El “cementazo” es solo y llanamente “el eterno retorno de lo mismo”. No hace falta retroceder muchos años. La triste y penosa realidad salta al escenario. Aún el telón de fondo no se ha corrido y la misma y sempiterna tragicomedia hace una y otra vez su desvergonzada aparición. El auditorio es el mismo de siempre: un pueblo ingenuo e ignorante. Los actores y las actrices también los mismos de siempre: políticos y empresarios corruptos. Las taquillas las paga el pueblo y su costo por presenciar tan horrendas actuaciones le cuesta miles de millones de colones. Solo el nombre de nuevas escenas parecen ser diferentes: “ICE-Alcatel”, “Caja-Fischel”, la “Trocha”, los “CAT”, “Fodesaf”, el “cementazo”, la lista podría continuar. La diferencia es que ahora nuevos personajes asumen papeles protagónicos y se suman a la puesta en escena: diputados y magistrados saltan al escenario. Antes lo hacían, pero tras bambalinas. Por desgracia cada cuatro años, por medio de elecciones nacionales, el auditorio aprueba, legitima y valida tan inmorales presentaciones.
Una vez más el país se ve sacudido por un nuevo escándalo político-financiero. Lo nuevo es que ahora la mano invisible y peluda de la corrupción se moviliza en nuevos espacios: el Legislativo y el Judicial. No es que ambos debuten por primera vez, no, siempre han estado bajo la mirada sospechosa de la mayoría silenciosa. Pero ahora, sin saber a qué se debe tan escandalosa realidad, a los reyes los pasearon desnudos ante las miradas indiscretas de sus súbditos.
Políticos, empresarios, poderes del Estado, altos jerarcas de instituciones públicas y medios de comunicación social, han formado, a lo largo de la historia republicana y democrática, un contubernio escandaloso creado única y exclusivamente para saquear las arcas públicas. Sustentados en engañosos principios y valores democráticos, estos grupos delincuenciales han construido y consolidado, en los poderes del Estado y en sus instituciones públicas, organizaciones mafiosas cuyo fin es alzarse con los dineros públicos.
Es falso que en nuestro sistema democrático exista independencia de poderes. Los tres son uno y la misma cosa. Responden a intereses comunes, a partidos políticos, a negocios familiares, a pago de favores, a pactos y compromisos. El legislativo es la plataforma cuyo brazo mecánico es el que coloca en los otros poderes a quienes considera pueden responder a sus intereses políticos, económicos o judiciales: magistrados, Defensoría de los Habitantes, Fiscalía general, leyes. No utilizan mecanismos de elección que respondan a calidad y capacidad del elegido como lo serían idoneidad, eficiencia, trayectoria, principios, independencia. Nada de eso, parece que lo que les interesa al nombrar a alguien para esos puestos es que sea un incondicional y fiel servidor de los intereses de una clase política y económica que considera al Estado como una finca de su propiedad.
En este caso, el “cementazo”, saltó la liebre. Quedó al descubierto cómo trabaja y actúa la clase política tradicional. Sus oscuros entramados quedaron sin la máscara que hacían creer que la independencia de poderes era un bien preciado en el sistema democrático.
Ya llegaron los allanamientos, las detenciones, las medidas cautelares, las prisiones preventivas. ¿Cuánto durará esta farsa, propia de nuestra inmaculada democracia? Muy poco. Unos cuantos políticos y empresarios estarán detenidos pocos meses, los miles de millones de colones nunca aparecerán, el sistema político se habrá lavado la cara y las manos, los medios de comunicación dirán que gracias a sus informaciones se destapó el asunto y al final condenarán a varios años de cárcel al chofer, al jardinero, al guachimán o a la cocinera porque serán a ellos quienes los Jueces de la República encontraron culpables de adueñarse de la banca y de los dineros públicos.
