Los abogados defensores del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, le pidieron a la Fiscalía que lo indagara en las oficinas de Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas de Violencia (Pisav), en Pavas, y no en la Fiscalía Adjunta de Género (ubicada en San José), donde se tramitan las dos denuncias que hay en su contra por los delitos de violación y abuso sexual.
Los representantes del exmandatario también solicitaron que, si esa gestión no se aprobaba, se permitiera a Arias ingresar al edificio josefino por el sótano y que fuera conducido por los pasillos internos hasta la oficina donde se haría la indagatoria.
El argumento de los defensores fue que Arias es un adulto mayor, según confirmó el Ministerio Público ante una consulta de UNIVERSIDAD.
“Por parte de la Fiscalía Adjunta de Género no se accedió a la peticiones de la defensa”, indicó el Ministerio Público.
“En determinadas circunstancias, a víctimas o imputados se les toma la declaración en otros lugares, cuando existen situaciones de afectaciones de salud, vulnerabilidad o afectación de integración física. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía valoró que no procedía”, agregó la entidad en la respuesta brindada a este medio.
Arias fue citado para una indagatoria en la mañana de este miércoles 13 de febrero, en la Fiscalía Adjunta de Género, ubicada en el edificio de los Tribunales de San José. Esa gestión se realiza para hacerle el traslado de cargos al imputado.
UNIVERSIDAD consultó esta tarde a Eric Ramos, abogado del expresidente, quien manifestó que no podía referirse a las gestiones que se hacen en el expediente por encontrarse en una etapa que es privada para terceros, según lo indica la ley.
No obstante, el jurista aseveró que “no hay nada irregular ni ninguna situación especial (…) No se ha pedido un tratamiento particular, ni especial más que lo que establece la ley, los tratados internacionales y la Constitución”.
“El Poder Judicial tiene un programa especial para asuntos de género, asuntos de violencia intrafamiliar, etcétera, que se llama Pisav, y una de esas oficinas queda en Pavas. Entonces cuando hay un delito sexual en daño de un adulto el órgano competente es el Pisav. La Fiscalía por un tema de política criminal, que nosotros respetamos, lo está manejando en la Fiscalía de Género”.
“Más bien es una situación en tutela de los ofendidos porque el Pisav lo que procura es que la persona ofendida no tenga que andar de oficina en oficina sino que todo lo tenga en un mismo edificio. Entonces no es en favor de mi cliente, sino de los ofendidos”, agregó Ramos.
El abogado rechazó referirse a si existió una solicitud de su parte para que Arias ingresara a la Fiscalía por el sótano.
“Para yo contestarle a esa pregunta tendría que meterme en circunstancias que están siendo discutidas en el proceso, cosa que no podría hacer”, respondió.
Arias se presentó a las 8 a. m. a la indagatoria y, al salir, fue abordado por decenas de periodistas ante los cuales solo expresó: “En todos los cargos públicos que he ejercido en este país, siempre les he contestado a los periodistas todas las preguntas que me han hecho, sin embargo, en esta ocasión, mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones. Les pido comprensión”.
El pasado 5 de febrero UNIVERSIDAD dio a conocer la denuncia de una médica y activista contra las armas nucleares quien asegura que fue violada por Arias en el 2014, en la casa del expresidente, en Rohrmoser.
Posteriormente, otras mujeres también hicieron denuncias públicas afirmando que sufrieron agresiones sexuales por parte del expresidente. Algunos hechos narrados habrían ocurrido hace más de tres décadas.
Además, la exMiss Costa Rica Yazmín Morales presentó otra denuncia penal contra Arias por el delito de abuso sexual.
El 28 de enero, al salir de una audiencia preliminar por el caso conocido como Crucitas -en el cual Arias está acusado de prevaricato-, el expresidente habló ante la prensa e indicó que la Fiscalía tenía más imaginación que Gabriel García Márquez o Julio Verne debido a que se le señala por supuestamente crear un plan delictivo para permitir la explotación minera en la zona Norte del país.
