El continuo deterioro de las finanzas del país aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad económica de Costa Rica, y, a pesar de que se pueda aprobar una reforma fiscal con el actual proyecto de Ley 20.580 que se encuentra en la Asamblea Legislativa, expertos consideran que el problema del déficit no se resolverá del todo.
De acuerdo con los expertos Ariel Barrantes y Max Soto, de Banco Cathay, es urgente tomar acciones para paliar la situación fiscal del país, pues, a falta de soluciones absolutas, continúa deteriorándose la imagen del país ante los actores económicos internacionales.
No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos que hace el Gobierno para aprobar la reforma fiscal, los especialistas están convencidos de que los recursos obtenidos por esta vía serán insuficientes, al considerar que la proyección de deuda del Estado para el 2019 con reforma fiscal sería de 59,6% y sin reforma del 60,6%.
“Para el 2022 el escenario de la deuda, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), sería del 62% con la reforma fiscal y del 71,3% sin la reforma. Es claro que vía impuestos no se resuelve la deuda, mientras no se ataquen los gastos”, explicó Barrantes.
Pese a estos datos, Godwin Tang, gerente General A.I. de Banco Cathay, consideró que poner en marcha la reforma fiscal es una señal de buena fe del país de ajustarse, mientras se encuentra una solución más concreta.
Desde su perspectiva, se puede hacer una relación con una persona que le debe dinero al banco y demuestra que quiere pagar, se acerca y llega a un arreglo; la señal es de interés por solventar el problema.
“Si demostramos que nos podemos ajustar un poco, es una forma de decirles a los organismos internacionales que como país estamos dispuestos a socarnos la faja y sacrificar cosas para seguir pagando la deuda, eso reduce la imagen de riesgo del país”, detalló Tang.
La valoración de los expertos señala que es indispensable tomar medidas no solo vía impuestos, sino también de ingresos y gastos, pues sienten que ya hay una cuenta regresiva, debido al continuo deterioro de las finanzas del país y de la imagen de Costa Rica como destino confiable de inversión y estable.
Coincidente con esta posición, Daniel Suchar, analista financiero y director Relaciones Empresariales de la Universidad Latina, explicó que urge resolver el tema de las finanzas públicas, sobre todo con el establecimiento del impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual permitirá la trazabilidad en el sector de servicios para determinar qué vende y compra cada profesional y empresa.
“Como analista, uno no quiere que se le ponga impuestos a la médula espinal del país, que es la educación, salud y canasta básica, pues son pilar fundamental de la sociedad. El asunto es que de nada nos sirve aprobar impuestos si no administramos el basto; entonces, la política en este sentido debe ser mucho más agresiva, eliminar pensiones de lujo, beneficios injustificados y gastos superfluos”, detalló Suchar.
Para el experto, con un déficit fiscal de más de ₡2 billones, una reforma fiscal como la que se está discutiendo en la Asamblea permitiría recaudar solo ₡460 millones, lo que evidencia que ese proyecto no es suficiente, sobre todo tomando en cuenta que la deuda del Gobierno sigue creciendo.
En este sentido, uno de los mayores problemas sigue siendo la evasión y elusión fiscal que, según cálculos oficiales, entre todos los sectores que incurren en esta práctica llegan a un 8% del PIB.
A las puertas de vencimiento de deuda
La deuda del Gobierno de Costa Rica no se detiene; por el contrario, el país se sigue endeudando. De hecho, la principal fuente de financiamiento del presupuesto para el año 2019 será la deuda, ascendiendo a un 53% del total, mientras que este año fue de 44,3%.
“Y precisamente, de ese presupuesto, un 41% del total será destinado a pagar la deuda; es decir, en amortización e intereses. El déficit continuará financiándose con más deuda, lo cual presenta una incertidumbre económica que juega en contra del Gobierno, porque el consumo y el crédito van en una tendencia decreciente, así como los ingresos tributarios”, manifestó Barrantes.
Por otra parte, un 45% de la deuda externa que ha adquirido el Gobierno tiene fecha de vencimiento entre el 2019 y el 2022, y entre el 2023 y el 2036 se vencería otro 20%.
Esta situación pone en jaque al país, pues la incertidumbre económica incide en la reducción del consumo y la demanda del crédito, a pesar de que los bancos tienen un alto nivel de liquidez.
De hecho, según suministrados por los expertos de Cathay, el consumo privado –es decir, lo que compran día a día los costarricenses– ha venido en una baja constante en los últimos tiempos, ubicándose por debajo del 3% en el primer trimestre del año, una situación que incide directamente en el dinamismo de la economía.
Aunado a esto, la actividad comercial no muestra un mejor ritmo, debido, precisamente, a esta desaceleración del consumo, y esto es muy evidente en la compra de vehículos.
Pese a estos datos, se ha presentado un crecimiento moderado en las principales actividades productivas del país, como es la agricultura, la manufactura, el comercio y el sector financiero, pero el PIB tarda en irlo capturando y ninguna se muestra lo suficientemente fuerte.
“Lo que sí compensa la economía es el papel que hace el sector servicios, que incluye el turismo, informática y telecomunicaciones. Mucha de esta cuenta corriente se financia con inversión extranjera directa, por lo que ser competitivos en servicios reduce en gran medida la vulnerabilidad de nuestra balanza de pagos”, manifestó Max Soto, quien también fue director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Soluciones al déficit
Dado que el proyecto de reforma fiscal no resuelve más que parcialmente el déficit del país, es necesario que se tomen otro tipo de medidas de contención para solventar la problemática que se enfrenta en las finanzas públicas.
Lo más importante, indicó Daniel Suchar, es impulsar la competitividad de Costa Rica buscando la reactivación económica, algo que no implica gastar dinero, sino tomar decisiones como simplificar trámites, facilitar el nacimiento de emprendimientos, agilizar la puesta en marcha de negocios y colocar mayores créditos en el sector de pequeñas y medianas empresas.
Otro elemento esencial, para Suchar, es crear el Impuesto de Valor Agregado (IVA), el cual impondría un 13% de impuestos a productos y servicios y permitiría la trazabilidad de lo que se compra y vende en el país. “Eso sí, dejaría por fuera de este impuesto a educación, salud y canasta básica”.
“También es indispensable crear métricas alcanzables en recaudación fiscal y gasto público y ajustar todos los gastos superfluos y el recorte en rubros como actos protocolarios, viajes, entre otros, así como otorgar créditos baratos; es decir con bajas tasas de interés, para aumentar el PIB”, concluyó Suchar.
