Inmersos en un debate sobre el déficit fiscal, el gobierno de “unidad” se ha rodeado de los que precisamente han endeudado al país a extremos de necesitar recursos de manera urgente. Por una parte, se plantea la necesidad de crear nuevos impuestos y limitar gastos superfluos. Por otra parte, el proyecto ha sido minado para resguardar los intereses de la clase dominante local y, por supuesto, preservar los intereses de las transnacionales como las zonas francas y otros. ¿Qué hacer ante esta situación?, se preguntan algunos expertos con siniestra sonrisa. Imponer impuestos a los servicios, canasta básica, salarios… y aquí está la gran iniquidad socioeconómica: exonerar a esos que han venido haciendo un estilo de política a la medida de sus utilidades como la evasión de impuestos, fraude en las finanzas y, ¡oh sorpresa!, exoneraciones fiscales a granel.
Aquí entran los estudiantes, docentes, sindicatos, asociaciones… para denunciar las injusticias que presenta el plan fiscal. En este contexto, el miércoles 12 de setiembre, después de las 6 p.m., un grupo de estudiantes bloqueó el paso de vehículos y la policía, siguiendo órdenes “superiores”, arremetió contra los estudiantes que se resguardaron en la Universidad de Costa Rica. ¿Era necesario exhibir ese matonismo y quebrar ventanales y puertas de la Universidad de Costa Rica? ¿Por qué esa brutalidad policiaca contra los estudiantes? ¿Se puede aceptar el control del Estado para intimidar e imponer el autoritarismo con pistola y garrote? ¿A quiénes pensaban intimidar? ¿Pretendían mostrar sus músculos para quebrar la huelga a leñazos? ¿A qué viene este desplante despótico del Ministro de Seguridad que apoya las acciones de sus subalternos? ¿No hay una ambivalencia discursiva entre lo que dice el Presidente y el Ministro de Seguridad, o un melodrama a dos voces con un solo sentido?
Los expertos del derecho dicen que la autonomía universitaria, que está resguardad en el artículo 84 de la Constitución Política, es solo financiera, administrativa, libertad de cátedra… y que no es sinónimo de un ejercicio de un “Estado dentro de otro Estado” o “gozo de extraterritorialidad” (ese deshonroso privilegio solo lo obtuvo la compañía bananera). Lo que no dicen esos expertos es que gozar de autonomía universitaria es rechazar toda forma de represión, de abuso de poder, de agresiones en una casa de estudio donde hay apertura y debate entre los diversos pensamientos políticos. ¿Se puede aceptar ese desplante del autoritarismo del ministro Michael Soto cuando se agrede a dos periodistas: Karla Pérez (elmundo.cr) y Javier Córdoba (Semanario UNIVERSIDAD)? Esta pose y lógica oscurantista legitiman el discurso del poder para atropellar derechos fundamentales como el de estos periodistas.
Resulta paradójico que a 100 años de la Reforma de Córdoba, que representó la lucha estudiantil por develar aquel estado medieval, acrítico y represivo, esta tenga plena vigencia, una centuria después, en un Estado que se dice ser democrático y respetuoso de los derechos fundamentales. Justificar las actuaciones brutales de la policía, con un discurso de respaldo hacia subalternos abusivos, es pretender cerrar los espacios políticos, ideológicos y culturales para dejar que sea el autoritarismo, como política de Estado, el que ondee en cualesquiera de las universidades públicas.
