Es verdad lo del “déficit fiscal” (hoy las finanzas del Gobierno son negativas en casi el 7% PIB), pero también es verdad que los trabajadores no somos responsables de ese déficit,
- Es verdad lo del “déficit fiscal” (hoy las finanzas del Gobierno son negativas en casi el 7% PIB), pero también es verdad que los trabajadores no somos responsables de ese déficit, pues el mismo ha sido obra de la mala administración de la economía por parte de los gobiernos neoliberales del bipartidismo, que, por casi 40 años, han favorecido al rico perdonándole impuestos y estrujado al pobre mediante el deterioro de su salario o, en el caso del campesino o pequeño empresario, encareciendo su producción. Además, son ellos mismos los que han dado rienda suelta a la corrupción y han hecho fiesta con las riquezas públicas.
- El déficit fiscal no es un problema nuevo (es propio de la economía capitalista), pero se agravó con la imposición de las políticas económicas neoliberales por parte de los organismos financieros internacionales en los años 80 del siglo pasado, cuando Ronald Reagan (EEUU) y Margaret Thatcher (Reino Unido) decidieron que los países empobrecidos debían financiar las crisis de los imperios socándose la faja mediante la implementación de los Programas de ajuste estructural (PAE). En Costa Rica, esos programas fueron rechazados por el Gobierno de Carazo Odio y aceptados por Luis A. Monge. Con los PAES, el Estado debía reducirse despidiendo empleados y recortando programas sociales (gastos, les llaman); los servicios públicos, deteriorarse; las empresas del Estado, privatizarse (ej. CODESA y sus subsidiarias); y todo proyecto público, financiarse mediante créditos internacionales, pues el mundo rico había acumulado tanto petrodólar que no tenía dónde colocarlos (la llaman “crisis de acumulación”).
- Así fue como las mafias del bipartidismo –que gobernaban Costa Rica desde los años sesenta del pasado siglo– hicieron piñata con las empresas y servicios estatales que la Segunda República venía desarrollando hasta finales de la década de los setenta. Lo que no remataban –como sucedió con el transporte público o el cemento (CEMPASA)– lo cerraban en beneficio de empresarios privados; por ejemplo, los ferrocarriles a Limón y Puntarenas. A partir de ahí, ni el MOPT ni las municipalidades volvieron a construir obra pública, y todo se pasó a empresas privadas, cuyo desempeño ya conocemos.
- Pero, además, había que asaltar al Estado con los desfalcos en las instituciones públicas. Primero con la plata de los confites que se “comió” José Figueres Ferrer allá por los años setenta, luego el Fondo de Emergencias en la administración Monge Álvarez y la entrega de la telefonía móvil a la multinacional Millicom por parte Óscar Arias, después FODESAF, la quiebra del Banco Anglo, Caja-Fischel, ICE-Alcatel, y más reciente RITEVE, la Ruta 27 y Crucitas, La Trocha, la carretera San José-San Ramón y el “Cementazo”; todos casos ligados a las administraciones Calderón Fournier, Figueres Olsen, Miguel A. Rodríguez, Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla. El “Cementazo” pringó al gobierno de Luis G. Solís.
- Los “certificados de abono tributario” (CAT), desde los años setenta, han beneficiado a grandes empresas nacionales y extranjeras, entregándoles montos de hasta un 20 % del valor agregado nacional a las exportaciones para el pago de impuestos, incluido el de renta. Caso parecido es el “certificado de abono forestal”.
- Son muchas las grandes empresas como INTEL y las ubicadas en zonas francas que por décadas disfrutan de exoneraciones, al igual que grandes cooperativas como la Dos Pinos.
- Los servicios aduaneros del país, que son un gran negocio en cuanto a recaudación fiscal, hace mucho que están privatizados y ahí sucede cualquier fraude.
- Hasta hoy nadie ha cuantificado la dimensión de los recursos marinos que por más de 50 años las compañías extranjeras se han llevado del país pagando cánones ridículos y empobreciendo y contaminando nuestros océanos. Lo mismo ha sucedido con el espectro radioeléctrico, donde las firmas que lo explotan lo hacen casi gratis ganando miles de millones al año, como es el caso de Teletica, Repretel y las cadenas de radio.
- ¿Acaso el agua embotellada no significa su privatización?
- ¿No es la devaluación del colón y el aumento de los intereses en los préstamos una disminución del salario de los trabajadores o del precio de los productos que los campesinos garantizan al consumo nacional?
- No siendo suficiente lo anterior, el “combo fiscal” (Ley 20580) promete gravar la canasta básica, las medicinas y hasta la educación pública, pero no grava a las zonas francas ni a las grandes cooperativas, así como tampoco a las ganancias de la Bolsa “nacional” de valores. Mientras tanto, solo los evasores y elusores fiscales dejan de pagar impuestos equivalentes al 8% o 9% del PIB; a eso sumémosle lo que Hacienda deja de recaudar por el contrabando de mercancías que entran y salen por doquier.
- Llegó la hora de que el pueblo de Costa Rica exija a sus gobernantes cumplir con la justicia económica mediante una ley fiscal equitativa, donde el que tiene más pague más impuestos, y así evitar el endeudamiento estatal y promover la inversión social en educación, salud, medio ambiente y cultura. Ahora, el devenir histórico del Estado tico plantea la duda de si el actual Gobierno, inmerso como está en un raudal de contradicciones estructurales, podrá dotar de una ley tributaria justa sin cambiar sustancialmente el modelo político-económico. La realidad apunta a negar dicha posibilidad y convoca a discutir propuestas de cambio en una amplia mesa de negociación.
