El escaparate de una tienda en el centro de San José exhibe árboles de navidad, luces y todo tipo de decoración para la época. Dentro del local, una dependiente afirma que en la segunda quincena de este mes entrará más mercadería navideña y también llegará más personal para atender el incremento esperado en la demanda, aunque todavía desconoce si sus empleadores contratarán a la misma cantidad de vendedores que el año anterior.
Unas cuadras más allá, en una tienda de ropa en la Avenida Central, un empleado comenta que están recibiendo currículos para contratar personal, pero que seguramente será para atender el aumento de compras por el “viernes negro” (23 de noviembre) y para Navidad. Por estos días, no han ingresado nuevos empleados, dice.
El escenario es similar en una zapatería, en una tienda de artículos para el hogar y en una boutique de ropa para mujer, todas ubicadas en San José. La cantidad de empleados se ha mantenido a lo largo del año y en los últimos meses las ventas son buenas cuando un fin de semana coincide con el pago de la quincena.
Los administradores esperan vender más en las próximas semanas, pero reconocen que algunos compradores todavía se acercan tímidos o dudosos sobre cuáles gastos vale la pena hacer.
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Los bancos están brindando opciones a sus clientes. El objetivo es que las personas paguen sus deudas en tiempo”.
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El centro de San José es un pequeño termómetro de la condición de incertidumbre que viven tanto empresarios como consumidores ante la inestabilidad de la economía del país, la cual está marcada por un escenario de desaceleración económica, subida del precio del dólar y aumento en las tasas de interés. Hay cautela y preocupación, pero a la vez hay una actitud positiva que pende en gran medida de la posibilidad de que el plan fiscal logre sobrevivir a los filtros constitucionales y de que el país logre evitar una mayúscula crisis económica.
El recelo sobre el futuro de ese proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
–que daría un respiro a las finanzas del Gobierno– impacta en los distintos sectores de la economía nacional, reconocen representantes de cámaras empresariales que piden la aprobación inmediata de esta ley. El proyecto ya fue votado en primer debate en la Asamblea Legislativa, pero ahora está siendo analizado por la Sala Constitucional que dirá si se tramitó correctamente o no.
Uno de los sectores que más urge de la aprobación de esa ley es el sistema bancario, que “ha sentido el impacto en el comportamiento del crédito, mostrándose una desaceleración, y en materia de morosidad las entidades han empezado a tomar una serie de medidas para prevenir un deterioro en las carteras de crédito”, explicó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
De hecho, datos de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) muestran que la morosidad en créditos pasó de 1,91% en setiembre del año pasado a 2,58% en setiembre de este año.
“Una adecuada gestión del riesgo cambiario y del incremento en las tasas de interés son factores determinantes para que las personas puedan atender de manera oportuna sus responsabilidades financieras; por esa razón los bancos están brindando opciones a sus clientes. El objetivo es que las personas paguen sus deudas en tiempo”, añadió Cortés.
Entre esas opciones, mencionó la posibilidad de trasladar deudas en créditos a colones o variar algunas condiciones del contrato como plazos o tasa de interés. Sin embargo, señaló que cada entidad bancaria maneja distintas opciones.
El mes pasado, entidades como el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica anunciaron cambios en las condiciones de los préstamos con el fin de paliar la morosidad.
La directora ejecutiva de ABC mencionó que, en tiempos de incertidumbre, la pérdida de confianza de las personas los lleva a preferir ahorrar en dólares y no en colones. Esto presiona más el tipo de cambio.
Por este panorama, la ABC apoya la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a pesar de que les representa pagar más impuestos. “La solución del problema fiscal es un asunto de todos, y por esa razón los bancos estuvieron de acuerdo en pasar a un esquema de renta global que les implica pasar de una carga impositiva del 22% a una del 30%”, destacó Cortés.
Empleo estable, pero empresarios alertas
La confianza de los consumidores venía a la baja desde meses atrás y registró un hundimiento importante en la última medición del Índice de Confianza del Consumidor realizada en agosto, cuando bajó de 45 a 34,9.
