Las investigaciones judiciales del “cementazo” cumplieron ya los 500 días bajo la dirección de la fiscal general Emilia Navas, sin que hasta la fecha haya ni asomo de conclusiones sobre el caso de corrupción que involucró a los tres poderes de la República y a bancos públicos que otorgaron créditos millonarios al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Al menos 20 expedientes judiciales forman un berenjenal de información que el Ministerio Público trata de esclarecer para saber si debe acusar o sobreseer a 26 personas. Esta es, de momento, la cantidad de sospechosos que habrían tenido relación con la trama de negociaciones alrededor del empresario Bolaños, quien está detenido desde el 3 de noviembre del 2017, como medida cautelar.
Navas, la fiscal que tomó con energía las riendas de la Fiscalía General después de la caída de su predecesor Jorge Chavarría al calor del “cementazo, ahora prefiere la cautela. “No puedo decir nada. La investigación está en pie y avanzada”, dijo este lunes ante una consulta de UNIVERSIDAD. ¿Qué grado de avance tiene? “No hay posibilidades de saber ese detalle”, contestó.
Su justificación es muy escueta y genérica. “La investigación es compleja por tratarse de casos de corrupción, que exigen tiempo para recolectar la prueba para el proceso” dijo sobre una tarea que comenzó como su mayor prioridad en octubre del 2017. Son de colección las fotografías de la abogada veterana a la cabeza de una comitiva de investigadores durante un allanamiento a la Asamblea Legislativa, el 29 de noviembre de aquel año.
Navas tuvo desde principios el apoyo general de la Corte Plena, que no solo la designó como interina y la confirmó a la cabeza de la Fiscalía, sino que apoyó las investigaciones alrededor de un caso que hizo cimbrar al Poder Judicial.
Su magistrado Celso Gamboa fue suspendido cinco días después de la llegada de Navas, por presuntos vínculos con el empresario Bolaños, con quien había viajado a Panamá.
Ahora Celso Gamboa está del todo destituido de su cargo, investigado en una de las causas y dedicado al litigio como abogado con casos como el que se conoció esta semana, la acusación en nombre del Gobierno de Nicolás Maduro contra la misión diplomática de la oposición venezolana. Mientras, Navas sigue dirigiendo unas investigaciones de las que dependerán el éxito o no de su gestión y, en buena medida, la imagen ya tocada del Poder Judicial.
“Todos estamos esperando resultados tangibles porque lo que hemos sabido lo sabemos a través de la prensa y la impunidad es un pésimo mensaje hacia la población. En algún momento debe aterrizar”, opinó la periodista Silvia Ulloa, directora del medio CRHoy, que no deja de publicar datos y más datos sobre el “cementazo”.
“El caso costó entenderlo, costó conectar los hilos y tratar de ver la información oculta, porque hubo muchas manos moviendo la sopa. Es de suponer que en lo judicial es aún más complicado, pero sé que se ha avanzado. Son investigaciones muy complejas y sé que se están pidiendo levantamientos de secretos bancarios y que se deben cumplir varios procesos que frenan la investigación”, añadió Ulloa.
Similar criterio tiene el abogado penalista Ewald Acuña: “Uno podría decir que el caso va con buen ritmo (…) Parece que las causas están prontas a actos conclusivos, quizás en el primer semestre de este año, en los cuales se decide si dictar acusaciones o sobreseimientos, sin perjuicio de nuevos sospechosos”.
Para Acuña, los 15 meses que se cumplieron con Navas al frente de las investigaciones del “cementazo” es un plazo razonable si se compara con la complejidad de las investigaciones.
“En este tipo de casos lo primero es desenmarañar los expedientes de crédito, determinar el uso que se dio a los recursos girados, armar ese rompecabezas es mucha laboriosidad y mucho orden. Es poder probar y ver a quién atribuir esa responsabilidad. Reconstruir la información financiera requiere mucha laboriosidad. Es complicadísima.”, agregó.
Este tipo de casos, coinciden, exigen recursos especiales en ciertas áreas, como reconoció la fiscal Navas. “Los recursos nunca son suficientes, pero el recurso que más urge es en la oficina de Delitos Informáticos del OIJ y en la sección de Delitos Financieros y Contables del OIJ”, agregó Navas cuando se le preguntó por las herramientas de las que dispone en estas investigaciones.
