El Consejo de Gobierno removió a tres directivos del Banco de Costa Rica (BCR) y nombró a tres nuevas personas en esos puestos sin seguir el procedimiento establecido por ley y en contra de un acuerdo tomado por el Gabinete anterior.
El pasado martes 26 de febrero el Gobierno comunicó sobre tres nuevos nombramientos en la junta directiva del BCR: Ana Laura Castillo Barahona, Javier Zúñiga Moya y Olivier Castro Pérez (expresidente del Banco Central).
Al designarlos como integrantes de la junta directiva, el Gobierno del presidente Carlos Alvarado dio por finalizados los nombramientos de Shirley González Mora (quien ocupaba el cargo de presidenta del BCR), Adriana Céspedes Camacho (vicepresidenta) y Javier Herrera Guido (director).
Esas tres personas habían ingresado al banco estatal en octubre del 2017 para reemplazar a otros tres directivos a quienes se les investigaba por faltas cometidas en medio del caso conocido como el “cementazo”, en el cual el BCR y otros bancos estatales prestaron millones de dólares al empresario Juan Carlos Bolaños con aparentes irregularidades.
Los directivos originales que eran investigados eran Paola Mora Tumminelli, Francisco Molina Gamboa y Mónica Segnini Acosta, a quienes el Consejo de Gobierno de la administración Solís Rivera (2014-2018) destituyó en diciembre del 2018 al determinar que habían cometido faltas. Molina y Segnini presentaron apelaciones que fueron rechazadas.
Cuando la administración Solís Rivera eligió a estos tres nuevos miembros de la junta directiva, su Consejo de Gobierno no realizó ningún proceso administrativo, pues consideró que se trataba de nombramientos “temporales” que finalizarían una vez que se concluyera el proceso disciplinario contra Mora, Molina y Segnini. Así se consigna en un comunicado remitido por Casa Presidencial el pasado 26 de febrero.
Con estos nombramientos, el Gobierno ignoró el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el cual indica que los directivos de los bancos públicos son nombrados por períodos de ocho años (a partir del inicio de cada periodo presidencial) y que no pueden ser destituidos “si no es con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”.
“En caso de que el Consejo de Gobierno se separe de esta norma, los nombramientos que haga de los nuevos directores son nulos, y los que hubieran sido separados de sus cargos sin esa previa información se mantendrán en sus puestos por el resto de su período legal o hasta que la Superintendencia General de Entidades Financieras encuentre que hay lugar para aplicar las disposiciones del artículo 25 (el cual señala causas para separarlos de los cargos)”, ordena la ley.
El Consejo de Gobierno de la administración Alvarado Quesada (2018-2022) no solicitó ningún informe a la Sugef para iniciar el proceso de destitución de González, Céspedes y Herrera, según confirmó a UNIVERSIDAD el superintendente general Bernardo Alfaro Araya.
Alfaro dijo no poder referirse al caso concreto para evitar realizar un adelanto de criterio; sin embargo, sí respondió que, en términos generales, para remover a los directivos es “imprescindible” contar con los informes de la Sugef a los que hace referencia el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
“Se refiere a informes que la Sugef pueda elaborar como resultado de sus labores de supervisión, en que se detalle que algún director ha incurrido en algún tipo de falta grave que amerita su separación. No corresponde a un informe en el que la Superintendencia determine responsabilidades individuales, ya que ese análisis corresponde ser realizado al órgano decisor en el procedimiento iniciado al efecto, a partir de la valoración objetiva de todos los elementos determinados en el mismo”.
Alfaro añadió que, con respecto a esa obligación, la ley “no menciona que haya un trato distinto entre un director titular y uno interino”; es decir, para cualquiera de los casos el requisito de la información de la Sugef es “imprescindible”.
El superintendente explicó que si bien la Sugef no tiene la potestad de revocar nombramientos en los bancos, “esto no excluye la posibilidad de que la superintendencia mantenga una vigilancia acentuada sobre este tipo de temas y su impacto en la entidad” y que “de encontrarse algún elemento del que deba llamarse la atención, así se hará”.
Con la reciente destitución de los tres directivos bancarios el Gobierno actual además contradijo un acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno anterior el 13 de marzo del 2018 (solo dos meses antes del cambio de Gobierno), cuando amplió los nombramientos de los suplentes. En este se determinó que: “En aquellos casos en los cuales los procedimientos disciplinarios (contra Mora, Molina y Segnini) signifiquen una sanción de suspensión o revocatoria de nombramiento de un director titular, el cargo deberá ser asumido de forma definitiva por quien lo estuviere ejerciendo en calidad de sustituto por el período legal correspondiente”.
Es decir, que el Gobierno de Luis Guillermo Solís ordenó que si a las personas investigadas se les encontraba responsables y se les separaba del cargo, Shirley González Mora, Adriana Céspedes Camacho y Javier Herrera Guido deberían ocupar los puestos hasta mayo del 2022, cuando concluye el periodo legal.
Con las nuevas designaciones, el Gobierno de Carlos Alvarado ha realizado seis de los siete nombramientos de directores del BCR, a pesar de que, usualmente, tres de los miembros son elegidos en la administración anterior y el gobierno entrante nombra los restantes cuatro.
UNIVERSIDAD envió desde el miércoles anterior unas consultas a Casa Presidencial sobre este tema. Este martes, el Consejo de Gobierno respondió mediante un correo electrónico:
“No había una sujeción legal de parte de Consejo de Gobierno de nombrar a quienes sustituían temporalmente (…) Se analizó que, si bien a los directores sustitutos se les encomendó la tarea de asumir el cargo de los titulares, en caso de una revocatoria o suspensión del nombramiento de Paola Mora Tumminelli, Mónica Segnini Acosta y Francisco Molina Gamboa, ello derivó de una medida cautelar, la cual por su naturaleza no está prevista para consolidar situaciones jurídicas, sino que tiene entre sus dos principales características, además de la instrumentalidad, la provisionalidad, lo cual implica que deben extinguirse con el dictado del acto final”.
