Actuario cuestiona Informe sobre insolvencia del seguro de salud

Un informe actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según el cual supuestamente el seguro de salud quedaría insolvente en nueve años, fue cuestionado por análisis de expertos.

“No es correcto decir que el momento de bancarrota sea en el año 2027 como concluye el informe actuarial”, afirmó el actuario Rodrigo Arias López, quien señaló varias debilidades al estudio.

Según el estudio actuarial hecho al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS con datos del 2015, las proyecciones muestran que para el 2027 las contribuciones de los trabajadores, patronos y el Estado no alcanzarán para costear los gastos de la atención médica.

Para ese año, el SEM tendrá un déficit de ¢147.990 millones y, si se mantiene la tendencia, para el 2030 el faltante será de ¢901.933 millones.

El estudio señala el envejecimiento de la población y la mayor incidencia de enfermedades crónicas (asociadas a padecimientos como la obesidad y la hipertensión) como las variables que mayormente presionan la sostenibilidad futura del seguro de salud, debido a que demandan tratamientos y tecnologías más costosas

Una de las falencias del informe, según Arias, es que no incluye el monto de las reservas con que cuenta el SEM, “y, como sabemos los actuarios, el momento de bancarrota o de insolvencia de un régimen de salud o de pensiones ocurre en el momento en que la reserva se hace nula”.

Esa reserva es similar a la suma de las inversiones, los títulos de largo plazo y la deuda del Estado, y se ve en los estados financieros. Sin embargo, el informe no la menciona y, por lo tanto. no se puede saber cuál es el momento de quiebra, explicó Arias, quien ha sido actuario de la Caja y docente en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica.

Para Arias, los actuarios de la Caja concluyeron que en el 2027 el régimen entra en insolvencia porque están haciendo nada más la resta de gastos a ingresos y, así, les resulta que en ese año dejará de haber superávit, pero no toman en cuenta la reserva que hay.

No obstante, en el cuadro donde ponen las proyecciones de ingresos y gastos se registran excedentes, los cuales se acumularían a la reserva actual para incrementarla y en 2027 se podría usar para cubrir el déficit, comentó el experto.

Tras analizar datos de los estados financieros y el flujo de efectivo de ingresos y gastos que registran las estadísticas de la Caja, Arias estimó que la reserva de salud rondaría la suma de ¢1.4 billones, pero se desconoce cuánto es exactamente.

El experto indicó que la cifra mencionada representa el 62% del gasto anual, lo que es un monto muy grande para un régimen de reparto como el SEM, el cual lo que debe tener es una reserva de contingencias, que es distinta.

De hecho, en el documento se habla de la constitución de una reserva para contingencias por un  monto equivalente al gasto mensual promedio de operación y que llegaría a ¢45.000 millones.

En el régimen de reparto, las contribuciones que ingresan se usan el mismo año para sufragar los gastos de la atención a las personas afiliadas.

Esta Situación es diferente a un régimen de capitalización, como el seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), donde se proyecta a largo plazo la jubilación de los beneficiarios.

El estudio actuarial fue hecho después de que la Contraloría General de la República (CGR) llamara la atención de que la Caja no contaba con proyecciones que permitieran planificar la operación del SEM.

El estudio fue presentado en octubre pasado a la junta directiva de la CCSS, que lo devolvió en dos ocasiones para aclarar datos y pidió un plan para asegurar la sostenibilidad futura del régimen, el cual se está elaborando.

Las autoridades de la institución autónoma han dicho que descartan elevar la contribución obrero patronal para el seguro de salud, pero hablan de la necesidad de crear nuevas fuentes de financiamiento vía impuestos, porque las cotizaciones no alcanzan.

ADVERTENCIAS

En opinión de Jorge Herrera, administrador de empresas que, por cuenta propia, lleva el pulso de las finanzas de la Caja, no es aceptable que la administración de la Caja únicamente achaque a causas externas la eventual insolvencia del SEM y pretenda cubrir las severas deficiencias de gestión y los acuerdos político-administrativo-gremiales que se han dado, cuya incidencia no debe ser omitida.

Observó que, aunque efectivamente el envejecimiento de la población y los cambios en el perfil epidemiológico representan mayores costos que afectarán las finanzas del seguro, esa es una situación que no es reciente ni imprevisible.

Señaló que la administración ignoró los llamados a tomar previsiones que desde el 2010 y 2011 hicieron CGR y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras instancias.

La CGR, en su memoria anual 2010, advirtió que “las distintas instituciones del sector público –cuya actividad se vea directamente afectada por el cambio demográfico– deben reconocer y canalizar estos fenómenos a través de sus procesos de planificación y presupuestación…”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010 indicaba que “en el futuro la población del país será más vieja y la relación de trabajadores activos a personas dependientes disminuirá. Estos dos cambios tienen impactos sobre el patrón epidemiológico del país y sobre las finanzas de la seguridad social (es decir, tanto el Seguro de Salud como el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte).”

Posteriormente, en el informe DFOE-SOC-IF-10-2015, la CGR cuestionó que en la Caja no se realizaba el análisis de la pirámide de población por edades y su impacto en el SEM, lo que “representa una pérdida importante de datos para complementar las proyecciones sobre el Seguro de Salud, pues el cambio demográfico y la mortalidad son elementos básicos de las valuaciones actuariales.”

Mientras tanto, hubo decisiones enmarcadas en el histórico manoseo político de la institución autónoma por parte de los gobiernos de turno.

Tal fue el caso del reconocimiento del beneficio de 20 años por concepto de cesantía a los empleados de la entidad.

Esa y otras decisiones, incluidos aumentos de las remuneraciones y la creación de más de 10.000 plazas nuevas, fueron tomadas en el periodo 2006–2010 durante la administración Arias Sánchez, con base en proyecciones que no fueron técnicamente correctas, hecho que comprometió la sostenibilidad financiera.

Así lo señaló la auditoría interna en varios informes, donde recomendó en 2012 a la presidenta ejecutiva Ileana Balmaceda iniciar procesos administrativos contra los funcionarios, pero las investigaciones terminaron archivadas.

Solo la concesión de 20 años de cesantía a partir de 2016 implicaba que los recursos destinados al pago de prestaciones legales se triplicaran en un período de siete años, llegando hasta ¢55.000 millones en 2018. Esto creó “una situación insostenible desde el punto de vista financiero”, según reconoció la administración en la sesión de Junta Directiva No.8577 del 3 de mayo de 2012.

Respecto al informe actuarial, Rodrigo Arias señaló, entre otras debilidades, que no hace un análisis de la evasión ni se menciona que el Estado tiene una deuda de ¢694.622 millones y una cuenta por cobrar de ¢282.888 millones, para un total de ¢977.510 millones.

Otro aspecto del estudio es que, si bien presenta la distribución del gasto en la atención a la salud por modalidad de aseguramiento, no hace lo mismo con los ingresos, lo cual oculta el incumplimiento de una serie de leyes y del artículo 177 de la Constitución Política. Estas normas asignan recursos que la Caja le debería cobrar al Estado por servicios de salud a no asalariados, indigentes y otros grupos de población, pero no los cobra al 100%.

Arias sostiene la tesis de que con el aporte del 15% del salario al seguro de salud la Caja le cobra a los asegurados lo que deja de cobrarle al Estado y, si le cobrara el aporte debería ser menor, pues la prima de reparto que dan los cálculos está por debajo de ese monto.