Una fuerte polémica se desarrolla en el Caribe Norte del país, concretamente en las comunidades del Parque Nacional Tortuguero, ya que una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo podría facultar a la Municipalidad de Pococí a rehabilitar totalmente un camino que atraviesa ese parque (desde Cariari hasta la laguna Penitencia).
Karla Taylor, guía turística y descendiente de los primeros habitantes de Tortuguero, manifestó que la comunidad se opone a la reapertura de esa calle, pues temen que impacte una zona “muy frágil” biológicamente. Eso debido a que no se trata solo del parque nacional, sino del humedal Caribe Noreste, declarado desde 1996 Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, sobre todo por su importancia como hábitat de aves acuáticas.
Taylor destacó que esa zona geográfica protege a varias especies en peligro de extinción, como la lapa verde, la población de jaguares y algunas especies de tortugas marinas, como la carey y la baula, que son poblaciones bastantes reducidas.
Desde esa perspectiva, denunció que detrás de la iniciativa del camino figuran “intereses de finqueros” de la zona, a quienes “les gustaría hacer sus proyectos turísticos para traer gente los fines de semana por un día, nadie pelea en contra de eso, pero lo que pasaría es que si se hace una carretera que atraviesa el parque y llega hasta la comunidad Tortuguero, estaría incrementando el vandalismo –que ya tenemos un cierto nivel–, y el tráfico de drogas”, argumentó.
La guía turística sumó a ello el problema de la contaminación. Según explicó, la comunidad de Tortuguero cuenta con una población de casi 2.000 personas y con más de 135 mil turistas al año, por lo que genera unas 40 toneladas de basura al mes. “Si tenemos una calle directa, va a hacer que vayamos a tener turistas por unas horas, no van a dormir en Tortuguero, y: ¿qué es lo que nos van a dejar? La basura”, cuestionó.
De acuerdo con Taylor, tal situación sería “la destrucción del Parque Nacional. Estaría afectando no solo unas cuantas poblaciones de especies, sino todo; la contaminación de los ríos aumentaría. No tenemos capacidad de carga para un volumen así” de desechos.
Desde la Federación Conservacionista (Fecon), se emitió un comunicado al respecto, en el que se fustigó a la Municipalidad de Pococí pues, “por tercera vez, intenta abrir un camino dentro del Parque Nacional Tortuguero. Contraviniendo el andamiaje legal en tema de protección ambiental, pretendiendo deforestar el bosque tropical y poniendo en peligro la conectividad del Área Silvestre Protegida y su ecosistema de humedal”, versa en el documento.
Fecon apunta a que “desde hace más de diez años” la Municipalidad de Pococí ha “intentado destruir” el Parque Nacional Tortuguero “cortándolo con una carretera”.
Entre otros antecedentes, la Federación citó que, en marzo del 2008, ese gobierno local destinó fondos para el mejoramiento del camino Caño Chiquero hasta el límite con el Parque Nacional de Tortuguero. Pero, una sentencia de la Sala Constitucional de diciembre de ese año obligó al entonces alcalde, Enrique Alfaro, y a la presidenta del Consejo Municipal, Eva Torres, a paralizar las obras por vulnerar el derecho fundamental de “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política.
“APEGO AL DEBIDO PROCESO”
Desde la oficina de prensa de esa Municipalidad se explicó que el objetivo de habilitar el camino es que, en caso de una emergencia que implique inundaciones en la zona, se pueda contar con una vía de acceso y salida terrestre.
Para llegar a la comunidad de Tortuguero, se puede acceder por vía terrestre hasta la localidad de Pavona, donde se debe proseguir por vía acuática. Aunque también se cuenta con pista de aterrizaje.
Además, la asesora legal de la institución, Mayra Montes, enfatizó que “no se está construyendo un camino, es un camino público municipal que existe desde antes de 1970, debidamente codificado y registrado” ante el Ministerio de Obras Púbicas y Transportes (MOPT).
Se trata de una vía de 22,9 kilómetros, desde Cariari hasta la laguna Penitencia, ubicada dentro del Parque Nacional. La abogada detalló que este martes 10 de abril ese Tribunal realizará una audiencia preliminar como parte de un proceso de demanda presentada desde el 2013 por el Comité de Caminos de Caño Chiquero contra la Municipalidad, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre otros, además del Estado.
