La Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió que el último borrador del texto sustitutivo del proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Nº20.580) podría perjudicar directamente a los estudiantes de las universidades públicas, pues no exonera del pago de impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la educación pública superior.
Para el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, esto sería un golpe durísimo para la población estudiantil y es política debilitadora de la educación superior pública costarricense, pues de aprobarse, el estudiantado tendría que pagar un 13% de impuesto, lo que significaría unos ¢400 millones. Por otro lado, en el artículo 11 de este borrador, sí exonera a la educación privada, bajando el pago del impuesto a un 2%.
“Pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de que debemos tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó el rector.
Adicionalmente, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también pagarán el 13% del impuesto, lo que significará una erogación de ¢8.500 millones para la UCR. Es decir, las unidades académicas deberán pagar para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio, entre otros.
No obstante, en el Ministerio de Hacienda aclaró que, en el texto sustitutivo, la matrícula y créditos de las universidades estarían exentos del pago del IVA y que para evitar errores en la interpretación, presentarán una moción legislativa que aclara específicamente este punto.
“Con respecto a la medida que establece el cobro de impuestos a las universidades, es necesario aclarar que todas las instituciones públicas pagarán tributos, no solo los centros de educación superior y que este pago adicional por impuestos les será reconocido posteriormente en el presupuesto asignado a cada institución”, explicó el ministro de Hacienda a.i., Nogui Acosta.
Por otra parte, un tema que también preocupa a las instituciones de educación superior pública de la reforma fiscal es que se derogarían los artículos 3 y 3 bis de la Ley Nº6450 y sus reformas, entre las que se encuentran artículos que asignan recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización general, incluyendo laboratorios y centros de investigación.
Además, la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de primera infancia dentro del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y la propuesta de regla fiscal, atentan contra el fortalecimiento de la educación.
Exportadores plantean reformas a proyecto
Otro sector que siente que la nueva propuesta de reforma fiscal le podría generar afectaciones competitivas es el exportador, el cual a través de su Cámara (CADEXCO) planteó una serie de reformas, frente a la desaceleración económica mostrada en recientemente en la revisión del Programa Macroeconómico para el 2018-2019.
El documento de la Cámara de Exportadores incluye consideraciones generales sobre las propuestas de Hacienda en materia del Impuesto sobre la Renta, así como ideas de cambio a los textos de los temas principales de Renta que consideran deben corregirse, con énfasis en la reducción del gasto público.
“Entre los principales puntos que hemos manifestado a los legisladores es que continúen bajo el sistema de tasa cero a las exportaciones de bienes, desde el proceso de producción de cualquier bien, así como las operaciones que involucren exportaciones de productos”, detalló Laura Bonilla, presidenta de CADEXCO.
De la misma forma, plantearon mantener bajo tasa cero al régimen de zona francas y al régimen definitivo y que se establezca la devolución del IVA al sector por medio de un sistema transitorio, donde se asegure que no se va a cobrar el impuesto a proveedores y exportadores a través de la cadena productiva.
“También consideramos necesario que todos los servicios prestados en el proceso de producción y exportación de bienes queden absolutamente libres de gravámenes, así como todos los bienes y servicios relacionados a la etapa de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), y comercialización de los bienes exportables, dentro del territorio nacional”, explicó Bonilla.
