Siete diputados buscarán resolver en los próximos dos meses el complicado trámite del expediente 19.571, el polémico proyecto sobre la Ley Especial de Extinción de Dominio que ha navegado por la corriente legislativa desde mayo de 2015 entre aclamaciones y críticas.
El objetivo de la iniciativa es brindar al Ministerio Público la facultad de castigar por la vía de la confiscación las “prácticas ilícitas” relacionadas con el crimen organizado; sin embargo, las voces opositoras al texto han reiterado que eso atentaría contra el principio legal de presunción de inocencia, pues evitaría que se realice un debido proceso probatorio.
Lea también: Juristas ven con preocupación proyecto de ley sobre extinción de dominio
Así mismo, existen quienes afirman que el proyecto es innecesario pues la Ley Contra la Delincuencia Organizada ya regula la materia bajo la figura del “comiso”, que bien podría ser reformada para evitar la extinción como un procedimiento arbitrario.
La nueva comisión dictaminadora se creó apenas la semana pasada, momento desde el que su presidente, el liberacionista Gustavo Viales, afirmó que su principal objetivo será evitar vicios que puedan acarrear inconstitucionalidades y revisar la redacción con expertos para “dictaminar el texto lo más pronto posible y que sea votado”.
Sobre los principales cambios que se buscarían adelantar, comentó que “lo más comentado ha sido garantizar la valoración de un juez”, de modo que “no sea por la vía administrativa que se pueda hacer una confiscación de este tipo, pues podría existir algún peligro de persecución”. Varios cambios fueron introducidos en 2015 a través de un texto sustitutivo; sin embargo, estos diputados darán una nueva revisión.
Los trabajos de la comitiva especial iniciarán esta misma noche con la presencia del director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, y el equipo técnico del Ministerio Público y el OIJ que ha trabajado recientemente en una nueva versión de la propuesta, un proceso que —según Viales— ayudará para mercar mejor “cuál será el ámbito de aplicación”.
Además de Viales, componen el grupo legislativos los diputados Jorge Luis Fonseca (PLN), Jonathan Prendas, Eduardo Newton Cruickshank (PRN), Víctor Morales (PAC), Pablo Heriberto Abarca (PUSC) y Zoila Rosa Volio (PIN). Una vez dictaminada la iniciativa, pasará al primer lugar en el orden del día del Plenario Legislativo para su discusión.
“Sería nada más una revaloración de alguna propuesta que inició el Ejecutivo anterior y que no se logró concretar, queremos ver en qué consiste y, si todos los diputados y sectores quedamos satisfechos, darle trámite rápido”.
Marcar la cancha
Además de garantizar la intervención de un juez, el diputado Viales comentó la necesidad de que el proceso en comisión demarque mejor cómo y en qué circunstancias se aplicaría la posesión de bienes por parte del Estado.
“En un principio estaba para crimen organizado, después se amplió para corrupción y luego para defraudación fiscal, entonces va tomando otra cognitiva el proyecto y lo que quisiéramos es que se aplique para lo que realmente fue pensado, que era el crimen organizado, las bandas de narcotráfico y el lavado de dinero, cuando no pueden justificar sus ganancias”, apuntó.
Sobre esta posición y la posible reducción de los alcances del proyecto, afirmó que él es “de la tesis de que no se debe reducir”; sin embargo, dijo que es una posibilidad si les advierten que no hacerlo puede provocar una inconexidad de la norma, pues “no quisiera arriesgar una herramienta tan poderosa”.
En términos generales, el diputado señaló que la intención es no realizar más de tres audiencias, en medio de un ambiente “favorable” en el que lo que se quiere es “analizar si el proceso que está escrito en el proyecto no va a desvirtuar algún derecho constitucional”.
“Ha existido un ambiente favorable con el proyecto de ley y la comisión tiene un plazo muy corto, de dos meses, para poder revisar cualquier inconstitucionalidad, remitir un informe y que pase el texto al primer lugar en el orden del día”, concluyó.
En la legislatura pasada, la oposición al proyecto estuvo encabezada por el diputado Otto Guevara —quien incluso presentó un proyecto alternativo (expediente 20.599) en noviembre pasado— y actores jurídicos como la Defensa Pública del Poder Judicial y académicos de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para estos, la extinción es “un castigo”, por lo que sólo podría emplearse bajo un proceso probatorio que compruebe la culpabilidad y no sólo la suponga. Actualmente, la extinción de dominio se aplica en países latinoamericanos como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.
En campaña, el ahora presidente Carlos Alvarado había manifestado su deseo de que se aprobara esta iniciativa, como una forma de golpear el creciente auge de problemas como el narcotráfico y el lavado de dinero en el suelo nacional.
