Si la máxima expresión de violencia estatal moderna –GHDG excluyendo el estado de guerra– es la privación de libertad, se puede afirmar, sin dudar un ápice, que el Gobierno estadounidense es cada vez más violento contra los inmigrantes.
Las imágenes que indignaron al mundo hace cuatro semanas mostraron a niñas y niños migrantes detenidos en los Estado Unidos (EE.UU.), separados de sus padres en la frontera sur de ese país. Esas imágenes son la representación gráfica de una cruel política de Estado que comenzó a reflejarse en las cifras oficiales estadounidenses desde los años noventa: la progresiva y continua criminalización de la condición de inmigrante en Estados Unidos.
En las últimas tres décadas, el arribo de migrantes indocumentados fue combatido por el gobierno de EE.UU. mediante una política sistemática de detención, encierro y persecución penal, impulsada por las autoridades federales, apoyadas en una estructura legal creada en los años ochenta para luchar contra el narcotráfico.
Las estadísticas reflejan la expansión de esas prácticas como una política de Estado. La cantidad estimada, en promedios diarios, de inmigrantes que son encerrados en prisiones en ese país durante el 2018 es mayor que cualquier otra cifra registrada desde 1994.
Y se proyecta que, para el 2019, ese indicador crecerá de nuevo hasta superar las 45.000 personas encarceladas. 
De igual manera, la cuota promedio de camas diarias que las prisiones federales deben reservar por ley para que Immigration and Customs Enforcement (ICE), la policía fronteriza, mantenga detenidos a inmigrantes en Estados Unidos, creció un 23% desde 2010. Y lo que le cuesta al Gobierno mantener cada cama aumentó 43% en el mismo plazo.
Tal explosión de inmigrantes encerrados se registra pese a que la población indocumentada en Estados Unidos muestra una tendencia a la baja desde el 2007.
Mientras que en 2007 la cantidad de extranjeros indocumentados que vivían en Estados Unidos se estimaba en 12,2 millones, para el 2015 la cifra había caído hasta los 11millones. 
Y a pesar de la disminución de la cantidad de población extranjera que vivía sin papeles en EE.UU., la persecución penal de personas por incumplir las leyes migratorias creció con muchísima fuerza.
De hecho, el principal motivo de todas las acusaciones criminales ejecutadas por el Gobierno federal estadounidense desde 1997 fue la presunta violación de leyes migratorias. Pasar sin permiso la frontera es la primera en la lista, con un 53% acumulado. En segundo lugar le sigue el narcotráfico.
Es por esto que la destacada investigadora Ingrid V. Eagly, de la escuela de leyes de la Universidad de California en Los Ángeles, ha advertido en una de sus investigaciones sobre el tema que “los no ciudadanos se han convertido en el rostro de las prisiones federales” en los EE.UU.
Así, si la máxima expresión de violencia estatal moderna –excluyendo el estado de guerra– es la privación de libertad, se puede afirmar, sin dudar un ápice, que el Gobierno estadounidense es cada vez más violento contra los inmigrantes.
Fundir la ley criminal y la migratoria
César Cuauhtémoc García, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Denver y uno de los académicos que más ha estudiado esta invasión del derecho criminal en las políticas migratorias estadounidenses, expresa con claridad su preocupación al respecto: “La cárcel debiera ser el último recurso, pero no lo es. Se trata de inmigrantes encerrados, como prisioneros, en cárceles”, sostuvo en una entrevista con UNIVERSIDAD.
El fenómeno fue bautizado como crimmigration por la investigadora Juliet Stumpf en un artículo académico del 2006. El término mezcla en inglés las palabras criminal e immigration (“inmigración” en inglés).
Para ella, la criminalización de la ley migratoria creó dos sistemas paralelos en los que la ley de migración y el sistema de justicia criminal están meramente separados por los nombres.
García ejemplifica esa separación nominal en el uso del lenguaje, que trata de disimular las medidas aplicadas a criminales en los inmigrantes.
“En vez de decir ‘cárceles’ donde los encierran, les llaman ‘centros de detención’; y en vez de ‘acusados’ les dicen ‘demandados’; pero por más que cambien las palabras, es un hecho que están detenidos como prisioneros en cárceles, que son acusados y muchas veces se trata de prisiones donde duermen personas que sí cometieron delitos”, explica.
Según desarrolla la experta en una de sus investigaciones, la crimmigration se fue delineando cuando, entre los ochenta y noventa, el Congreso estadounidense aumentó paulatinamente el número de conductas que permitían aplicar a los extranjeros la pena de deportación.
Entre esas conductas, cualquiera ligada al narcotráfico o al lavado de dólares. Esa fue la respuesta política que acompañó la guerra contra las drogas promovida con fuerza en tiempos del presidente Richard Nixon (1969-1974).
