Muchas de las disciplinas existentes en la Universidad de Costa Rica, iniciando por la antropología, las ciencias de la salud y hasta derecho, han realizado prácticas, proyectos, o trabajos de investigación en pueblos indígenas desde hace varias décadas, lo cual ha generado un cúmulo de material importante para la casa de estudios y en ocasiones para los mismos territorios.
Actualmente, una demanda de los pueblos indígenas enfatiza precisamente en exigir la devolución de estos productos de investigación, así como de la articulación con la comunidad cuando se elabore cualquier propuesta de proyecto. Aunque existen casos positivos en estas modalidades de trabajo, ha pasado que una vez obtenida la información los investigadores no colocan un pie más en la comunidad. Por otro lado, hay quienes con una visión de caridad se plantean ser “salvadores” de los pueblos indígenas; proponen y echan a andar proyectos sin consultar, sugieren iniciativas desde una lógica que tiene nada o poca concordancia con las distintas cosmovisiones, restando agencia y capacidad de autogestión de las mismas personas de la comunidad.
En el 2016 se presentó el Informe de la Comisión Especial de Salitre de la Universidad de Costa Rica, comisión que surge a partir del conflicto presente en territorio bribri. Aquí sobresale una propuesta de paradigma para el trabajo con pueblos indígenas. Este fue acogido por el Consejo Universitario, generando una política universitaria de trabajo con pueblos y territorios indígenas presente en el acuerdo 6048 del 1 de diciembre de 2016.
Se menciona en el documento que la institución debe asumir con responsabilidad ética las distintas acciones efectuadas en territorios indígenas haciendo eco al reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Para ello, es fundamental que haya una articulación instancia-comunidad, refiriéndose a departamentos como vida estudiantil, docencia, investigación y acción social. Señala, además, que debe existir una instancia institucional que coordine con los anteriores sectores mencionados para lograr acciones integradas y pertinentes, esto lograría una incidencia en la formulación y evaluación de políticas públicas tanto a escala local como nacional dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas sin dejar al lado las capacidades locales y cosmovisión.
Ahora bien, al existir la política y una operativización, lo ideal es que todos estos sectores pertenecientes a la universidad se preocupen por trabajar con responsabilidad en los pueblos indígenas. Negar e invisibilizar esta parte sería convertir esta política en un documento más, como ha pasado en la mayoría de leyes y convenios que el país ha creado y ratificado sin pasar de un papel y el mero discurso.
La autonomía, lucha constante de los territorios indígenas, consiste también en expresar con voz y voto qué y cómo se llevan a cabo proyectos de acción social o investigación científica. El rol de la academia es apoyar esa autonomía, como facilitadora de procesos, o visualizando esas realidades complejas donde permea en muchas ocasiones la desigualdad social. Pero no puede pretender figurar con una lógica de colonizador en pleno 2019, esto no sería defender y promover los derechos de los pueblos indígenas, por el contrario, contribuiría a la pérdida del patrimonio cultural, punto fundamental en la resistencia de todos los pueblos originarios.
* Mujer indígena Boruca, estudiante de antropología en la Universidad de Costa Rica y planificación económica y social en la Universidad Nacional.Integrante del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica.
