Más allá de atraer inversiones ofreciendo a los países como “cuevas” para esconder dineros, la transparencia debería convertirse en un “estándar de oro” para que los países atraigan a los inversionistas.
Este es el criterio de la directora de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, quien visitó el país la semana anterior, invitada por la Asociación Bancaria Costarricense al Congreso Bancario Nacional.
La abogada argentina conversó con UNIVERSIDAD sobre los retos del acceso a la información para los ciudadanos, la independencia en los órganos de control y la importancia de una adecuada vigilancia de la relación entre lo público y lo privado.
¿Qué características debe tener la información para que sea realmente accesible y el ciudadano la pueda utilizar realmente?
–La información debe ser utilizable. Muchas veces la información se presenta de manera que no se pueden trabajar los datos para quienes estudian. Debe ser clara, debe estar disponible de forma gratuita, permanente, y debe estar actualizada. Tiene que haber un control permanente de la calidad de la información que se brinda, pero además hay que tener en cuenta que la información es un instrumento para la participación y esto va a tu segunda parte de la pregunta: ¿qué hacemos los ciudadanos con eso? En muchos países los ciudadanos hemos reclamado leyes de acceso a la información pública, oficinas que faciliten los pedidos o pedidos online de información pública, y muchas veces los funcionarios dicen: “bueno, ya hicimos todo lo que nos pidieron y nadie viene a preguntar nada o nadie usa la información disponible para investigar”. En ese sentido, los periodistas son socios calificados para el uso de esa información, porque es difícil pedirles a ciudadanos comunes y corrientes que dediquen tiempo a entrar a las páginas, buscar información y hacer investigación. Los periodistas pueden utilizar esa información y hacerla llegar a la ciudadanía en forma ya elaborada, para que tenga un sentido.
América Latina es todavía terreno fértil para la corrupción, vemos casos como Lava Jato, Petrobras, los cuadernos en Argentina. ¿Qué hace que la región no logre superar esta situación?
–Creo que no tenemos que tener un complejo de inferioridad en el sentido de decir “somos una región condenada a la corrupción”, porque corrupción hay en todos los países del mundo. La diferencia es cómo reaccionamos frente a la corrupción. Dentro de la propia Latinoamérica, siendo todos muy similares entre nosotros, hay distintos países y las reacciones frente a la corrupción son distintas, y la preocupación y respuesta de políticas públicas es distinta, mientras que la respuesta de la sociedad es distinta.
En ese sentido, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica a tres países de la región por encima de la media –nuestra escala va de 100 para países transparentes y cero países percibidos como muy corruptos en su sector público–. En esa escala de 0 a 100 hay tres países que están por encima de 50: uno es Costa Rica, que en el último índice tiene 59 puntos y los otros dos son Chile con 67 y Uruguay con 70. Pero a la par de eso tenemos países que tienen 14 puntos, 20 puntos, entonces todos somos parte de la región y no todos generamos la misma percepción; así que creo que todos tienen que trabajar por mejorar sus normas y trabajar seriamente para acabar con la impunidad.
En esos países de alta opacidad, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características del sistema político y social?
–En esos países lo que hay muchas veces son normas que no se aplican, o reglas procesales que permiten que cuando se detecta un caso, dure eternamente y no termine sancionándose a los involucrados. Puede suceder que se dificulte la investigación de los procesos o que las normas que finalmente sancionan sean muy leves, entonces no pasa nada. Entonces hay varios aspectos. Un problema puede ser la falta de independencia del Poder Judicial y de los fiscales para investigar.
Uno podría distinguir tres modelos en la región en cuanto a cómo se han enfrentado estos casos de gran corrupción: el primero es el caso de los “campeones” contra la corrupción, donde tenés un juez empoderado que dice “yo voy en serio y me juego por esto”. Este podría ser el caso del Juez Moro en Brasil y de los fiscales de Curitiba que lo apoyaron en la investigación.
El segundo enfoque ha sido traer organismos Ad Hoc, protegidos por un paraguas internacional institucional como la Cicig en Guatemala, la Macig -un poco menos fuerte- en Honduras, apoyada por la OEA. Han tratado de colaborar con los organismos nacionales para luchar contra la corrupción. La Cicig ha sido bastante eficiente en la detección de casos y quizá por eso ha sido tan resistida y las autoridades tratan de poner obstáculos a su labor.
Y el tercer modelo es el de los jueces que estaban siempre, que durante un régimen político estuvieron mirando para otro lado, y al cambiar las circunstancias políticas, cambian y se muestran más activos en la lucha contra la corrupción.
El problema en los tres casos es cómo hacemos sostenible la lucha contra la corrupción. El desafío es darle a los organismos de los Ministerios Públicos y de la Justicia, independencia respecto del poder político y económico, recursos para que hagan su trabajo (humanos, presupuestarios, tecnológicos) y, además, la autoridad, los instrumentos jurídicos para que puedan hacer su labor.
¿Cuán necesarios son esos registros de accionistas o beneficiarios finales, para vigilar la relación entre lo privado y lo público?, como es el caso de los aportes a campañas electorales.
–Cuando uno pide información sobre el beneficiario final, el dueño de verdad de una empresa o de una cuenta bancaria, no lo hacemos porque seamos curiosos, lo hacemos porque esa información es clave para saber qué compromisos existen, los potenciales conflictos de interés entre los empresarios y funcionarios electos, cuán creíbles son los programas de campaña de los candidatos, a quién representan los candidatos realmente y si una vez que son electos responden a los que los votamos o a los que pagaron la campaña. Todo eso tiene que ver con esta relación entre dinero y política, y para saber esta relación no nos basta un nombre de fantasía o el nombre de un testaferro, hay que saber quiénes son realmente los dueños.
Cuando algunos políticos rechazan la idea de un registro de accionistas o beneficiarios finales, lo que alegan es que se pueden alejar los inversionistas, que a las empresas no les gusta ese tipo de esquemas, que la información de las empresas en sensible… ¿Qué se puede responder a eso?
–El tema de la transparencia debe ser un estándar de oro para los países, el Golden Standard; entonces esa no es la respuesta. En un clima de transparencia lo que se hace es fomentar la competencia real y es bueno para los empresarios saber con quiénes compiten y saber si compiten por la mejor oferta, no por cuán amigos sean del gobernante de turno. Así que también los negocios se facilitan cuando hay un clima de transparencia, que no solo es información, sino que además hay reglas claras, se respeta el Estado de derecho, hay seguridad jurídica. Todo eso hace a un Gobierno transparente y no corrupto. En ese clima de respeto al Estado de derecho, no amiguismo, no nepotismo, no conflictos de interés, los empresarios pueden competir mejor y las inversiones pueden ser más seguras.
Tenemos doble moral como sociedades, en el sentido de que se juzga fuertemente lo que hace el político o el que está a la vista del público; pero en lo privado hay también pequeños actos de corrupción que aceptamos y dejamos pasar todos los días.
–Hay pequeños actos de corrupción que se han normalizado como la forma de hacer las cosas, hay casos de pequeña corrupción que parecen normales: pagar algo para obtener el documento de identidad, o un permiso que se necesita, o para no pagar la multa de tránsito; entonces eso es una pequeña corrupción que va permeando la forma de vivir en una sociedad. Lo importante es que tengamos en cuenta que es esa sociedad la que produce los políticos que tenemos y por eso el trabajo en educación es tan importante.
