La ley sobre crimen organizado y la de bienestar animal no pueden aplicarse por falta de presupuesto para la puesta en funciones de los órganos, recursos y personal necesario para su aplicación.
Así lo aseguró el presidente de la Corte, Fernando Cruz, quien compareció este martes por la tarde ante los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en donde también presentó el plan de inversión presupuestaria del Poder Judicial para el próximo año.
La legislación sobre bienestar animal, vigente desde junio de 2017, se mantiene suspendida ante la falta de recursos nuevos. Para su correcta ejecución, se necesita de ¢369,7 millones, de acuerdo con estimaciones de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
“Las nuevas legislaciones establecen tiempos puntuales para la puesta en funciones de los servicios de administración de justicia, los cuales no puede asumirse con los recursos ordinarios que se asignan al Poder Judicial anualmente, pues representaría un desmejoramiento de la labor que se emprende en las diversas materias”, afirmó Castro.
La ley de bienestar animal sanciona con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona, cause daño a un animal doméstico o domesticado. Además, castiga con cárcel de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona organice, propicie o ejecute peleas de animales.
En el caso de la ley sobre crimen organizado, debió extenderse una prórroga hasta octubre de 2019. Esta ley se aprobó en setiembre de 2017 y establece la creación de una jurisdicción especializada en esta materia, lo que implica la creación de tribunales, designación de jueces y fiscales entrenados en esa área.
La misma ley promueve un incentivo salarial especial así como una protección diferenciada de manera permanente, “a consecuencia de los riesgos y las amenazas para su vida o integridad física, o de sus familiares por el ejercicio de la función”.
La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se aplicará cuando se trate de la investigación y el juzgamiento de un delito grave (con penas mayores a cuatro años), así como de los delitos conexos.
Solo para su entrada en vigencia, el Poder Judicial necesitará aproximadamente ¢13.844 millones.
La entrada en vigencia de esta ley se viene postergando desde la presidencia de Carlos Chinchilla, quien afirmó que no pudo incluir los gastos de esta jurisdicción en el presupuesto de este año.
Sin crecimiento
El Poder Judicial presentó un plan de presupuesto para 2019 que no registra crecimiento y mantiene el mismo monto aprobado de este año. Para el próximo año se busca utilizar un monto de ¢474.792 millones, lo que representa un 4,3% del total del presupuesto nacional.
De acuerdo con datos del Poder Judicial, en la formulación del presupuesto se emitieron 130 directrices de contención del gasto, en sintonía con las políticas emitidas por el Ministerio de Hacienda. Además, las 850 oficinas judiciales revisaron las cargas de trabajo para planear sus gastos de manera controlada.
