Los nuevos 18 espacios de parqueo ubicados en los sótanos de un nuevo edificio –contiguo a la Facultad de Derecho– serán reservados para docentes de dicha entidad que laboran un cuarto de tiempo o menos.
La medida fue objeto de denuncia por alrededor de 500 integrantes de diferentes entidades como el Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindeu), el Consejo Universitario, la Vicerrectoría de Acción Social, la de Investigación y la de Vida Estudiantil, así como las oficinas de Bienestar y Salud, Registro e Información, Administración Financiera, Recursos Humanos, Becas y Atención Socioeconómica y la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones.
A la lista se suman algunas firmas de las escuelas de Computación e Informática, Matemática, Odontología y Geología, así como de la Unidad de Tecnologías de Información, la sección de Seguridad y Tránsito de la Oficina de Servicios Generales (OSG) y el Sistema de Estudios de Posgrado.
De acuerdo con Carlos Araya, vicerrector de Administración, y quien recibió una solicitud para la reserva de estacionamientos del decano de Derecho Alfredo Chirino, con la medida se logra atender a una gran cantidad de personas funcionarias de la facultad que tienen problemas para aparcar sus vehículos.
Rodrigo Aymerich, secretario de Resolución de Conflictos del Sindeu y uno de los primeros críticos de la decisión institucional, considera que esta va contra el reglamento, es arbitraria y limita la equidad en el acceso a un parqueo que, si bien se encuentra en la Facultad de Derecho, es de uso común para toda la población universitaria, incluidos docentes, administrativos y estudiantes.
La reservación de espacios atiende a un plan piloto que según Jeffrey Dimarco, director de la OSG, fue petición de varios decanos a la Vicerrectoría de Administración en 2017, incluidas –además de Derecho– las facultades de Ciencias Económicas e Ingenierías.
“Si usted me pide un documento físico, objetivos y todo, no lo hicimos, pero sí presentamos la idea, la expusimos y había un gran interés de ellos porque era el tiempo de construcción más fuerte acá y muchos de los espacios también se habían visto afectados; puede hablar con estos decanos y le dirán que la medida ha sido exitosa”.
De acuerdo con Aymerich, del Sindeu, ni la actual ni la futura Convención Colectiva de la universidad permiten asignar espacios de forma arbitraria, como alega que sucedió desde la mañana del 12 de marzo, día en que recibieron la denuncia de que había conos colocados sobre espacios particulares en el sótano del edificio de parqueos de la Facultad de Derecho.
“Sí, se pusieron 18 conos en un parqueo que tiene 68 espacios aproximadamente, se hizo coordinado con la sección de Seguridad y Tránsito de esta oficina (…) La Vicerrectoría nos autoriza la reserva de espacios y nosotros la ejecutamos”, ratificó Dimarco.
En una carta emitida una semana después del acontecimiento y con algunas firmas de su personal, la seccional del Sindeu de la Oficina de Administración Financiera (OAF) denunció la situación ante el vicerrector de Administración y solicitó girar la instrucción “a quien corresponda de Derecho para que de inmediato se permita usar los parqueos”, que alude, no son exclusivos de las autoridades de dicha facultad.
En otra carta, esta vez dirigida a la Rectoría por Alfredo Chirino y sellada por la Vicerrectoría de Administración a las 3:40 p.m. del mismo 12 de marzo; es decir, horas después de la colocación de los conos, Chirino pide la reservación de espacios con base en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Circulación y Estacionamiento de Vehículos de la Universidad.
“En razón de lo expuesto en el artículo 9, es que recurro a sus buenos oficios con el propósito de estudiar la posibilidad de adjudicar el parqueo del nuevo edificio para uso exclusivo de docentes, administrativos y autoridades competentes de la Facultad. Esta solicitud obedece a la cantidad de docentes que imparten clases cada ciclo y la problemática que se presenta a raíz de la limitación de espacios de parqueo que tiene el Campus (…)”.
