Luego de un análisis de los textos sustitutivos del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº20.580, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acordó solicitar a la Asamblea Legislativa no aprobar en segundo debate el plan fiscal, pues considera que existen una serie de vicios de inconstitucionalidad.
En este sentido, los miembros del órgano institucional señalaron que este proyecto tendría implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública e instó a generar un nuevo texto sustitutivo.
De lograr un acuerdo para un nuevo texto, el Consejo Universitario solicitará se consideren como recomendaciones dejar exentas a las universidades públicas del pago de impuesto al valor agregado (IVA) en compra y venta de bienes y servicios.
Asimismo, plantea incluir a las universidades estatales en el apartado que exime del ámbito de cobertura de la regla fiscal, así como no incluir en el cálculo del presupuesto nacional al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y a la Red de Cuido.
A criterio del Consejo Universitario, desde la UCR ya se han venido implementado medidas para mejorar la eficacia y eficiencia institucional en el uso de los recursos, entre lo que destaca la negociación de la nueva convención colectiva, pues tiene clara la necesidad de hacer y control de gastos y la implementación de un nuevo sistema tributario nacional.
Sin embargo, consideró en su pronunciamiento que la ley 20580 es insuficiente para aminorar la tendencia de crecimiento del déficit fiscal y fortalecer la Hacienda Pública.
“Al igual que las versiones anteriores, el texto final de reforma fiscal establece normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria”, indicó el acuerdo.
En este sentido, el proyecto grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal universitaria e incorpora, como parte del presupuesto destinado a la educación estatal, instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política.
Además, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, aunado a la eliminación de recursos económicos e imposición de impuestos a las actividades fundamentales para financiar parte de los procesos de regionalización, desarrollo institucional, así como acciones de alcance nacional, relacionadas con la investigación, monitoreo y supervisión.