“En consecuencia, siendo que el nombramiento en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, de Adriana Céspedes Camacho, Shirley González y Javier Herrera Guido, era con estricto carácter temporal mientras se decidía el fondo de los procedimientos seguidos a los directores investigados, el Consejo de Gobierno debía proceder al nombramiento de los nuevos miembros para no afectar el cuórum estructural de ese órgano colegiado”, respondió Casa Presidencial.
Sobre el porqué no se pidió un informe a la Sugef, como ordena la ley, el Gobierno respondió: “Porque no se están destituyendo directores bancarios ni hay procedimientos disciplinarios contra Adriana Céspedes Camacho, Javier Herrera Guido y Shirley González Mora que tendieran a sus destituciones como directores. El acuerdo obedece a nombrar los directores titulares que sustituyan de manera definitiva a los directores titulares de ese momento, Mónica Segnini Acosta, Paola Mora Tumminelli y Francisco Molina Gamboa, finalizado el procedimiento disciplinario y la sanción de revocatoria. Para la apertura del procedimiento contra Mónica Segnini Acosta, Paola Mora Tumminelli y Francisco Molina Gamboa, sí hubo en su momento el informe previo de Sugef, debido a que en ese caso sí se ordenó un procedimiento disciplinario”.
Marvin Carvajal, exdirector jurídico de Casa Presidencial, quien laboró en el Gobierno anterior y en un periodo de la administración actual, indicó a UNIVERSIDAD que, en su criterio, los directivos González, Céspedes y Herrera terminaron su periodo en el momento en que los anteriores fueron destituidos definitivamente.
“Sus nombramientos estaban sujetos a un plazo y el plazo a una condición y era que terminara el procedimiento contra los directivos propietarios, razón por la cual me parece que es correcta la acción que se toma de nombrar a las personas que se desee a partir de ese momento. No se les está destituyendo. Solo venció el período de su nombramiento”, consideró el abogado especialista en Derecho Público.
Carvajal estimó que el acuerdo del Consejo de Gobierno anterior -que especificaba que, en caso de revocatoria de los directivos, los sustitutos terminarían el periodo legal- era una voluntad de esa administración pero no tenía el carácter de “vinculante”. Mencionó que él no participó de la redacción del acuerdo de la administración anterior.
Destitución sorpresa
La contadora Shirley González Mora y la abogada Adriana Céspedes Camacho, quienes hasta el martes 26 de febrero ocuparon la Presidencia y Vicepresidencia del BCR, respectivamente, comentaron a UNIVERSIDAD que su destitución les tomó por sorpresa y que se enteraron ese mismo martes por la prensa.
Ambas señalaron que desconocían el fundamento técnico de su separación pues, según el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de la administración pasada, ellas se mantendrían en el puesto hasta el 2022 si los anteriores directivos eran destituidos, como finalmente ocurrió.
“(La destitución) se dio arbitrariamente. Yo estaba sesionando en una de las subsidiarias a la que pertenecía y empecé a recibir whatsapps y noticias, y de último el comunicado oficial”, recordó González.
“Conocemos que el procedimiento establecido requiere que se cumplan varias cosas. Hasta donde nuestro asesor nos había dicho, el director tiene que cometer una falta grave y se abre un procedimiento administrativo. Nuestra gestión fue completamente limpia, responsable, incluso se nos agradece (por parte del Gobierno) porque no hay una falta grave”, agregó.
Las ahora exdirectivas analizan si acudirán a instancias judiciales por la forma en que fueron removidas de esos cargos.
“Cementazo” detonante
El remezón en el Banco de Costa Rica inició a mediados del 2017 cuando se dieron cuestionamientos por la forma en que esa y otras entidades públicas prestaron millones de dólares al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento desde China.
Actualmente, las autoridades judiciales mantienen investigaciones penales por ese asunto y se indagan los vínculos de Bolaños con funcionarios de los tres poderes de la República.
En octubre del 2017, se iniciaron causas administrativas a los directores del BCR Paola Mora, Francisco Molina y Mónica Segnini. A otros miembros se les venció el nombramiento y dos renunciaron por solicitud del expresidente Solís.
En diciembre del año pasado, el Gobierno comunicó que los procesos en curso contra Mora, Molina y Segnini finalizaron con las destituciones. En el caso de Mora, se le halló responsable de promover alteraciones en un acta.
A Molina y Segnini se les responsabilizó de “contribuir al debilitamiento de la cultura corporativa como componente fundamental del buen gobierno, contrariando los valores corporativos e impidiendo una adecuada administración de la entidad”.
Segnini dijo este martes a UNIVERSIDAD que había presentado una apelación porque considera que la revocatoria de su nombramiento “no es válida”.
“No eran problemas de gobierno corporativo, eran diferencias en la junta por asuntos de corrupción”, manifestó Segnini, quien externó que está analizando la posibilidad de iniciar una demanda contra el Estado.
La junta directiva del BCR se dividió en el 2017 con respecto a lo que debía hacerse en relación con los préstamos a Bolaños.
Segnini, Francisco Molina, Alberto Raven y Evita Arguedas había formado un bloque que apelaba por denunciar penalmente el caso y mantenerse en los puestos para vigilar las indagaciones internas.
Los otros directores tenían una posición contraria. Entre estos estaba Paola Mora, a quien se le señalaba su cercanía con el entonces gerente del BCR, Mario Barrenechea (quien actualmente también afronta un proceso penal) y con Bolaños.
El “cementazo” originó también una investigación política en una comisión legislativa.
