“Y qué puedo hacer yo, si usted no sabe cómo es el barrio en el que vivo, ahí es muerte para todo mundo, o me voy de ahí o aprendo a sobrevivir y aprendo a cómo viven ahí, no hay de otra.”Adolescente Hombre.
Si bien cada barrio es diferente y hay algunos más complejos que otros, este testimonio desgarrador evidencia el nivel de violencia en el cual hoy en día muchas personas pueden verse reflejadas y en particular las personas menores de edad, aduciendo, además, falta de confianza sobre el apoyo de instituciones encargadas de velar por su seguridad, su protección y desarrollo. Reflejan además las desesperanzas aprendidas sobre no poder hacer nada diferente, nada más que sobrevivir ante esa realidad.
Para quienes trabajamos en el campo de la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, nos alerta que el contexto muchas veces se establece -en gran parte- por la caracterización que la sociedad hace de las poblaciones menores de edad y en particular de las personas adolescentes. Lo define mucho o todo, en particular en cuanto a las oportunidades que se tienen para salir adelante y lograr un desarrollo integral y plena emancipación.
Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes y su bienestar son un excelente indicador para comprender el grado de desarrollo o deterioro de un país.
El marco referencial de protección de los derechos humanos así como las recomendaciones que elabora el Comité de Derechos del Niño hacia el Estado Costarricense sobre el cumplimiento del país en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como mecanismo legal y político para garantizar los derechos humanos, deberían ser herramientas de trabajo para todos los que deben dictar políticas, coordinar el sistema de protección, y ejecutar e impulsar acciones de diversa índole en el campo de la infancia y la adolescencia y con las personas menores de edad.
Sin embargo, Costa Rica viene fallando en este aspecto de cumplimiento y de garantía de derechos humanos, y no solo es reflejado por el incumplimiento de lo establecido en el marco político y jurídico, sino por lo que diariamente están viviendo las poblaciones menores de edad en sus diferentes espacios de socialización. Desde diversos frentes, como lo es el núcleo de trabajo en violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, hemos venido señalando con extrema preocupación, los altos índices de violencia en varios entornos: hogar y familia, escuelas y centros educativos, comunidad, calle, espacios públicos e instituciones de atención y judiciales.
La inequidad y las desigualdades entre lo rural y lo urbano, lo urbano y lo urbano marginal, son dramáticamente sentidas en las poblaciones adolescentes por la falta de oportunidades que el país no logra ofrecer ni atender de manera holística ni sostenida. Las políticas sociales deben dar respuesta y revertir estas adversidades, pero no lo están haciendo o no lo están haciendo bien. La institucionalidad debe responder de manera diferente y en particular lo debe hacer el Sistema Nacional de Protección Integral, articulado con otros sectores y sistemas, y con una adecuada inversión social. Reto central y crítico para la administración Alvarado.
Perspectivas de vida truncadas
La droga, las relaciones impropias y desiguales, el trabajo en el sector informal en condiciones de riesgo y vulneración, el abuso sexual, el embarazado adolescente, la negligencia en la crianza, la migración forzada por situaciones de violencia y de pobreza, la participación en grupos de pandillas juveniles con fines violentos o delictivos, la exclusión temprana del sistema educativo y la falta de oportunidades que afectan a los más excluidos y en condiciones de mayor desventaja social y económica, son consecuencia del abandono de las políticas públicas y focalizadas y de la falta de inversión social que los diferentes Gobiernos han venido dejando de lado.
Aún no tenemos claridad de por dónde va a responder la Administración Alvarado ante estas y otras problemáticas que afectan a las personas menores de edad, ya que parece que estamos en un “stand by” hasta que decidan finalmente cómo van a responder a los niños, niñas y adolescentes y cómo van a trabajar con las organizaciones no gubernamentales que tienen trabajo, experiencia, compromiso, presencia y modelos para abordar estas complejidades tan arraigadas en el país.
La condición de género discrimina y vulnera.
Costa Rica cuenta con definiciones estereotipadas de género establecidas socialmente, las cuales amarran las posibilidades de desarrollo de las personas y más aún, limitan construir proyectos de vida en igualdad de condiciones.
“Yo tengo una bebé, no puedo andar con un carajillo, aunque yo también tenga 15 años, pero ocupo un hombre que me ayude a sostener una familia.” Adolescente Mujer
“Quiero llegar a estudiar el próximo año en el cole. Ya tengo pensado qué colegio. Pero me preocupa el tiempo que voy a durar en el cole ya que necesito trabajar lo más rápido posible por eso no pienso en Universidad. Eso no para nosotros que somos hombres, lo que necesitamos es trabajar.” Adolescente Varón
“No comprendo como a un niño de 12 años no lo dejan trabajar, pero si lo meten a la cárcel… dicen que es un reformatorio, pero no es cierto es la cárcel… yo pase ahí dos años y era un niño” Adolescente Hombre
Y si a la condición de género le sumamos las condiciones socio-económicas y el grado de educación que hayan logrado adquirir, estamos hablando de poblaciones cuya perspectiva es la exclusión social.
Escuchar e involucrar a las personas menores de edad
La construcción de una verdadera cultura de paz merece de un verdadero compromiso político y ciudadano y debe contar con la participación activa y reconocida de todos y todas, entre ellos los niños, niñas y adolescentes como actores sociales. Ellos tienen mucho que aportar y siendo beneficiarios directos de las políticas sociales, pueden con propiedad y claridad decir cuáles son sus realidades, necesidades y hacer propuestas, las cuales deben ser tomadas con seriedad, siendo que su participación puede hacerse de manera individual, colectiva o bien a través de grupos organizados.
Para ello, es necesario crear condiciones y capacidades en la institucionalidad, en las personas y en las comunidades, dar respuestas oportunas e inclusivas y continuar con la ruta trazada y adoptada que se propone en los 10 compromisos políticos para combatir toda forma de violencia hacia los niños, niños y adolescentes.