Así, sin mayores reportes y con la presión de atender de manera justa casos de alto impacto mediático, la Fiscal imprime su sello personal en las investigaciones. Al margen de las críticas por el gesto de aparente dureza en los inicios, la cabeza del Ministerio Público ejerce la potestad que le otorga la ley para decidir sobre la “política de persecución penal”. “Ella prefiere ser la que atiende los casos de alto perfil”, señala una fuente interna.
¿Son poses populistas ante la opinión pública? Sí y no, contestan algunos abogados que han tenido relación con el caso, pues entienden que al principio era necesario enviar un mensaje público de contundencia. Más bien sorprende la falta de noticias posteriores, dice un magistrado. “Es clarísimo que es un trabajo difícil, aunque en la realidad no podemos desdeñar el factor tiempo”, dice el alto juez.
Un aspecto en el que se refleja el paso del tiempo es la detención del empresario Bolaños. Fue detenido en la madrugada del 3 de noviembre del 2017 y desde entonces permanece en prisión preventiva, bajo la sospecha de que hay un riesgo de que pueda huir del país. Ya acumula más de 16 meses sin que haya sido, al menos, acusado.
Para Navas, el proceso de investigación no tiene relación con las medidas cautelares y sus razones no tienen que ver con el tiempo del Ministerio Público para desarrollar los casos.
A Bolaños se le detuvo como protagonista de la trama del “cementazo”, pues fue el beneficiario de los créditos del Banco de Costa Rica por $30 millones y en el Popular por $10 millones para el supuesto negocio de importación de cemento de China. En ese proceso tuvo contactos con diputados, magistrados y personeros de la Presidencia de la República en el gobierno de Luis Guillermo Solís, además de relaciones con la directora del BCR Paola Mora y el entonces gerente Mario Barrenechea.
Se le detuvo en principio como sospechoso de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. Después a Bolaños se sumó una causa relacionada con el crédito en el Banco Popular, por la cual se investiga también a su esposa, de apellido Suárez.
Juan Carlos Bolaños es un preso político, según su abogado
El abogado del empresario Juan Carlos Bolaños, Fernando Vargas Zeledón, consideró que su cliente es un preso político, pues cumple 16 meses de estar privado de su libertad sin que aún se le haya acusado.
Vargas señaló a los jueces de ser complacientes con “la presión de los medios” al responder las solicitudes de prisión preventiva
hechas por el Ministerio Público, organismo al que el abogado califica como “una máquina de intimidación”.
“El Ministerio Público se ha opuesto a que las audiencias sean públicas, a pesar de que el imputado (Bolaños) quiere que así lo sean. Tanto tiempo en prisión preventiva es algo anormal. Hemos ofrecido que le den arresto domiciliario y monitoreo electrónico y toda su familia entregó pasaportes.
Que si lo van a enjuiciar, pues vamos a juicio, pero esto es anormal”, se quejó Varvas. Bolaños está ahora preso en la cárcel
para el Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, después de una serie de reclamos. Ahí espera el avance de las investigaciones o
un cambio en las medidas cautelares, even-tualmente.
Sin embargo, Vargas criticó con dureza las investigaciones que dirige la Fiscalía, pues asegura tener evidencia de que hasta
ahora no se ha podido probar ninguna de las tesis iniciales. También cuestionó por qué otros responsables de las supuestas anomalías en el Banco de Costa Rica quedaron libres ya y solo Bolaños, que ni siquiera es funcionario público, permanece tras las rejas.
“Además, está claro que hubo esfuerzos importantes por cumplir el contrato, que el cemento sí entró y que era de calidad. Se debe
investigar por qué no trajo todo, si fue que le pararon los barcos; ni se ha investigado por qué al final no se rompió el duopolio. Si
a él no lo detienen, él hubiera pagado mucho dinero por el seguro de caución, pero ya no lo cubre”, agregó.
Solo lo tienen detenido como presión. “Está frustrado porque no lo dejan defender el caso en igualdad de condiciones”, señaló Vargas, y tiene una lesión en la pierna que le ha hecho perder movilidad y que no se puede operar en el centro penal.