En una segunda etapa en la expansión de la crimmigration, a finales de la década de los ochenta, las consecuencias de entrar a EE.UU. sin documentos y cometer un delito recibían ya una penalización más grave.
En 1988, por ejemplo, el máximo de la pena para quien cometiera un delito agravado y pasara la frontera de ese país se aumentó a 15 años. Posteriormente, subió una segunda vez con penas de hasta 20 años, como se mantiene en la ley vigente.
Pese a esos cambios, las deportaciones por faltas criminales no crecieron de manera importante.
Fue hasta mediados de los años noventa que este fenómeno comenzó a despegar y durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) se rompieron todos los récords.
“Si usted estudia esa evolución, nota que las normas que usan los gobiernos de EE.UU. en años recientes para perseguir penalmente y encerrar a los inmigrantes se basan en esa arquitectura legal de los años ochenta, que había sido diseñada para penalizar y deportar narcotraficantes”, concluyó García.
Sin esperanza de que cese
Y aunque, en las últimas semanas, Donald Trump paró la separación de niños inmigrantes de sus padres, tras ceder ante la indignación mundial y la obstaculización desde el Poder Judicial, todo indica que esa violenta respuesta gubernamental que apela a la represión y al encierro no se detendrá.
En febrero del 2018 Trump publicó su presupuesto para el 2019. Y mientras propone recortes para varias agencias del Gobierno, el mandatario estadounidense quiere subir casi un 8% el presupuesto para seguridad nacional, la agencia que tiene a su cargo –entre otra cosas– el ICE (migración) y la patrulla fronteriza, quienes se dedican a detener inmigrantes e iniciar sus procesos de deportación.
En ese mismo presupuesto, Trump dice que quiere contratar a 2.000 agentes más para el ICE. También quiere más jueces migratorios, encargados de ordenar el encierro de inmigrantes; si ellos salen con una fianza, estudian las solicitudes de asilo y ordenan su expulsión, si la ley lo autoriza.
Ese afán expansivo de la aplicación de la ley criminal se refleja, como es esperable, en el gasto. Los fondos públicos dirigidos a la custodia de inmigrantes detenidos se multiplicaron por tres veces y media desde el 2005.
El incendio no empezó con Trump
La evolución de todos estos indicadores de violencia estatal deja también algo muy claro: la agresividad contra los inmigrantes no nació con Trump. Desde Bill Clinton se nota esta expansión del uso de la ley criminal contra los inmigrantes.
Eso no niega, claro, que la administración de Trump fue la primera en separar a los niños de sus madres como parte de la política migratoria estadounidense. Tampoco que Stephen Miller, asesor de alto rango de Trump en la materia, ha aceptado abiertamente que promovió tal política para disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera.
De hecho, la administración de Trump puede ser catalogada como la más cruel con los inmigrantes por promover su persecución incluso dentro de las iglesias y en las cortes migratorias.
Además, hay evidencia de que la administración Trump se ha empeñado en someter a procesos de deportación a inmigrantes que, en promedio, tienen más años de vivir en EE.UU., en comparación con los detenidos en tiempos de Obama.
Mientras en el gobierno de Obama solamente el 10% de los llevados hasta las cortes migratorias tenían dos o más años de estar en el país, durante la administración de Donald Trump ese porcentaje creció hasta 40%.
Sin embargo, la tendencia de someter a los inmigrantes a medidas que usualmente se usan contra los criminales no nace con Trump. Desde tiempos de Bill Clinton (1993-2001) se registra el aumento de inmigrantes detenidos y perseguidos penalmente. George Bush usó tal recurso y Obama le sacó todo el provecho.
Y no, tampoco fue Trump el primero en separar familias y detenerlas para disuadir a los inmigrantes en sus deseos de pasar la frontera sur estadounidense.
Si bien Obama no permitió la separación de niños de sus madres, sí separó a familias al detener a madres e hijos lejos del padre. Y, al igual que Trump, lo hizo con fines disuasorios.
El jefe de seguridad nacional de Obama, Jeh Johnson, le dijo al Senado en el 2014 que la detención de madres y niños inmigrantes que sucedía en su gestión era parte de una “estrategia de disuasión agresiva” del cruce no autorizado de las fronteras.
Es más, en un comunicado de prensa de ese mismo año, el Departamento de Seguridad Nacional, al anunciar la apertura de una prisión de familias en San Antonio, Texas, dijo que esa cárcel iba a “disuadir (…) de realizar el peligroso e ilegal viaje para cruzar hasta los Estados Unidos”.
“La detención de familias fue la piedra angular de la segunda administración de Obama (que inició en el 2013). Madres con niños de apenas unos meses fueron detenidas, mientras los padres fueron separados de sus seres queridos”, denuncia el académico César Cuauhtémoc García en un artículo publicado en The Guardian.