Aunque no hay una medición más reciente, la sensación de los comerciantes es que esa desconfianza es cada vez más pronunciada ante el panorama fiscal y las noticias que advierten que, de no aprobarse la reforma tributaria, tanto el precio del dólar como las tasas de interés seguirán aumentando.
“Evidentemente, la gente se contrae y posterga las decisiones de consumo y eso genera un efecto negativo en el sector comercial”, apuntó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo Bolaños.
A pesar de esto, el sector comercial se muestra positivo con respecto a la llegada de una época estacional de consumo, que tiene como sus fechas más importantes el “viernes negro” y la Navidad.
“Esperamos que esa estacionalidad sea un periodo muy similar al que hemos tenido años atrás”, comentó Elizondo.
Los comercios incluso prevén generar 6.500 puestos de trabajo temporales en esta época, que es una cifra similar a la del año anterior. “Esa es la expectativa, porque ha sido un año difícil para el sector comercial. Nada afecta más que épocas de incertidumbre”, advirtió Elizondo, quien insistió en la urgencia de que se apruebe la reforma fiscal.
“A nadie le gustan los impuestos. Los empresarios han estado históricamente opuestos a más impuestos. En este caso, por un tema de responsabilidad, dada la situación fiscal del país, no tenemos otra salida que actuar responsablemente y pedir la aprobación de este paquete. Saldría mucho más caro, a largo plazo, postergar decisiones en materia fiscal, porque tendríamos un aumento en las tasas de interés, que encarece cualquier proyecto de inversión y sacrificaríamos el crecimiento del país”, concluyó Elizondo.
Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, expresó que el menor consumo ya se traduce en la posposición de inversiones por parte de empresarios de distintas áreas y que, por ende, esto ocasiona que no crezca el empleo. “No es que hayamos tenido noticias de recortes, pero sí de posposición de crear más empleos y ya eso es grave”, señaló.
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Los empresarios han estado históricamente opuestos a más impuestos. En este caso, por un tema de responsabilidad, dada la situación fiscal del país, no tenemos otra salida que actuar responsablemente y pedir la aprobación de este paquete”.
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De hecho, la encuesta trimestral que realiza el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), y que estudia los sectores de agro, construcción, comercio, servicios y manufactura, narró que el empleo estará estable en el último trimestre del año.
Gabriela González Zúñiga, investigadora del IICE, indicó que “para el total de los empresarios que respondieron la encuesta, aproximadamente un 72% no anticipa cambios en las contrataciones de mano de obra; un 15% espera incrementos y un 13% prevé reducciones, por lo que el balance o tendencia neta es de 2%”, detalló González.
La investigadora añadió que en comparación con el trimestre anterior, el empleo empeoró solo en construcción, “en los demás sectores hubo un fortalecimiento, siendo mayor en manufactura”.
Sin embargo, detalló que si se compara el resultado con los cuatro trimestres de los últimos ocho años, en este periodo “todos los sectores mostraron un nivel menor en la expectativa neta de empleo, siendo la reducción significativa en construcción. En efecto, es el nivel general más bajo de toda la serie para los cuartos trimestres, pero mayor que el trimestre anterior”.
La caída en el sector construcción podría explicarse en alguna medida por la postergación de decisiones como la compra de casa, que caracterizan a épocas de incertidumbre.
“Para adquirir una casa más del 90% de las personas requieren adquirir un crédito, y ese es un compromiso a largo plazo. Cuando la incertidumbre llega a cierto punto, esa decisión se hace difícil de tomar. Es una decisión muy diferente a hacer una compra de corto plazo donde las condiciones las tengo mucho más controladas”, explicó Rodolfo Castro, presidente del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).
Castro indicó que, aunque de momento no cuentan con datos estadísticos, tanto en su empresa como en la de los asociados al CODI se han registrado “ventas caídas” en los últimos meses, ya sea porque los compradores deciden postergar la adquisición o porque los bancos no les prestan debido al tipo de cambio. En este sector también abogan porque entre en vigencia la reforma fiscal.
