“Si a mi hijo le pasa algo, yo sencillamente llamaré a las personas que monitorean, les digo que voy corriendo para el hospital y, si tienen que poner que tuve un incumplimiento, que lo hagan, pero no me voy a quedar encerrado”.
Ronny Chan es uno de los 784 privados de libertad que portan una tobillera electrónica que monitorea de cerca todos sus pasos. Vive en el segundo piso de un taller mecánico, en San Felipe de Alajuelita, y si pone un pie fuera del apartamento en donde comparte espacio con su mamá y su hermano, la Fuerza Pública lo buscará, su permiso podría revocarse y Ronny iría preso.
Esta es la realidad de un hombre que fue condenado por el delito de robo agravado, pero que cumple con el perfil para gozar de cierta libertad de movimiento y la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Esa oportunidad, que se le otorgaba en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se esfumó con el arribo de la nueva administración.
Antes podía trabajar, estudiar y llevar a su hijo a comprarse un helado. Hoy no tiene trabajo y tampoco puede salir a buscar uno. La nueva administración considera que les corresponde a los jueces dar esos permisos y no a ellos, un criterio que cambia las reglas del juego y pone a correr a los jueces, quienes tardan meses en analizar estos casos.
“Si ocupo un día libre para buscar trabajo, no puedo. ¿Cómo hago para buscar trabajo desde la casa? Dicen que el beneficio le ayuda a uno, pero, ¿cómo desde la casa? Mi hijo y las personas que están a mi alrededor no tienen culpa de mis decisiones”, dice Chan, quien valora pedir un cambio de modalidad.
El privado de libertad, de 47 años y condenado por robo agravado, afirma que necesita recursos para su hijo; sin embargo, alega que las nuevas decisiones del Ministerio de Justicia le imposibilitan ser productivo, por lo que le convendría más ingresar a una cárcel semiabierta, en donde trabaja y estudia de lunes a viernes y sale los fines de semana.
Así de restrictivo es el mecanismo que se maneja como la opción más cercana a la libertad para un reo que cumple una sentencia en el sistema penitenciario. Se trata de una alternativa que, en un inicio, buscaba reinsertar a personas aptas para convivir en sociedad, pero sin los alimentos y el trabajo que podrían recibir en la cárcel.
Ley con vacíos
Una ley deficiente obligó a la administración anterior a crear un reglamento para que la unidad de monitoreo, gestionada por el Gobierno, se encargara de otorgar permisos de salidas cuando los privados de libertad tenían citas médicas, entrevistas de trabajo, trámites personales y otros asuntos, siempre que estuvieran bien fundamentadas y no hubiera un riesgo para terceros.
Las debilidades de la ley fueron reconocidas en el pasado por los exministros de Justicia, Marco Feoli y Cecilia Sánchez, así como por distintos actores involucrados en el proceso.
Ahora, bajo las órdenes de la viceministra Isabel Porras, y amparados en un nuevo criterio de la oficina de servicios jurídicos, el Ministerio de Justicia ordenó que esos trámites se deleguen en su totalidad a los jueces.
Lea también: Ministra de Justicia no acatará medidas correctivas de jueces
Sin embargo, los jueces de ejecución de la pena, Roy Murillo, de San José, y Odilie Robles, de Alajuela, entre otros, alegaron que la vía judicial no es ágil para resolver situaciones de urgencia; por eso emitieron medidas correctivas, ordenando al Gobierno a encargarse de tramitar y resolver los permisos.
Sin embargo, la viceministra Porras desoyó las órdenes de los jueces e instruyó que todo permiso de salida se tramite ante los jueces. De acuerdo con la abogada, el artículo 57 bis del Código Penal establece que los permisos son competencia del juez, por lo que un reglamento no puede anteponerse a una ley.
“La orden que da el juez no es una orden legítima. El Código Penal establece que el permiso le corresponde al juez de ejecución de la pena”, comentó la viceministra de Justicia, quien además afirmó que existe un problema de interpretación sobre el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. “Es lo mismo que estar en la cárcel, pero en la casa”, agregó.
Porras, exjueza de juicio y de un enfoque de mano dura, considera que los usuarios de tobilleras son personas que no “deberían hacer cosas regulares” y que está actuando en tutela de los “derechos de la víctima”.
“Si nosotros permitimos que en todos los casos, la persona con monitoreo electrónico tenga un perímetro muy amplio, podríamos dejar desprotegida a la víctima; estamos tutelando el derecho de las víctimas (…) Si nosotros damos ese permiso, ni siquiera escuchamos al Ministerio Público. Todo se hace con defensa y juez, sin consultar al fiscal”, argumentó Porras.
Disgusto
Ante la posición de Porras, el juez Mario Rodríguez, de Alajuela, valora notificar personalmente a la viceministra, haciéndole ver que se expone a una denuncia penal por desobediencia a la autoridad.
“Hay una intención de no acatar, en el caso de Alajuela estamos dando un tiempo, pero en caso de que no se quieran seguir las órdenes después de la notificación, entonces posiblemente se deba acudir a la Fiscalía”, comentó Rodríguez.
Mientras las tensiones entre jueces y Gobierno se intensifican, la fila se hace más larga y las solicitudes se acumulan en oficinas judiciales, tardando, con suerte, unas cuatro semanas para resolver situaciones de urgencia.
Así las cosas, el miércoles pasado llegó una solicitud de un hombre que se cortó un dedo y necesitaba salir al hospital. También se pidieron permisos para un privado de libertad que necesitaba llevar a su hijo a una cita médica y de un hombre que estaba trabajando en instalación de mallas.
Todas estas personas, con ámbitos de movimiento que les permitían movilizarse con mayor libertad, perdieron sus permisos y sus oportunidades de resolver necesidades inmediatas.
Además, unas 20 personas que tenían permiso administrativo de estudio, no han podido asistir a las clases desde la semana anterior, puesto que el permiso, si se tramita ante un juez, toma meses para su resolución.
“El objetivo principal de este programa es la reinserción en la comunidad, sino mejor los llevamos a una cárcel. Al estar afuera, la persona tiene que cubrir necesidades. Los juzgados de ejecución tienen horarios administrativos, para eso se hizo el reglamento”, dijo el juez Rodríguez.
Los defensores públicos también se han visto enfrentados con el gobierno de Carlos Alvarado y tratan de multiplicarse para acelerar el trámite de los permisos ante los jueces; sin embargo, algunos esfuerzos son en vano, ante la lentitud del trámite judicial.
El defensor Héctor Sánchez afirmó que recibió un trámite de un privado de libertad que necesitaba apersonarse al IMAS para presentar una certificación, con el objetivo de que a su hijo le brindaran una beca; sin embargo, no pudo hacerlo en el único día que tenía de plazo.
“¿Qué es más urgente que al chiquito le puedan dar plata para los gastos de la escuela? Se está afectando el derecho de la beca a un niño”, dijo Sánchez.
Costa Rica inició el mecanismo de arresto domiciliario con vigilancia electrónica desde el 27 de febrero del año anterior, utilizando tobilleras para unas 270 personas en su primera fase.
Actualmente existe un proyecto de ley con una serie de correcciones, una vez que se avanzó en la experimentación de una tecnología que nunca antes se había usado en el país.
Al detectarse que la primera ley no contemplaba los casos de los permisos laborales, ni las acciones a tomar en caso de incumplimiento, se envió otro proyecto a la Asamblea Legislativa, que aún no llega a buen puerto. El reglamento ha tratado de cubrir esos vacíos; sin embargo, la nueva interpretación pone en suspenso el trabajo, la salud y las oportunidades laborales de esta población.
