Un grupo de funcionarias del Poder Judicial realiza una vigilia desde las 4:45 p.m. a las afueras de Casa Presidencial en Zapote, exigiendo al presidente Luis Guillermo Solís el veto total o al menos parcial, de la reforma al régimen de pensiones.
Por medio de pancartas, música y con la jueza Yerma Campos vociferando las consignas del movimiento por medio de un megáfono, las empleadas piden que se anule esta ley, recientemente aprobada en el Congreso, porque no diferencia entre las edades de retiro de hombres y mujeres.
La reforma, que será ley una vez que la firme el Presidente y se publique en La Gaceta, nivela la edad de retiro en 65 años, tanto para hombres como mujeres.
“No somos una población homogénea, tenemos policías, compañeras que trabajan en seguridad, gente que trabaja en OIJ, Fiscalía, Medicatura Forense y esa gente a los 65 años, ¿cómo van a hacer? No puede haber una generalización en el régimen de pensiones, hay que considerar las situaciones particulares”, comentó Yerma Campos, jueza y vicepresidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Campos afirmó que el componente de género no se tomó en cuenta, por lo que proponen bajar la edad de retiro a 60 años para las mujeres, con posibilidad de jubilación anticipada a los 58 años.
“No es la misma forma en la que envejece una mujer y un hombre. Cuando la mujer sufre la menopausia, sufre un deterioro que no vive el hombre”, argumentó.
Por su parte, la presidenta de Acojud, Adriana Orocú, se reunió a las 5:00 p.m. con el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, con el fin de solicitar la anulación total de la ley. De acuerdo con Orocú, expusieron ante el mandatario las inconsistencias de la norma y el Poder Ejecutivo se mostró anuente a analizar los argumentos de los funcionarios judiciales.
“Toda la norma tiene una consecuencia desproporcionada, nos obliga a la cotización más alta del sector público, y con las consecuencias de que un funcionario judicial al final recibirá un 40% de su salario”, dijo Orocú, quien afirma que el trabajo de cuido y mantenimiento del hogar no se contabiliza formalmente, pero que debe tomarse en cuenta para realizar estos cálculos.
Las funcionarias judiciales afirmaron que, en caso de que el Presidente no vete la ley, interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra los artículos y el procedimiento, así como las respectivas demandas ante cortes internacionales.
La reforma se aprobó en primer debate el 30 de octubre pasado, estuvo varado en consulta facultativa en la Sala Constitucional hasta el 12 de abril, cuando se determinó que no presentaba vicios, y fue avalada en segundo debate el pasado 19 de abril.
El plan propone elevar la edad de jubilación de los funcionarios judiciales a 65 años. Además, que el aporte de estos empleados pase de un 11% a un 13%.También, se establece un tope de ¢4 millones a las pensiones de ese régimen.