Detalló que como parte de ese proceso, en el 2016 ese Comité solicitó una medida cautelar para que se le ordenara a la Municipalidad dar mantenimiento y al Minae que dejara de obstruir el camino. También, se solicitó una indemnización. El Tribunal rechazó esa solicitud de medida cautelar, así como una apelación al respecto.
En la resolución que rechazó esa apelación (No. 2167-2017, del pasado 26 de setiembre), el Tribunal consideró que ante el “riesgo de una posible afectación ambiental, debe reinar indudablemente la prevención como medida (principio precautorio) y, por ende, debe prevalecer el interés público atinente a la protección y conservación ambiental, interés que indudablemente está por encima de los intereses privados de la parte actora”.
La abogada, además, relató que en el 2015, el Comité de Caminos de Caño Chiquero presentó ante la Municipalidad una gestión de procedimiento administrativo de reapertura de camino, un procedimiento administrativo.
Explicó que, en ese caso, el órgano decisor es la propia Alcaldía, cuya resolución “recomendó que se le ordenara al Minae dejar de obstruir y perforar las zanjas en el camino municipal que habían realizado. Eran de dos metros de profundidad, de hecho el mes pasado volvieron a hacerlas, cortaron varios árboles para obstruir el camino en su totalidad. En este momento está imposibilitado el acceso a las propias fincas”.
Ante la pregunta de si hay personas que dependen de ese camino para acceder a sus propiedades, la abogada replicó que “por supuesto que sí, ahí eso es propiedad privada”; pero posteriormente aclaró que el camino en cuestión en necesario “para pasar de sus propiedades a Tortuguero” pues, en la actualidad, si esas personas van a Tortuguero “o cualquier otra de las barras, tendrían que venir a Cariari, Guápiles, Guácimo, Siquirres, Matina”.
Al preguntársele si hay intereses empresariales potencialmente turísticos detrás de la apertura de la vía, Montes replicó que “no sabría decirle. Quienes viven en esas fincas no tienen empresas turísticas, son finqueros, no sé si tendrán algún proyecto turístico planeado”.
Sin embargo, insistió en que “al fondo (del camino) hay una parte que es propiedad privada, un sector en que la calle colinda con el Parque, y otra propiedad privada que colinda con la laguna La Penitencia. Donde finaliza el camino, ese sector no es parte del Parque”.
En todo caso, Montes subrayó que ese proceso administrativo llevado a cabo en el seno de la Municipalidad “lo revisa la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y emiten una resolución que confirma total y absolutamente el actuar de la Municipalidad”.
Enfatizó que esa resolución (No. 382-2017 del 29 de setiembre pasado) “dice muy claramente que todo lo actuado por la Municipalidad se hizo en apego al debido proceso, que es una calle pública y que le pertenece a la Municipalidad de Pococí”, la cual debe “velar por el mantenimiento y el libre tránsito”.
Se buscó una posición sobre el tema desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En un primer momento, desde el oficina de prensa se indicó que la institución se pronunciaría sobre el tema a través de un comunicado al respecto, pero al cierre de edición no se contó con esa información.
Lo importante
“Si va a escribir sobre esto, diga lo que es realmente importante”, ordenó con vehemencia la guía turística Karla Taylor.
Destacó, entonces, que la extensión del Parque Nacional es de “más de 26 mil hectáreas terrestres y más de 50 mil hectáreas marinas” y que aloja “la playa de anidación más importante del hemisferio occidental de una población de tortuga verde; además de otras tres especies como: la carey, baula y muy esporádicamente la cabezona o caguama”.
Tras recordar que de esas especies la carey y la baula son las más amenazadas, Taylor enfatizó en la necesidad de proteger un corredor biológico, donde se encuentra ya una “población importante” de jaguares.
Añadió además que “hace 20 años, cuando empecé a trabajar, la población de lapas verdes era muy reducida”, y añadió que hoy la población de esa especie es bastante robusta, “porque se ha protegido el parque”.
