El gobierno de Daniel Ortega incriminó por el delito de terrorismo a miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y a opositores, de acuerdo con un libelo judicial presentado en el caso de Christian Fajardo y su esposa, María Adilia Peralta, miembros del Movimiento 19 de Abril de Masaya.
La Policía Nacional presentó el lunes pasado una supuesta investigación en contra de Fajardo y Peralta, quienes según el gobierno “mantuvieron secuestrada la ciudad de Masaya”.
El Comisionado Mayor Farle Roa Traña, segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, dijo que la pareja del Movimiento 19 de Abril fue “financiada por un grupo de personas organizadas y radicadas en Estados Unidos”. Pero además señala a integrantes de la Alianza Cívica y políticos opositores de proveerles armas de fuego, provisiones y medicina.
“Los terroristas se encuentran vinculados con Jorge Solís, Víctor Cuadra, Lesther Alemán, Kevin Rodrigo Espinoza”, señaló Roa Traña a los miembros de la Alianza Cívica.
También apuntaron a miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS): Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Hugo Tórrez, Víctor Hugo Tinoco y Loyda Valle. De igual forma a Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
“Dentro de las evidencias se ocuparon los celulares de Cristian Rodrigo Fajardo y María Adilia Peralta Cerrato, resultados de peritaje, resultados de informe requeridos a empresas que operan en el país sobre envíos de divisas a dirigentes de grupos terroristas”, expuso la Policía.
“Con el dinero los terroristas compraban armas de fuego, artesanales, morteros y pagaban a los grupos terroristas, ubicados en tranques. Los terroristas cometían asesinato, robo, secuestro, tortura, obstrucción en las vías, impidiendo el derecho a la libre circulación”, dijo el comisionado Roa Traña.
A la pareja también la acusan por el asesinato agravado y profanación del cadáver del Teniente Póstumo Gabriel de Jesús Vado Ruiz.
Ana Margarita Vijil, del MRS, dijo conocer del libelo y aseguró que se trata de una criminalización de la protesta. Mientras que Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseguró que es una maniobra para intimidar.
La incriminación de estos miembros de la Alianza Cívica y opositores el régimen de Ortega es similar a la que la Policía Nacional realizó contra Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Maradiaga fue asociado a una estructura criminal de un sujeto conocido como “El Viper”, y señalado de los delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Sin embargo, esos señalamientos contra Maradiaga no prosperaron, al menos, judicialmente. El director del Ieepp fue víctima de acoso por paramilitares y de una brutal golpiza por hordas del gobierno en la ciudad de León.
Mónica Baltodano denuncia acoso
La excomandante Mónica López Baltodano denunció este lunes que está siendo víctima de “tentativas de criminalizar su protesta política”. Desde hace varias semanas “se ha orquestado” desde perfiles falsos de redes sociales una campaña en su contra, que la asocia a la detención de una mujer en Diriamba, y quien supuestamente participaba en el tranque de esa ciudad.
Las publicaciones en las redes sociales aseguran que esa mujer, que fue capturada por policías y paramilitares en la laguna de Apoyo, estaba escondida en la casa de la exguerrillera sandinista en esa localidad.
Las publicaciones acompañan el señalamiento con un video donde se ve que la mujer es ingresada a una estación policial. Los policías bajan unas cajas blancas de la patrulla que, se sugiere, son armas de fuego que estaban en la casa de Baltodano en la laguna.
“Tiene el propósito de crear condiciones que propicien agresiones directas en nuestra contra, intentando ‘crear la cama’ para criminalizar nuestras legítimas y legales acciones de protesta cívica contra el gobierno dictatorial de Daniel Ortega”, planteó Baltodano junto a Julio López Campos, también señalado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el régimen de Ortega ha entrado en un “tercer momento de represión”. “Ha habido un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, hacia un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
