“Mientras Ortega y Murillo no dejen el poder, no podemos avanzar en la democratización. Tienen que renunciar”, aseveró con claridad y vehemencia el activista originario de la comunidad campesina de El Arenal, en Masatepe, departamento de Masaya, donde integra el Grupo de Solidaridad de El Arenal (Grudesa). Se trata de una organización que trabaja temas como la defensa de acceso a la tierra, mejoramiento de la educación y servicios de salud, y en el acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual.
Henry Salatiel López debió dejar su comunidad y país ya que, ante su participación en el amplio movimiento social que busca la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su nombre figuró en una lista negra y se intensificaron medidas de acoso tanto en su vida cotidiana como en el ejercicio de su profesión.
Recordó que dio sus primeros pasos en el activismo social desde sus 12 años de edad, cuando desde un espacio de promoción de la lectura para niños se integró al trabajo comunitario. El abogado concedió esta entrevista –concretada gracias a la Asociación Ditsö– al día siguiente de llegar al país.
¿Por qué debió venirse a Costa Rica?
—Por el trabajo que hacemos activistas de derechos humanos, nuestra vida está en riesgo. Desde Grudesa ya veníamos criticando el sistema en educación y salud. Nos catalogaban como derechistas que queríamos boicotear el trabajo de la “post-revolución”, como la llama el actual gobierno.
En el contexto actual de protestas sociales, y como organización y comunidad campesina preocupados por la estabilidad dentro del país, empezamos a apoyar el movimiento de los autoconvocados, que nace de la misma ciudadanía, de los jóvenes en la universidad, hombres y mujeres que quieren cambiar Nicaragua. Damos acompañamiento y los jóvenes empiezan a hacer tranques en cada municipio, como manera de protección y de resistencia pacífica. Entramos en un apoyo logístico, garantizando insumos médicos, alimentación y acompañamiento legal. Se visibiliza más el trabajo que hacemos y empiezan a sacar las famosas listas negras; se dice que estamos supuestamente financiando la desestabilización del país y es cuando empieza el acoso.
Tenía mi oficina en el centro de Masatepe. Empezaron a espiar, a llegar amenazas diciendo que iban a quemar mi carro o quebrarle los vidrios. Decían que iban a enseñar quiénes son los que verdaderamente mandan en Nicaragua, un sinnúmero de mensajes y publicaciones en redes sociales donde nos denigraban y criminalizaban la lucha que dábamos. Hoy por hoy, es lo que hace el Gobierno, tratar de deslegitimar la lucha pacífica del pueblo para convertirnos en actos vandálicos que supuestamente provocan grupos de oposición de derecha, pero en Nicaragua no hay un partido de oposición que lidere esto, es el mismo pueblo que se ha organizado.
Son actos de intimidación y acoso que lo hacen a uno buscar cómo tener un perfil más bajo y cuidar el trabajo que hacemos. Me decía un compañero: “compa, te queremos vivo para celebrar la salida del régimen”.
¿En qué condiciones se dio la última elección presidencial en Nicaragua, en el 2016?
—Nicaragua ya vivía un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado. Ya la democracia era atacada incluso desde el 2007, cuando Ortega llega nuevamente al poder, porque llega bajo un pacto entre él y Arnoldo Alemán. Ese pacto saca de la cárcel a Alemán a cambio de reformar la Constitución, que establecía que, para que un presidente fuera electo en primera ronda, debía lograr el 45% de los votos. Con ese pacto se bajó al 35%. El Frente Sandinista (FSLN) nunca había superado el 38%, que es el porcentaje histórico que Ortega llega a lograr. Incluso él gana las elecciones del 2006 con ese 38%.
Luego en el 2011 se empieza a plantear el tema de la reelección y ya todos los poderes del Estado –Judicial, Electoral– estaban bajo dependencia del Poder Ejecutivo. Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que le da chance para reelegirse. Desde ese momento, ya prácticamente todos los magistrados tenían una alianza partidaria con el FSLN, el Poder Judicial estaba manoseado, ya no se puede confiar en el Poder Judicial de Nicaragua.
En el 2011 empieza a darse con mayores expresiones lo que vemos hoy, que es el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.
¿Cómo se experimenta ese desmantelamiento de la democracia en comunidades rurales como la suya?
—Se ve en temas sencillos como este: un caso de abuso sexual que queda en impunidad; significa que no hay acceso a la justicia y, si no hay acceso a la justicia, no hay respeto a los derechos humanos. En nuestra comunidad se han dado casos sonados en que niños, niñas y mujeres han sido víctimas de abuso sexual, en los que fueron involucrados profesores, docentes de educación primaria y personas que en un momento estuvieron vinculadas al partido de Gobierno y que, por tener esa filiación política, el Ministerio Público no dio seguimiento a la persecución del delito.
La impunidad también se basa en la posición económica o religiosa del agresor sexual. Tenemos un caso en que el abusador es un expastor evangélico y anda prófugo, gracias a que, en una de las audiencias, el Ministerio Público accedió a un cambio de medida cautelar. El día de juicio, el agresor no se presentó, huyó, y ocho años después no hay respuesta sobre ese caso.
¿Qué tanto se ha borrado la división de poderes?
—Es un tema en el que se ha venido en retroceso. Con la división de poderes se garantiza la democracia; sin embargo, cuando hay manipulación de esos poderes, no se alcanza la justicia.
En Nicaragua, hoy por hoy, no hay división de poderes. El gran problema, en el caso del Poder Judicial, es que los magistrados ocupan ese cargo de acuerdo a un nombramiento partidario. Si un magistrado es fiel al partido de Gobierno, el gobernante lo va a tener ahí como un escudo, una ficha para mover a su conveniencia.
¿Cuán fuerte es el apoyo popular al FSLN?
—Se ha quedado sin bases. Tanto así que en sus concentraciones las plazas quedan vacías. Los medios oficialistas del Gobierno –canales 4, 6, 13– empezaron a sacar de archivo las antiguas concentraciones del FSLN histórico, que sí llenaba la Plaza de la Revolución. Pero en este momento, que llaman la segunda etapa de la revolución, se han quedado sin gente, sobre todo a partir de la masacre del 19 de abril. La sociedad nicaragüense perdió el miedo y ahora se convoca en actividades como plantones, marchas, actividades culturales y veladas en solidaridad con los hermanos caídos que ya suman más de 200.
Es importante destacar que la campaña del Gobierno es deslegitimar la lucha del pueblo, luciendo etiquetas como “Nicaragua quiere paz”, pero esa Nicaragua que quiere paz, según el Gobierno, la entiendo como un pueblo adormecido, que no reclame.
El apoyo (a Ortega) es la represión, la violencia que ejecuta por medio de la policía, parapoliciales y grupos de terceros, como dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esos grupos entran delincuentes, pandilleros, contratados por líderes políticos que pagan entre 200 y 300 córdobas por salir a reprimir a las calles.
El capital empresarial en Nicaragua por diez años tuvo una alianza con el Gobierno; hoy se ha roto. Los empresarios no apoyan al gobierno de Daniel Ortega.
El lunes 25 de junio el diálogo se suspendió sin llegar a acuerdos concretos. La representación del Gobierno no quiere tocar el tema de democratización. Vemos que se centran en otros aspectos que no son los fundamentales; lo que quieren es ganar tiempo. Nos preguntamos: ¿tiempo para qué? ¿Para seguir masacrando al pueblo?
La democratización nos llevará un proceso de años, porque ha sido una corrupción en todos los niveles durante los últimos 11 años. Por ejemplo, las sentencias del Poder Judicial ya estaban vendidas, eso es un secreto a voces en Nicaragua.