El decano de Derecho admite comprender los términos del Artículo 10, que no incluye reservaciones para docentes que laboran cuarto de tiempo o menos; “sin embargo, con el mayor respeto hago énfasis para que se tome en cuenta los problemas que hemos acarreado durante muchos años y la afectación que han sufrido los estudiantes”, y menciona que de acuerdo con las estimaciones de la facultad, con 18 espacios podrían resolver el problema.
De igual forma el 12 de marzo, Araya dirigió una respuesta a Jeffrey Dimarco con copia al decano Chirino, a la jefatura administrativa de Derecho y a la jefatura de Seguridad y Tránsito, en la que avala la reserva de 18 espacios con fundamento en el artículo 9 del reglamento de estacionamientos.
Las críticas
Desde el 12 de marzo el Sindeu sugiere al vicerrector que “se envíe un comunicado a toda autoridad universitaria para que situaciones como estas no se den en ningún otro parqueo de la Universidad. No omitimos manifestarle que tomaremos las acciones necesarias a nivel interno y externo de la Universidad para que hechos como este no se repitan”.
Roy Colomer, secretario de conflictos de la OAF, presentó una denuncia a Araya por la situación, pero el vicerrector le indicó el 13 de marzo, un día después, que las medidas se toman en acatamiento al reglamento.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Colomer mencionó que “Chirino puso conos desde que el edificio fue inaugurado, pero ya están reservados por reglamento de circulación y estacionamiento para funcionarios y estudiantes”. Además, denunció el acogimiento del decano a un derecho que no le corresponde, según la igualdad y no discriminación establecidas en la Convención Colectiva.
El Sindeu y la OAF recibieron una respuesta emitida por la Vicerrectoría de Administración, en donde se enfatiza que una de las funciones del artículo 53 del Estatuto Orgánico es “Dirigir supervisar y evaluar el sistema administrativo de la Universidad de Costa Rica, señalando las pautas para que la administración cumpla con sus funciones en forma eficiente y ágil”.
Con ello, argumentan la reservación de espacios como una de las acciones necesarias para la enseñanza, algo que adicionalmente dispone el Artículo 9 del reglamento de circulación, lo que regula la posibilidad de que la Vicerrectoría establezca “áreas específicas de estacionamiento para uso, entre otros, de docentes”. Además, niegan cualquier incumplimiento del Artículo 10 con base en los numerales mencionados.
Ante todos estos hechos, la Contraloría Universitaria recibió desde el mes de abril las firmas de alrededor de 500 personas de las diferentes instancias que declaran ser perjudicadas.
Rodrigo Rodríguez, de la Sección de Estudios Especiales, explica que la oficina trasladó a la Vicerrectoría de Administración una denuncia presentada por un grupo de funcionarios de distintas dependencias universitarias, en relación con la reserva de estacionamientos de la institución y con respecto a la autorización que le dio a la Facultad de Derecho para la reserva de 18 espacios (…)”.
Los estacionamientos
Por orden de la Vicerrectoría y con la gestión de la OSG estarán ubicados en los últimos dos niveles de los sótanos del parqueo, y podrá accederse a ellos después de pasar una aguja especial que actualmente se construye donde hay una barrera provisional de conos, con un precio estimado de ¢7.600.000 que incluye su instalación.
A estos 34 campos se suman los tres designados desde un principio para el decano, el jefe policial y el encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), que están designados por normativa en el Artículo 10 del reglamento.
Aunque el plan piloto que impulsan la Vicerrectoría de Administración y la Oficina de Servicios Generales, por petición del decano de Derecho Alfredo Chirino, incluye en principio la reservación de 18 de 68 espacios de la instalación, UNIVERSIDAD constató que en realidad serán 34.
“Los espacios van a ser a partir de donde se está colocando la aguja, el reporte que yo tengo es que de ahí para allá hay habilitados 18 espacios de parqueos… ahora, si vos me decís que son 34 y yo te digo que son 18, yo no los he ido a contar, 18 es el dato que me da a mí el director de Servicios Generales”, manifestó Araya.
Nota de la redacción: este texto y su título original se modificaron luego de una primera publicación que contenía un error. Nuestras disculpas.
