacer una buena medición”, sostuvo.
Desde la óptica de la politóloga, Ilka Treminio, el PAC tuvo un año que le favoreció para sacar proyectos urgentes y pendientes de legislaturas y Gobiernos anteriores como el plan fiscal o la reforma al reglamento legislativo, pero será a partir de este segundo año que se puede evidenciar su verdadera agenda.
“Son medidas de emergencia que de alguna manera, como el plan fiscal, responden a proyectos urgentes que no se habían podido sacar adelante en proyectos anteriores y los Eurobonos que responde a la necesidad de contar con liquidez, y por lo tanto no reflejan la agenda política del Gobierno, sino las necesidades de atender las necesidades económicas”, detalló la politóloga.
En cuanto al tema de los derechos humanos, por ejemplo, la politóloga Gina Sibaja señala que en el Congreso no hubo proyectos sustantivos posicionados por el Gobierno, pero las señales que arrojan apuntan a que aprovecharon los mecanismos de los que disponen como Poder Ejecutivo para demostrar alguno avances como es el caso del aval que recién dio el ministerio de Salud para autorizar el uso de la píldora del día después, sin que el debate atravesara por el Congreso.
“El Ejecutivo está jugando con esas potestades que tiene para cumplir un poco con la agenda -de cara a la ciudadanía- de derechos humanos con la que se comprometió, pero desde las decisiones que se pueden tomar y desde el Ejecutivo y no desde el Congreso porque vea ¿cuál proyecto hay en materia de derechos humanos fundamentales fuerte?”, manifestó Sibaja.
Durante el primer año, el Poder Ejecutivo trasladó a las sesiones extraordinarias proyectos como el de la autorización para los Eurobonos, el proyecto para aprobar un presupuesto extraordinario por ¢600.045 millones para rellenar el hueco fiscal de recursos que no fueron contemplados por el Gobierno anterior para amortizar la deuda interna del país.
También hubo proyectos de ley necesarios para la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relacionados políticas de inversión, competencia, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, gobernanza pública, política ambiental, análisis económico del desarrollo y estadísticas.
