Tras afirmar que nunca existió un contrato con la empresa Opinión Política C y C, sociedad hermana de OPol Consultores, el líder del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, afirmó que no pagará los ₡18 millones que reclama por la elaboración de cuatro encuestas de opinión en campaña electoral.
De acuerdo con Avendaño, quien afirmó que su participación se limitó a la administración financiera, dijo que no existe una proforma ni un procedimiento legal y contable a través del partido para reclamar esa cifra.
“La razón por la cual el partido no paga eso es que no existe un contrato de esos servicios. Una factura puede hacerla y cobrarla cualquiera. La razón por la cual el partido no paga eso es que no existe un contrato de esos servicios”, comentó Avendaño y alegó que el supuesto contrato presentado por OPol ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ni siquiera está firmado.
El líder del partido, afirmó a este medio el pasado 3 de mayo, que la relación con OPol la manejaba el equipo de campaña. “El trámite puntual, contable y financiero, pasa por otra parte. Yo sabía que se estaba trabajando en cuestión de dar servicios de información. Ahora, el producto que se le pidió, si es agua o tinta, no lo sé”, comentó en aquella ocasión.
Catherina Convertino, directora administrativa de Opinión Política C y C, entregó el 14 de mayo un detalle de la factura, el contrato (sin firmas) y los trabajos que se realizaron para el Partido Restauración Nacional.
En su misiva al TSE, Convertino afirmó que han realizado trabajos al PRN, “los cuales no nos pagarán la factura, expresando que ellos no autorizaron la realización, pero que el jefe de campaña sí lo hizo”. La comunicación de OPol no constituye una demanda, pero tiene como fin advertir al TSE en caso de que incluya este rubro en su liquidación de gastos.
“El protocolo nuestro es que se compra un producto, eso pasa a dos partes vitales: la parte legal y parte contable, si no llega ahí no hay forma de pagarlo”, dijo Avendaño.
El TSE le respondió este viernes a Covertino que el TSE no tiene injerencia respecto a la modalidad de contratación empleada, así como los medios de pago empleados.
“Si como parte de los procesos sustantivos que lleva a cabo este Departamento se evidencia una eventual transgresión al marco normativo que regula el régimen de financiamiento partidario, este despacho levantaría -de ser el caso- un informe con la expresa recomendación de incoar un procedimiento contencioso electoral o remitirlo al Ministerio Público, cuando así corresponda”, contestó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
UNIVERSIDAD intentó contactar a Catherina Convertino, pero afirmó que no dará más declaraciones al respecto.
