El domingo 4 de febrero de 2018, si usted decide votar por la presidencia de Costa Rica, se encontrará con una papeleta en la cual los candidatos solo representan en género a la mitad del país.
Como si volviéramos a los comicios del siglo pasado, todas las fórmulas presidenciales estarán encabezadas por hombres, a pesar de que las mujeres constituyen la mitad de la fuerza electoral inscrita y que ellas son las que más votan en las últimas dos décadas.
La última posibilidad de incluir una mujer en la papeleta presidencial se esfumó con la derrota de la diputada Natalia Díaz en la convención del Movimiento Libertario. Más allá de sus propuestas o de su pensamiento que no necesariamente favorece la igualdad entre sexos, solo la joven legisladora podía romper el monopolio masculino en las candidaturas presidenciales, después de que al menos 11 partidos han presentado ya el nombre que llevarán a las elecciones nacionales.
Así la papeleta presidencial vuelve a quedar como siempre estuvo en Costa Rica antes de 1994, cuando Norma Vargas Duarte presentó la primera candidatura presidencial femenina en la historia nacional, aunque con un improbable chance de triunfo con el Partido Unión Generaleña (Pugen).
Vargas volvió a presentarse en 1998 con Pueblo Unido, en unos comicios que tuvieron dos candidaturas presidenciales más en manos de mujeres: Marina Volio por el partido Rescate Nacional y Yolanda Gutiérrez por el Partido Independiente. Sin embargo, entre las tres apenas lograron el 0,5% de los votos (menos de 7.000 unidades), muy lejos de competir en la realidad con Miguel Ángel Rodríguez, quien ganó esas elecciones con el 46,9%.
Los comicios del 2002 y del 2006 volvieron a ser un asunto de varones en la disputa presidencial, pero en el 2010 la candidatura de Laura Chinchilla rompió los usos en el Partido Liberación Nación (PLN) y se convirtió en la primera mujer en presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. Tantas fueron sus posibilidades que superó a Johnny Araya en la convención interna y después ganó de manera holgada la elección presidencial.
Chinchilla, como candidata, presidenta y expresidenta convirtió en tema su condición de mujer, a pesar de que las activistas pro derechos igualitarios consideraron que su gestión se quedó corta, apenas en el mero hecho de que una mujer llegara al poder.
Tampoco se obvia que Chinchilla fue la ficha que impulsó en 2009 el entonces presidente Óscar Arias. Ella era su vicepresidenta de perfil secundario, pero él apostó por ella para la continuación de proyectos de su gobierno, de manera similar a como Lula da Silva lanzó a Dilma Rousseff en Brasil.
Chinchilla, sin embargo, no fue la única mujer en esas elecciones. En la papeleta presidencial aparecía el nombre de Mayra González, una abogada y politóloga militante del Partido Renovación Costarricense (PRC).
Aunque parezca paradójico, este partido conservador y confesional cristiano se adelantó a otras agrupaciones de discurso más progresista e igualitario, como el propio Partido Acción Ciudadana (PAC), que en esos comicios llevaba de candidato presidencial por tercera vez a su fundador, Ottón Solís.
Con Chinchilla en el Gobierno, Costa Rica se sumaba a una serie de países gobernados en algún momento por la mano de una mujer y se pensaba que podía ser el inicio de una época de mayor presencia femenina en cargos de elección popular, aunque en la Asamblea Legislativa se venía registrando un progreso hacia la paridad de sexos.
Sin embargo, al término de su mandato los partidos volvieron a los tiempos previos a 1994: solo hombres. A pesar del rompimiento del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos, todas las agrupaciones propusieron una fórmula presidencial encabezada por hombres, entre quienes acabó ganando el PAC con Luis Guillermo Solís.
El proceso electoral de 2014 no fue solo un desvío en una dirección que la política hubiera tomado para garantizar el acceso de mujeres a puestos de mujer (o el de votar por una de ellas).
La parrilla de 2018 muestra que la presencia femenina en las candidaturas presidenciales no hay que darla por sentada.
La cifra de mujeres que ha presentado su candidatura a la presidencia se queda en cinco, frente a 112 candidaturas de varones, contados solo los de las 16 elecciones de la actual era constitucional, desde 1953.
Otras mujeres han intentado ser las candidatas, pero han perdido en las primarias de sus agrupaciones. Es el caso de Natalia Díaz en el Libertario, pero también de Epsy Campbell en el Partido Acción Ciudadana (PAC, en 2009 y 2013) y de Margarita Penón en el PLN en 1993, apoyada por Óscar Arias como competencia para José María Figueres.
La brecha de género también se refleja en las papeletas municipales para elegir alcalde. En 2016 solo el 15,6% de las fórmulas eran encabezadas por mujeres, quienes suelen quedar relegadas a las vicealcadías.
Las nóminas legislativas para el 2018 aún están en definición, en la primera ocasión en que los partidos estarán obligados a colocar una mujer como cabeza de lista en al menos tres de las cuatro provincias. Eso se suma a la paridad vertical que ya regía, según la cual los sexos deben ir intercalados en una nómina.
Esto genera fuertes tensiones internas, pues el género del aspirante se suma a muchas otras consideraciones para la nominación, como su adhesión a una tendencia interna, su origen territorial, su arrastre popular o sus atestados, entre otros.
En 2014 hubo un retroceso en la presencia femenina en la Asamblea Legislativa, pues los partidos cumplieron la paridad vertical, pero si querían podían designar en todas las provincias a un hombre en el primer lugar. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El porcentaje de diputadas pasó de 38,6% a 33%, mostró el estudio reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la UCR.
El documento se llama Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales del periodo 2010-2016 y prueba que ha habido avances, aunque un puesto se vuelve más inasequible para las mujeres en tanto contenga más potestades y en tanto sea más fácil de obtener. Por ejemplo, si un partido sabe que obtendrá al menos un diputado en Heredia, es más probable que encabece esa lista con un hombre y deje el segundo puesto a una mujer.
“Se ha logrado avanzar a favor de un marco legal que ha permeado también a la mayoría de los estatutos de los partidos políticos; no obstante, en la práctica a pesar de esto se evidencia una aplicación irregular y en ocasiones deficiente de los lineamientos internos que han aprobado los partidos políticos”, dice el estudio en sus conclusiones. Agrega que la multiplicación de partidos políticos actual perjudica más la posibilidad de una repartición paritaria de cargos de elección popular.
