La diputada del bloque independiente Nueva República, Marulin Azofeifa, cuestionó este miércoles por la tarde al viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Edwin Estrada, sobre las posibilidades que tiene el Gobierno para bloquear la aplicación de Uber.
“Me preocupa que ustedes como representantes de lo que es el Micitt, digan que no pueden tener el control de esas regulaciones tecnológicas, porque se podría decir que por eso se entra y sale, por un tratado que hay con Ginebra o los tratados que haya, nosotros no podamos hacer una ley, que se va a salir de las manos, porque no hay quién la pueda regular”, dijo Azofeifa, quien consultó si un tratado es más importante que una ley.
Estrada afirmó que el contenido de Internet trasciende las fronteras. “Si hay alguna aplicación que quiero que bloqueen y logro que la bloqueen porque no me gusta, quizás mañana habrá contenidos que vayan a favor de los valores de una sociedad y en determinado momento las bloqueen. Lo que nos puede servir hoy, mañana no y puede ir en detrimento de la libertad de expresión”, dijo el viceministro.
La diputada insistió. “Lo que nos tiene a colación es el tema de las plataformas tecnológicas (…) A como hay otros países que han regulado Facebook o Twitter para que no se dé en esos países porque han tenido problemáticas, ¿cómo se puede decir que en Costa Rica no se puede hacerlo, solo por un tratado no se puede bloquear? ¿Significa que estamos teniendo, eso que va por IP’s y todo el sistema de tecnología, Costa Rica no cuenta con la tecnología suficiente o las personas para este bloqueo?”, preguntó la diputada.
China, Corea del Norte, Venezuela y Cuba son algunos de los países que han establecido regulaciones y prohibiciones en el uso de redes sociales y plataformas de Internet.
“No es posible bloquear o no la plataforma independientemente de lo que ustedes quieran hacer con el servicio de transporte público. Para contestar a su pregunta, los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes que ustedes emiten porque así está establecido en la Constitución Política”, le dijo Estrada a la legisladora.
El jerarca afirmó varias veces ante los diputados que el Micitt no tiene las competencias para bloquear una aplicación y que la plataforma no puede ser ilegal por sí sola.
“Se dice que Uber opera en la ilegalidad, pero es la ilegalidad del servicio de transporte público. La plataforma en sí no es ilegal por los principios de neutralidad y de Internet libre. Por medio de WhatsApp o una llamada telefónica eventualmente la persona podría cometer un delito, pero el delito es la acción que está cometiendo y no el uso per se de la aplicación”, explicó Estrada, quien agregó que a ninguna institución le corresponde bloquear una aplicación.
Líder de taxis difiere
El líder de la Unión de Taxis Costarricenses, Rubén Vargas, afirmó que un cobro de ₡8.300 millones para la inscripción de Uber no es desproporcional, como así lo manifestó este martes el procurador general, Julio Jurado.
Según estimaciones que el líder de los taxistas hizo, en promedio “cada chofer de Uber gana ₡1.000.000 mensuales”. Vargas no explicó de dónde obtuvo esa cifra. “Nosotros no consideramos que sea tan elevado el cobro que se le está poniendo a esta empresa”, dijo.
Vargas también estuvo en desacuerdo con las afirmaciones del viceministro del Micitt y alegó que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos tiene la potestad de bloquear aplicaciones como Uber y de decomisar equipos tecnológicos, si es necesario.
Propuso que la Universidad de Costa Rica realice un estudio de oferta y demanda, el cual determine un número limitado de concesiones que podrían crearse para otorgárselas a Uber.
Para consultar el proyecto de ley presentado por el Gobierno, puede acceder al siguiente enlace.
