Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche de este lunes una moción mediante la cual dejan tres el número de armas máximo permitido por persona, a pesar de la recomendación expresa del Ministerio de Seguridad Pública para reducir esa cifra a solo una.
Los congresistas dieron su visto bueno a una propuesta realizada por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para eliminar la reducción del expediente 20.509, una iniciativa de ley que dejaron varios diputados del cuatrienio anterior von el objetivo de reformar la Ley de Armas y mejorar así los controles en esa materia.
La eliminación del tope contó con el apoyo de los proponentes, Roberto Thompson, David Gourzong y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN); a quienes finalmente se sumaron María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y de Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Vargas suplía a la congresista Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), una reservista de la policía que ha sido férrea defensora de mantener la cantidad de armas actual.
En contra estuvieron los legisladores del bloque independiente Nueva República, Carmen Chan y Harllan Hoepelman, así como los oficialistas Víctor Morales Mora y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); quienes juntos fueron minoría.
Además, la moción eliminó la indicación que pretendía establecer los periodos de vigencia para la inscripción de las armas en tres años, cuya duración actual es por tiempo indefinido.
Actualmente, la Ley de Armas ya permitía un máximo de tres armas por persona; sin embargo, la intención inicial de Seguridad Pública y del propio proyecto era reducir la tenencia posible, en vista de que una gran cantidad termina en manos del mercado negro.
Así lo expuso el ministro de Seguridad, Michael Soto, quien visitó a los diputados en una pequeña comparecencia de última hora —justo antes de la votación— para intentar disuadir a los congresistas de cambiar el proyecto de ley.
Soto argumentó ante los diputados que “el mercado negro de armas es principalmente alimentado por el mercado lícito” y les llevó cifras como el promedio de 800 armas que son robadas o extraviadas por poseedores registrados —incluido el Estado— cada año. Sin embargo, ninguna advertencia logró calar en los integrantes del foro legislativo.
Tampoco convenció a los diputados que un 68% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en 2018, ni el dato de que solo fueron 11 los casos en ese año en los cuales se utilizaron armas de fuego para matar a una persona en defensa propia, según los datos del OIJ.
Soto además puntualizó que la intención del Gobierno no era debilitar el negocio de armas, un campo “muy respetable” contra el que no tienen ninguna competencia, pues el Gobierno no vende ese tipo de dispositivos.
“Un castigo”
Contra las indicaciones de Soto, respaldadas especialmente por los oficialistas Morales y Sánchez, los diputados opositores al cambio en la legislación criticaron la posibilidad de reducir el número de armas como una forma de “desarmar a la ciudadanía”.
Entre ellos estuvo la socialcristiana María Inés Solís, quien analizó la disposición como “un castigo para la población responsable” en materia de armas, pues —desde su punto de vista— como también hay robos de armas al Estado, la sustracción de estos aparatos no debería ser justificación suficiente para reducir su tenencia.
“No es culpa del portador legal de armas si le están haciendo el robo de la misma, eso también le sucede al Estado, entonces un argumento básico de los diputados que hemos estado en contra de bajar la cantidad de armas es que estamos castigando a esos portadores que sí tienen sus armas”.
Además, también hizo mella la incredulidad de algunos diputados como el liberacionista Jorge Fonseca, quien se presentó en el foro para decir que “no encontraba relaciones directas entre la posesión de más armas y la comisión de delitos”.
Según el liberacionista, “no encontró ningún elemento que le permitiera tener una absoluta certeza de que disminuyendo la tenencia de armas fuera a disminuir la actividad del crimen”, porque “en Costa Rica todo se puede y el que quiere delinquir lo hace, esté o no esté inscrito”.
La posición de los opositores, incluidos los liberacionistas, fue especialmente criticada por diputados como el oficialista Enrique Sánchez, quien recordó que reducir el número de armas por persona es un proceso que se ha intentado por años y que incluso impulsó la expresidenta Laura Chinchilla, del PLN, en su momento.
Ahora, los diputados podrían replantear la reducción con una nueva moción al proyecto; sin embargo, no parece que exista el apoyo para que la decisión se revierta. La medida iba a aplicarse únicamente a los nuevos poseedores, pero ahora no será parte de la ley, que también incluye otra serie de controles.
Entre ellos, están cambios en la regulación de los requerimientos para filtrar a personas con antecedentes criminales en el proceso de registro; así como algunos controles sobre las armas que manejan las empresas de seguridad privada, la prohibición de que se porten en lugares como bares y el establecimiento de su retiro como una medida preventiva.
La ley también incluía normas para fortalecer la obligatoriedad de reportar armas perdidas y una indicación para que las empresas de seguridad privada tuvieran que justificar la tenencia de todas sus armas; sin embargo, ambas fueron eliminadas con otras mociones, según denunció la fracción de gobierno.
Estado de la situación
Datos de Seguridad aseguran en el país existen 244.000 armas registradas, más del doble que a inicios de siglo.
En materia de portadores, el país registra 64.874 dueños de un arma, 13.448 de dos y 4.142 de tres. Antes de las últimas reformas a la ley, otras 1.449 habían inscrito hasta cuatro dispositivos y otras 38.325 personas habían alcanzado o superado las cinco.
De todas los usuarios inscritos, el Ministerio de Seguridad además reporta que son apenas 11.000 los que mantienen sus permisos vigentes, algo que también mencionó el ministro Soto como un motivo de preocupación.
En materia de empresas de seguridad privada, el jerarca también compartió que existen serios problemas, pues muchas de ellas se han disuelto y han perdido el registro de más de 5.000 artefactos.