Otro de los sectores que ya reporta problemas a raíz de la situación económica del país es el de importación de autos.
“El mercado de importación de vehículos nuevos ha perdido dinamismo y se encuentra en un proceso de redistribución de sus volúmenes anuales. Esto más que un tema comercial para las empresas importadoras, es un serio antecedente para la finanzas públicas, pues aproximadamente un 20% de los tributos totales del Gobierno se recaudan desde el sector automotriz, sea por impuestos de importación o bien por impuestos a los combustibles”, manifestó Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).
El sector importador también reportó estar afectado por la situación económica actual del país.
“Cuando un importador coloca su producto en el mercado a un tipo de cambio y luego debe pagar la factura a un tipo de cambio más elevado, ya perdió dinero. Los productos importados se encarecen, sean estos de consumo final o como materias primas o maquinaria. Todos nos vemos afectados. Esta devaluación del colón traerá inflación porque en este país hay un muy alto componente importado tanto para el consumo como para la producción”, describió José Manuel Quirce Lacayo, presidente de la Cámara Costarricense de Importadores, Distribuidores y Representantes (Crecex).
Quirce subrayó que, si la desaceleración económica continúa, las empresas sí podrían tener que hacer ajustes en sus planillas y recortar personal.
“La Sala Constitucional tiene una enorme responsabilidad en resolver prontamente la consulta que elevó la Asamblea Legislativa”, apuntó Quirce, quien reprocha las consecuencias que la huelga de sindicatos, que inició hace dos meses –y en algunas entidades no ha terminado– tuvo al generar pérdidas en el sector productivo del país.
Los grupos empresariales que claman por la aprobación de la reforma fiscal son parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), agrupación que en reiteradas ocasiones ha manifestado públicamente su apoyo a esos nuevos impuestos.
El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado, afirmó días atrás que el proyecto es un paso en la dirección correcta, pero que no es la única solución.
Aunque calificó como positivo que el plan fiscal imponga nuevas restricciones a anualidades y otros pluses salariales de los empleados estatales, consideró que se debe crear una nueva ley de empleo público, así como digitalizar el Estado y ordenar las transferencias obligadas por ley.
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Canasta básica sube y no por nuevo impuesto
La tramitación del proyecto para sanear las finanzas públicas tuvo como uno de sus puntos álgidos la discusión por imponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 1% a la canasta básica.
Los sindicatos se opusieron vehementemente a ese impuesto argumentando que castigaría a los más pobres, mientras el Gobierno se defendía aduciendo que ese tributo permitiría la trazabilidad, es decir, seguir el rastro de los bienes desde su producción o importación y hasta su venta.
Finalmente, los legisladores aprobaron en primer debate el plan fiscal con ese impuesto, con la condición de que se devuelva a los más pobres.
Pasada esa polémica y con el plan fiscal en manos de la Sala Constitucional, la Cámara Nacional de Industrias de Granos (Caningra) y la Asociación Nacional de Industriales del Frijol (Anifri) informaron este martes que varios productos de la canasta básica, y que son de consumo diario, subirán de precio en los próximos días debido a que, desde agosto, han afrontado un incremento del 10% en el precio del dólar, aumento que se atribuye en cierta medida a que todavía no haya una reforma fiscal.
No obstante, Jorge Chaves, tesorero de Caningra, indicó que también existen otros factores que llegarían a encarecer los productos como los frijoles.
“Para este año, el Gobierno estimó que en desabasto de frijol se podrían importar 5.000 toneladas; sin embargo, sabemos que ese consumo será mucho mayor y a partir del 15 de diciembre, muchas industrias tendrán que traer frijoles pagando aranceles de hasta un 30%”, mencionó Chaves.
Además, mencionó que una cantidad de frijol se importa desde China, donde la producción cayó significativamente, por lo que deben traer producto desde Suramérica.