En 2012, durante los arrestos a inmigrantes en la frontera suroeste, solo el 3% correspondía a familias completas. Para el último año de la gestión de Obama, en el 2016, la detención de familias creció hasta 15%. Trump, por su parte, subió ese porcentaje aún más hasta el 24% en el 2018.
La cárcel modelo para encerrar familias
Para algunos, es esperable que ese porcentaje de detención de familias completas no pare de crecer. Dado que Trump abortó la ruta de separar a niños detenidos de sus madres, lo que se espera es que su gobierno siga el camino trazado por Obama: seguir con la creación de cárceles familiares.
Como parte de esa tendencia se ha mantenido en funcionamiento el Berks County Detention Center, en el estado de Pennsylvania. Ese centro ha sido usado como modelo para crear otros dos que también alojan familias inmigrantes. En esos lugares las personas no pueden recibir llamadas y el acceso de la prensa es excepcional.
El centro de Berks ha sido fuente de controversia porque algunos niños inmigrantes han estado ahí encerrados durante dos años y por la violación de una inmigrante hondureña por un guardia de seguridad.
Un grupo de ciudadanos llamado Shut Down Berks Coalition está presionando para el cierre del centro.
“Las prisiones no son un lugar para familias. El simple acto de encarcelamiento genera daños físicos y mentales a largo plazo, especialmente para los niños”, explicó Jasmine Rivera a UNIVERSIDAD. Ella es de las líderes del movimiento para el cierre inmediato del centro.
“En ese lugar se han documentado casos de abusos verbales, abusos de los derechos laborales, negligencia médica, educación impropia y un guardia fue condenado por la violación de una madre de 19 años”, indicó Rivera.
De mantenerse esta política de encierro de familias, el rostro de las prisiones federales ya no será un inmigrante, como lo denunció, preocupada, la investigadora Ingrid V. Eagly. La imagen podría evolucionar a ser, más bien, el retrato de una familia extranjera completa.
Encerrar inmigrantes en EE.UU. es negocio de $3 billones
El dinero gubernamental dirigido a encerrar indocumentados en EE.UU. engorda la billetera de corporaciones privadas, dado que el modelo estadounidense privatiza la mayor parte de tal función penitenciaria.
Las cifras varían mucho en el tiempo y es difícil encontrar datos recientes que a la vez sean confiables, pero para la noche del 22 de setiembre del 2012, el 67% de los inmigrantes detenidos durmieron en camas propiedad de empresas privadas contratadas por el Gobierno.
Así lo reportó Donald Kerwin en una compleja investigación publicada en el Journal on Migration and Human Security.
El presupuesto que puede gastar este año el Gobierno de Donald Trump para custodiar inmigrantes $3 billones americanos (₡3 mil millones).
Ese gasto no ha parado de crecer. En 1995 el presupuesto ejecutado por ese rubro fue de $0.86 billones, (₡0.68 mil millones) una cifra 3,5 veces menor que lo ejecutable para el 2018.
La detención de niños es también muy lucrativa para algunas organizaciones. Por ejemplo, la empresa Southwest Key Programs ha recibido $955 millones en contratos estatales desde el 2015 por dar refugio a niños inmigrantes indocumentados detenidos por el Gobierno, reportó The New York Times.
Southwest Key Programs ha sido muy criticada porque su reporte de impuestos muestra que el salario de su presidente y director ejecutivo, Juan Sánchez, fue de alrededor de $770.000 dólares en el 2015.
Concentración y lobby
En EE.UU. la privatización de las cárceles es muy común, tanto para la custodia de inmigrantes en proceso de deportación como para quienes cometen delitos y son sentenciados. Esa nación tiene la población presidiaria más grande del mundo.
La empresa con el contrato más lucrativo por la custodia de inmigrantes es Corrections Corporation of America, que también es fuertísima en el mercado de la detención de no inmigrantes.
En segundo lugar le sigue GEO Group. En el 2015 esas dos empresas reportaron ingresos de $1,9 billones americanos (₡1.9 mil millones) y $1,8 billones (₡1,8 mil millones), respectivamente.
Estas firmas invierten mucho dinero para presionar a favor de legislación que detiene a inmigrantes con más frecuencia y por más largos períodos.
Associated Press informó que las tres empresas que más contratos reciben por dar servicios privados de prisiones (esas incluyen a Corrections Corporation of America y a GEO Group ) dieron $45 millones durante la década pasada en lobby para esos fines.
Aunque en agosto del 2016, en tiempos de Barack Obama, se anunció que el Gobierno federal iba a dejar de contratar prisiones privadas por problemas de calidad y altos costos, el fiscal general elegido por Trump, Jeff Sessions, se trajo abajo esa decisión, por lo que a las corporaciones del negocio carcelario les esperan muchas ganancias en los próximos años.
